Además del problema de los fármacos, Larrazábal lamentó la falta de infraestructura especializada para atender a este sector de la población, como los hospitales geriátricos.
En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la resolución sobre la protección de la dignidad, la honra y la imagen ante la exhibición de las personas aprehendidas en medios de comunicación, luego de la revisión de 17 casos
Este sábado, un grupo de miembros de la organización cristiana católica Café Semilla Juvenil de La Paz visitó la tumba de Espinal en el cementerio general.
En cuanto a la reparación de las víctimas, se instó a Bolivia a desarrollar políticas públicas que permitan el acceso a una reparación integral, en línea con los estándares internacionales.
“Ha empezado la revisión de los expedientes los jueves y los viernes a partir del 9 de enero. Nosotros hemos estado esos dos días ahí y nos han mantenido sentados como convidados de piedra, sin que nos dirijan siquiera la palabra”, denunció
La investigadora y abogada Luisa Chipana, autora del libro “Carcelaria", indicó que la infraestructura inadecuada y la atención de salud insuficiente también son factores que contribuyen a la desigualdad en el sistema penitenciario.
La Fundación Construir espera que las autoridades prioricen la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad y que promuevan alternativas a la prisión para delitos menores.
Según un reporte de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, hasta el 31 de diciembre de 2024, la población privada de libertad en Bolivia alcanzó las 32.035 personas, de las cuales 18.807 (58,71%) están en detención preventiva.
Internos del penal de San Pedro dieron testimonio de la realidad dura que les toca vivir, y que cada día se agudiza más por la falta de alimentos. Julio, uno de los privados de libertad, relató que la crisis se siente “muy fuerte” dentro del
Según el CEDIB, el 54% de los casos de vulneraciones están relacionados con la minería, mientras que el 56% están asociados al agronegocio y la mercantilización de tierras.
El representante Regional Adjunto para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Xavier Mena, recordó que en el Cuarto Examen Periódico de Derechos Humanos se recomendó al Estado boliviano adoptar medidas de protección.
Uno de los casos recientes mencionados por Ledezma es el de Juan L., una presunta víctima de tortura cuyas evaluaciones médicas fueron solicitadas por el MNPT debido al rezago de las autoridades pertinentes.
Los días 13 y 15 de febrero en la página oficial de Facebook del Ministerio de Gobierno, se puede apreciar a personas detenidas siendo exhibidas, a pesar de la resolución constitucional del 6 de febrero que prohíbe esa práctica.
El representante de las víctimas de Senkata señaló que el conflicto interno entre los seguidores de Evo Morales y de Luis Arce ha complicado aún más la aprobación de la ley.
Miranda indicó que en el caso de los defensores de la reserva de Tariquía denunciarán sobre la continuidad del proceso penal en contra de los defensores y la escalada de la vulneración de derechos humanos.
El denunciado pidió disculpas a su colega de la Cámara de Diputados e indicó que sus declaraciones fueron tergiversadas por algunos medios de comunicación.
Con el fin de que ese hecho no se repita, la sala señaló que no pueden presentar a ninguna persona aprehendida; salvo la fotografía de aquellas que se encuentren prófugas de la justicia, desaparecidas o capturadas en flagrancia.
Juristas coincidieron que el ministro de Gobierno vulnera los derechos de los detenidos al exponerlos públicamente sin pruebas en un intento de obtener aprobación social.
