Los auríferos quieren explotar minerales en las cabeceras de cuenca, lagos, ríos y vertientes. Exigen la derogación del inciso c) parágrafo III del artículo 93 de la Ley Minera.
La campaña también busca involucrar a personas de diferentes partes del mundo en la defensa de este recurso, incentivando el intercambio de información en las redes sociales, la participación en eventos y la conexión con iniciativas locales.
La organización protestó contra el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por no “fomentar y potenciar” el crecimiento de las actividades mineras.
En septiembre de 2024, autoridades indígenas de la comunidad Seque Jahuira del municipio de Viacha denunciaron la contaminación de sus aguas por cianuro y otras sustancias producidas por 26 empresas mineras ilegales en el área.
Uno de los mecanismos más frecuentes es la injerencia indirecta en la vida comunal a través de prebendas, cuando aparece todo el aparato estatal o gran parte de él para cumplir lo que en décadas o años no han cumplido.
El problema radica en que las leyes pueden establecer derechos, pero si los mecanismos de aplicación los contradicen, estos derechos quedan anulados en la práctica.
La minería aurífera ilegal tomó regiones enteras del norte de La Paz sin que las autoridades nacionales puedan intervenir y frenar la depredación ambiental.
Sectores campesinos denunciaron que el Gobierno firmó los contratos de litio a título de convenio con las empresas rusas y chinas sin hacer la consulta previa, libre e informada.
Suman más voces exigiendo el archivo de los proyectos de ley de contratos del litio, principalmente, por falta de socialización y el uso de millones de litros de agua.
De acuerdo a Magdalena Medrano, presidenta de LIDEMA, este aumento de las vulneraciones se debe en gran medida, a los daños personales y materiales ocasionados por los incendios y al incremento de actividades mineras.
Los originarios que viven por alrededores del Salar de Uyuni piden fortalecer el turismo y cuestionan la falta de consulta previa para la explotación del litio.
Contrario al proyecto de ley que intenta anular las multas, la organización no gubernamental exige a las autoridades agilizar las multas y aplicar la reversión de las tierras tituladas donde se originaron los incendios.
La empresa Estalsa cesó operaciones hace más de 40 años. Desde entonces, los desmontes y terrenos quedaron bajo administración de la comunidad, legalizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (IMRA) en 2011.
La dirigente comunitaria denunció también que Reymi Magne, parte de la mesa directiva de los mineros, "vino a querernos quitar las cámaras, a tapar, para que no grabemos, nos ha agredido físicamente a empujones".
La dirigente indicó que el 13 de enero se llevó a cabo la segunda “consulta previa” en la cual la empresa minera estaba buscando la autorización de los comunarios para operar; sin embargo, los abogados de la empresa abandonaron la reunión.
Coca indicó que se envió una nota a YPFB solicitando que se realice un nuevo proceso en el que participen los dirigentes del cantón y los verdaderos interesados; sin embargo, les indicaron que no se puede desarrollar otra consulta.
