Golpizas y extorsión "express" a "pensionistas" en el penal de San Pedro

El incumplimiento de la pensión alimenticia es utilizado por los delegados y policías de las cárceles como una oportunidad más, entre tantos delitos, para conseguir ingresos: hacer dinero fácil con extorsión y tortura, en la que incluso se utilizan cuentas bancarias y de Tigo Money para los depósitos. La última está a nombre de la esposa de un interno, Alejandra S. Q., quien todos los días va al penal llevando el dinero. Las denuncias han llegado a la Dirección de Régimen Penitenciario, sin embargo, no hay respuesta y los casos extorsivos continúan y afectan no solo al deudor de la pensión económica, sino a toda su familia que debe conseguir el dinero para evitar la tortura.

De acuerdo a denuncias de los internos, el dinero va más allá del penal, a niveles superiores de la autoridad policial y penitenciaria. Si bien el argumento es que el cobro es para el mantenimiento del penal ante el abandono del Estado, la suma de los montos supera cualquier necesidad a cubrir en el recinto carcelario.

Un seguimiento realizado por ANF al ingreso de deudores de pensiones, conocidos también como “pensionistas”, a la sección Chonchocorito del penal San Pedro de La Paz, evidenció que como mínimo llegan 42 personas a la semana, un promedio de 6 por día, que, con el monto de 1.500 bolivianos, que se le exige a cada uno, da un total aproximado al año de 3,2 millones de bolivianos. 

Los delegados y disciplinas de Chonchocorito para garantizar este monto conminan a los “pensionistas” a pagar el “derecho de piso” en un plazo máximo de 24 horas, aunque ya lo exigen a las 12 horas, debido que por lo general los infractores salen de la detención máximo en 48 horas. 

Pasadas las 12 horas las exigencias son con golpizas y presión psicológica, a partir de las 24 horas se aplican acciones drásticas como el despojo de la ropa y ahogamiento con agua directo en la cara. Es un trauma que todo aquel que no ha podido conseguir el dinero o solo parte del monto debe sufrir. 

De acuerdo a los cálculos, cada año unas 2.190 personas que incumplen las pensiones sufren malos tratos, tortura y extorsión solo en la sección de Chonchocorito del penal de San Pedro de La Paz.

Los deudores llegan al penal de San Pedro todos los días y a cualquier hora, la policía los agarran donde estén y como estén vestidos: de traje, de heladeros, de payasos, de albañiles, de mecánicos, vestidos de caporal, hasta conocidos locutores de radio y del mundo deportivo pisan el recinto por incumplir la manutención, que deja para los delegados y administradores del penal ingentes cantidades de dinero.

Chonchocorito es calificado por los propios internos, que indignados aportaron con información para esta nota, como “la mina de plata del gobernador del penal”, donde “cualquier autoridad policial que llega a la gobernación toma la posta” de los cobros.

Raúl, quien pidió la reserva de su nombre, fue abordado por tres policías cuando transitaba la mañana de un jueves de marzo por una conocida calle de la ciudad de La Paz. Los efectivos le notificaron con la orden de aprehensión por incumplir la pensión alimenticia. Para evitar la cárcel Raúl dijo a los policías que pagaría la deuda. Se contactó con su expareja y junto a un abogado, en presencia de los efectivos que dieron el visto bueno, firmó un acuerdo transaccional, sacó dinero del banco y pagó la deuda. Tras una hora de trámite, cuando se disponía a irse, uno de los policías le dijo que por órdenes superiores de un mayor no se aceptaba el acuerdo transaccional y que seguía en calidad de aprehendido, un sinsentido ante la obligación cumplida. 

-Pero si ya pagué todo, qué sentido tiene que me lleven preso si no debo nada, reclamó Raúl.

-El acuerdo no tiene validez, tienes que venir, dijo el policía. 

En cuestión de segundos apareció el mayor, según recuerda Raúl, haciendo un gran escándalo con la sirena encendida del patrullero y le increpó: “Aquí no se toma en cuenta ningún acuerdo transaccional”. Lo tomó del brazo y lo subió al vehículo.

El mayor avanzó a toda velocidad por las calles rumbo al penal de San Pedro, cuenta Raúl, tocando la bocina y exigiendo paso como si estuviera llevando a un peligroso delincuente. “Era muy ridículo todo lo que hacía”, refiere Raúl.

Raúl advirtió un extraño interés en el oficial de que él sea llevado a San Pedro pese a que no había ningún motivo para su aprehensión. Con las horas se fue percatando de que el interés del mayor se debía a una motivación económica, “necesitaba aportantes”.

-Cuando lo vi nuevamente en el penal mientras me tomaban los datos, me di cuenta cuál era su interés de traerme al penal.

En San Pedro Raúl fue llevado directamente a la Gobernación que queda al ingresar por la puerta lateral del penal. Unas escaleras estrechas de subida conducen hasta las oficinas administrativas, un ambiente viejo y de piso crujiente, donde también tiene su despacho el coronel del penal: el gobernador. Ahí un policía registró su nombre y le tomó fotos y sus huellas digitales. 

Un policía de estatura baja y obeso a quien los internos identifican como el sargento Blanco, le pidió a Raúl 200 bolivianos como “derecho de depósito” debido a que no podía ingresar a la sección del penal, donde lo enviarían, con celular, llaves u otras pertenencias personales.

-Aquí no te van a permitir tu celular y te van a robar, te pueden extorsionar, nosotros vamos a guardar, le instó el uniformado, según recuerda Raúl. No le entregó ningún recibo a cambio.

No sería el primer cobro que harían los policías, y sería tanto al ingreso como a la salida del penal.

La espera fue larga, de pie y sin comida desde las 11.00 de la mañana para saber cuál sería su destino. Sugirió a uno de los policías enviar a alguien a comprar almuerzo, no había desayunado, pero no obtuvo respuesta. A eso de las seis de la tarde, recuerda, ingresó un efectivo con una bolsa de pan, siete panes para siete aprehendidos. La familia de Raúl le llevó comida, pero no permitieron pasar.

A eso de las 7:30 de la noche, los siete aprehendidos hicieron fila frente a una pequeña puerta de metal para ingresar a un ambiente cerrado y cargado de mal olor por el hacinamiento: Chonchocorito. Fueron llevados por internos a un lugar que fungía de oficina, con archivadores y una computadora. Ahí les dijeron a los siete: “ustedes son nuevos, aquí el derecho de piso se tiene que pagar en el plazo de 24 horas, a partir de este momento, son 1.500 bolivianos”, y les dieron una cuenta de banco.

Raúl, sin dimensionar en qué lugar estaba, pidió consideración: “¿No hay una diferencia?, porque tenemos este problema de la asistencia y por el factor económico estamos apretados”.

Una vez adentro, los internos pedían dinero por todo: derecho de lavado de frazada, 10 bolivianos; por el almuerzo, 10 bolivianos, pese a que ingresaron de noche; otro interno pidió por derecho de protección; Luis Lalo, un interno obeso, que se encarga de los nuevos, pidió 10 bolivianos por derecho a un lugar donde dormir; otro que dijo ser el jefe de los nuevos pidió 10 bolivianos. Estos internos, que son parte de la dirigencia, aprovechan lo máximo de quienes saben saldrán de la cárcel en corto tiempo.

-No se podía decir que no (a los cobros), eran unos tipos muy violentos, cuenta Raúl.

Esa noche a los siete no les dieron nada de comer y durmieron en el piso, sobre frazadas, no había colchón. A la familia de Raúl tampoco le permitieron ingresar la frazada.

Al día siguiente recibieron de desayuno un pan con mate de toronjil en un vaso descartable. Luego, les llamaron por sus nombres a la oficina del delegado Marco M. B. y del responsable de Hacienda Edwin C. M., que conjuntamente con sus disciplinas Juan Pablo Ch. alias “El Chuy”; Luis R. alias el “Musculitos”; Daniel P. Q. conocido como el “chivo” y considerado como el más abusivo que incluso golpea a adultos mayores; y, Marco E. H. identificado como el “grandote” y con varias denuncias que incluso llegaron a organizaciones de derechos humanos. Todos conforman un grupo bien organizado con roles específicos que de manera sistemática realizan acciones de organización criminal y vejaciones y tortura para extorsionar a los nuevos que llegan a esa sección del penal y sobre el cual las autoridades no tienen ninguna reacción para contrarrestar el delito, por el contrario, cuando hay denuncias los policías incursionan en las celdas para decomisar celulares e identificar a “¿quién está informando a la prensa?”.

A Raúl le llamaron por el altavoz para que vaya a la oficina del delegado.

-Fui a la oficina y habían estado dos gorilones (El Chuy y Marco E.).

Le preguntaron por el dinero, el derecho de piso, “no has pagado”, le dijeron; él respondió: Mi familia creo que ya va a conseguir, por favor. Esta respuesta de duda desató la furia de los disciplinas: ¿Creo que ya va a conseguir? ¿Creo? ¿cuál creo?, y lo empezaron a golpear.

-En medio de exigencias y gritos, primero me han dado un machetazo en mi cuello, luego puñetes en mi pecho, en la boca del estómago y resto del cuerpo. Yo me asusté mucho porque no lo esperaba, no conocía cómo actuaban, dice Raúl. 

Asustado llamó a su esposa, lo hizo varias veces de un celular que hay en una tienda de Chonchocorito, no quería ser agredido. Su esposa, alarmada, se prestó de emergencia el dinero, pero solo consiguió 1.000 bolivianos y lo envió con la mamá de Raúl. Prefirió que el pago sea en efectivo para evitar cualquier argucia de los extorsionadores.

Pero no todos tenían dinero, Raúl dice que Miguel y Santiago, dos compañeros de infortunio, estaban en peor situación y sin trabajo y le pedían prestado para hacer las llamadas. 

Con los 1.000 bolivianos en la mano Raúl buscó a los delegados para aplacar su furia, y les dijo: “tome estito, por favor, estamos sin dinero”. Le respondieron que antes de irse debía completar el monto, pero ellos al enterarse de que llegó la notificación para su salida, lo volvieron a llamar y le dieron una tunda por pasarse de “pendejo”.

-Me agarraron entre cuatro, ahí estaba el chivito (Daniel P. Q.), que era el más abusivo, me dijo: no has pagado, te falta y ahí está tu mandamiento de libertad, no te vas a estar pasando de pendejo.

En medio de gritos amenazantes le llovieron puñetes en la boca del estómago, le cogieron por los cabellos y le golpearon la cabeza, le patearon y pellizcaron, todo su cuerpo sufrió del embate del grupo por pretender irse sin pagar los 500 bolivianos. Le recordaban que eso le pasaba “por no pagar las pensiones”. 

-Me han tratado como si fuera un saco de entrenamiento, se han desfogado, fue muy terrible, me quedaron moretes en el cuerpo. 

Los agresores solo respetaban la cara, no debían dejar huellas visibles y poner en aprietos a las autoridades penitenciarias. Ya en una anterior denuncia un gobernador del penal les dijo: “Nada de huellas visibles, no quiero problemas”, según contaron otros internos que fueron testigos del hecho.

Raúl cuenta que para evitar gritos de sufrimiento por las torturas, los disciplinas cuando golpean al interno le prohíben gritar: ¡silencio carajo! te amenazan, tienes que aguantar lo que te golpean, y pese a que estás muy adolorido te obligan a caminar bien: ¡camina bien carajo, no quiero que estés cojeando ni nada!

También da fe del trato que recibieron Miguel y Santiago, con quienes estableció cierta amistad. A ambos, cual película de terror, les aplicaron el ahogamiento simulado (“waterboarding”), tortura de uso común por las fuerzas de seguridad.

-Miguel no ha podido conseguir la plata y a él sí en última instancia ya lo han llevado al baño, lo han ahogado con agua, terrible, estaba mal Miguel, igual le hicieron a Santiago y a otras tres personas.

¿Cómo es el procedimiento? Cuatro disciplinas le quitan la ropa al detenido y lo derriban con violencia sobre el frío piso del baño adonde no dejan ingresar a los demás internos. Sujetado el “pensionista” en el piso, otro recluso desde una altura de dos metros le vacía cubos de agua directamente en la cara hasta que queda a punto del ahogo.

Los internos saben que la autoridad policial del penal y los funcionarios de Régimen Penitenciario conocen sobre esta situación, pero no dicen nada. Las quejas incluso llegan a la Defensoría del Pueblo, dice un interno testigo de los hechos, “pero no les importa, no tienen miedo a nada porque saben que nada les pasará y se beneficiarán con dinero”.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo a solicitud de ANF, en la gestión 2022 las denuncias de torturas y malos tratos en cárceles ocupó el segundo lugar con 22 casos, después del arresto policial. El informe no toma en cuenta el subregistro. Muchas víctimas callan por temor y vergüenza de lo sucedido. 

Raúl llamó desesperado a su esposa para que consiga los 500 bolivianos restantes, no quería que lo golpeen más ni lo ahoguen. Su esposa remató algunos bienes para conseguir el dinero. 

-Tuve que pagar los 500 restantes porque ya me iban a meter al baño a torturarme, yo estoy mal, fui operado de mi rostro y para evitar más daño les he dado el dinero. 

Pese a las reiteradas denuncias que hay por estos casos, ninguna organización de derechos humanos ni las autoridades legislativas de comisiones de derechos humanos ni del Ministerio de Justicia realizan intervenciones puntuales, y eso le sorprende a Raúl, el grado de impunidad que existe en estos casos.

-Cómo nos van a hacer eso, estamos en pleno siglo XXI y el derecho a avanzado bastante; en ese aspecto es como retroceder a la Edad Media donde todo se resolvía mediante abuso, mediante torturas, yo me he sorprendido.

Ese día, con entremés de tortura y malos tratos, llegó la hora del almuerzo. Raúl recuerda que distribuyeron pollo crudo por presa. Lo recibieron en la mano y tuvieron que buscar donde hacerlo cocer. Pagaron 1 boliviano por cocinarlo. Después trajeron el arroz y tampoco había dónde recibirlo. Algunos lo hicieron en la mano, Raúl no lo recibió, le dio vergüenza, ya tenía el pollo en una mano.

A eso de las nueve de la noche fueron llamados quienes lograron pagar su deuda de manutención. Un policía de estatura mediana agarraba las órdenes de liberación emitidas por el gobernador del penal -en esa fecha a cargo del coronel David Machicado-, y le dijo a Raúl: Tienes que pagar para el coronel, para que te lo haga rápido el trámite, por lo menos unos 200 bolivianos, y para el policía que está redactando el acta hay que darle 50 bolivianos.

-Ellos ya te piden dinero de frente, ni siquiera esperan cuánto puede ser, nuevamente con pena tuve que pedirle dinero a mi esposa.

Pese a las denuncias, los casos de tortura y extorsión continúan en la sección Chonchocorito del penal San Pedro, según corroboran los internos. El cambio a nuevo gobernador, con el teniente coronel Sergio Sillerico Blatnik, no garantiza nada debido a que inició su gestión permitiendo una fiesta con grupos musicales y con consumo de bebidas alcohólicas en la sección Palmar.