La Paz, 14 de mayo de 2024 (ANF).- El penal de San Pedro de La Paz, en la sede de Gobierno, a nueve cuadras del centro político del país, la plaza Murillo, resume todos los vicios y males del malogrado sistema carcelario, y pese a que existe una Ley de 2014 que estable su cierre, el recinto, con “aforo ilimitado”, continúa recibiendo privados de libertad y el recinto ya ha rebasado su capacidad en cinco veces.
La Ley 494 del 28 de enero de 2014 establece el cierre del penal de San Pedro y declara de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”. Tras una década, no existe ningún avance ni voluntad política para hacerlo, señalan los activistas, y, por el contrario, afirman, las autoridades prefieren mantener ese sistema opresor y al margen de la ley por intereses económicos.
Régimen Penitenciario señaló, luego de un informe de la Defensoría del Pueblo, que se están haciendo los esfuerzos necesarios “para canalizar un proyecto responsable respecto a tener un nuevo centro para el departamento de La Paz” y que hay avances importantes respecto a la preinversión.
“Mantener y sostener San Pedro en estas condiciones es solamente para seguir encubriendo o protegiendo algunas acciones totalmente fuera de la ley, y que al parecer se está protegiendo intereses principalmente económicos para algunos, que no quieren facilitar la alternativa de construir otro centro penitenciario en mejores condiciones”, dijo a la ANF la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
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