Maldonado consideró que existe el tiempo suficiente para el tratamiento de la norma incluso para hacer las modificaciones que se plantearán en la comisión y en el plenario.
El legislador cercano al expresidente Evo Morales dijo que “todo delito debe ser juzgado en territorio nacional y por jueces bolivianos, como un principio inalienable de nuestra soberanía”.
La ANF solicitó una entrevista con el gerente de BTV a través del viceministerio de Comunicación, para ampliar la información respecto a los "recursos propios" que gestionan y cuáles son esas fuentes de ingresos, pero no fue atendida la
“Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable”, afirmó en una entrevista con la AFP, citado por Infobae.
Dávila fue investigado por la DEA por sus vínculos con operaciones en el tráfico de sustancias controladas durante la gestión de Morales y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por su captura internacional.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel, en contacto con la ANF, cuestionó que el Gobierno continúe destinando esos recursos en un momento donde el país atraviesa una difícil situación por la crisis económica.
La autoridad departamental de Tarija, Oscar Montes, consideró que el PGE no contempla la realidad económica de las gobernaciones que deben solventar gastos impuestos por el nivel central.
La Secretaría de Cámara del TSE notificó esta jornada a Grover García como presidente del Movimiento Al Socialismo, desplazando a Morales como jefe del partido.
A inicios del mes de mayo de este año, las organizaciones que respaldan al gobierno de Luis Arce llevaron adelante un supuesto congreso del MAS, en la ciudad de El Alto. El TSE fue obligado por una sala constitucional de La Paz a supervisar.
La legisladora dijo que están enfocados en construir la unidad de la oposición con el objetivo de sacar al Movimiento al Socialismo (MAS) del poder en los comicios de 2025, afirmó que el expresidente Carlos Mesa se convirtió en un articulador.
El ministro de Justicia, César Siles, informó que en el TCP existe una “crisis institucional”, toda vez que Franco envió al Ejecutivo una nota informando que él permanece como presidente del TCP.
A esos ingresos se suma los recursos que recibe la "empresa estatal" a través del Presupuesto General del Estado (PGE), para este año se asignó un total de Bs 78.391.006 que son destinados para su funcionamiento.
El magistrado no quiso responder las consultas de los periodistas, lo único que atinó a decir es que sus actos están enmarcados en la Constitución Política del Estado. Hurtado presidió la sala plena en ausencia de Franco.
Repudió que esa institución que no es ni órgano ni es parte de la estructura del Órgano Judicial, se haya arrogado facultades que no tiene como “reescribir la Constitución.
