La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) señaló que este 10 de mayo no es un día de celebración, sino de memoria, resistencia y denuncia.
El informe da cuenta que, por ejemplo, en la marcha y bloqueo de seguidores de Evo Morales hubo 42 episodios de violencia que afectaron a 26 varones periodistas.
Ante este cuadro de violencia contra las mujeres periodistas, la ANP reiteró su pedido a la Fiscalía para una actuación de oficio en la investigación de los casos reportados, en aplicación del artículo 59 de la Ley 348.
RSF concluye que Bolivia mantiene una tendencia preocupante en materia de libertad de prensa y hace un llamado a garantizar condiciones seguras, legales y económicas para el ejercicio del periodismo en el país.
La joven compartió un video en las redes sociales reclamando la forma en la que su madre fue detenida la mañana de este lunes en la carretera entre Santa Cruz y la Guardia.
Su caso no es aislado. Pero él lo vive en carne propia. Lo respira en cada día de encierro. “Me juzgaron como si fuera lo peor de lo peor, no me dieron la oportunidad de defenderme en libertad”.
Datos de la Fiscalía General indican que, en cinco años solo dos denuncias de trabajadoras sexuales lograron una sentencia. El resto fue invisibilizado por una estructura patriarcal que las estigmatiza y les niega derechos.
La dimensión masculina de la tortura sexual, aunque menos visibilizada, también existe. “¿Someten a la misma tortura a los hombres? No sabemos. Porque es muy difícil que los hombres denuncien tortura sexual. Es muy difícil, pero sabemos que
El fiscal, que debía proteger sus derechos estuvo allí, mirando. No dijo nada mientras los insultos y los golpes caían sobre él. No intervino mientras las botas de policías y militares le abrían la cara y quebraban sus costillas.
El informe anual del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de la red UNITAS establece que en la pasada gestión se han incrementado las vulneraciones a la institucionalidad democrática.
Estas técnicas, diseñadas para quebrar psicológicamente a los detenidos, fueron diseminadas por todo el continente y adaptadas por regímenes autoritarios a quienes asesoraba la CIA.
Vera enfatiza que cuando el Ejecutivo es parte denunciante, los procesos pierden toda imparcialidad y no existe justicia para los justiciables cuando está como denunciante el Órgano Ejecutivo.
La directora del ITEI identificó un problema cultural con la asociación errónea entre tortura y regímenes dictatoriales, un imaginario que normaliza la violencia estatal al presentarla como un mal exclusivo de épocas pasadas.
Explica que un problema recurrente que enfrentan las mujeres víctimas de violencia es que “no les creen”, el principal “cuello de botella es creerles a las mujeres y superar ese mito de que la violencia basada en género no existe”.
Las denuncias van más allá del ámbito procesal. Según el abogado, varios ciudadanos fueron detenidos de forma completamente arbitraria, sin que existiera evidencia alguna de participación en actos delictivos.
Aramayo falleció el 19 de abril de 2022, luego de haber permanecido como preso preventivo durante siete años sin que exista ninguna sentencia ejecutoriada en su contra.
