La Paz, 15 de marzo de 2025 (ANF).- La directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Emma Bravo, advirtió que la detención preventiva en Bolivia genera secuelas similares a las de la tortura, afectando profundamente la salud física, psicológica y emocional de las personas privadas de libertad.
Durante la presentación de una propuesta para reducir la población penitenciaria y mejorar las condiciones carcelarias, Bravo destacó que el fenómeno de la "prisionización" —la adopción de la cultura carcelaria por parte de los reclusos— agrava estos efectos, dejando traumas severos que incluso pueden transmitirse a las siguientes generaciones.
“Cuando una persona entra en una prisión y se prolonga su estadía, aparece la prisionización, que es la adopción de los usos y costumbres de la cultura carcelaria. Este entorno torturante produce sufrimientos de todo tipo y deja severos traumas en las personas, que a su vez pueden ser transmitidos a sus hijos y su entorno familiar”, explicó Bravo.
La directora del ITEI subrayó que este problema no es menor, ya que actualmente se estudia la transmisión transgeneracional del trauma, lo que evidencia el impacto a largo plazo de estas prácticas.
La situación se agrava al considerar que el 58,71% de la población carcelaria en Bolivia se encuentra en detención preventiva, es decir, sin una sentencia judicial. Bravo alertó que, en la práctica profesional del ITEI, se ha observado que las secuelas de la prisión preventiva son muy similares a las de la tortura.
“Las secuelas que deja la prisión preventiva se parecen muchísimo a las secuelas que deja la tortura”, afirmó, citando al experto Pau Pérez-Sales, quien define las cárceles como “entornos torturantes”.
Según Pérez-Sales, un entorno torturante es aquel que causa sufrimientos intencionales de tipo físico y psicológico, afectando las funciones básicas y superiores de los seres humanos. Esta definición coincide con las observaciones del ITEI y con las declaraciones de Juan Méndez, exmiembro del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, quien señaló que las secuelas de la prisión preventiva comparten características con las de la tortura.
Estudios académicos sobre la tortura respaldan estas afirmaciones, destacando que sus secuelas son profundas y multifacéticas. A nivel físico, las víctimas pueden sufrir lesiones graves, dolor crónico y fatiga extrema. Psicológicamente, es común que desarrollen trastornos como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), depresión, ansiedad e insomnio. Además, experimentan sentimientos de culpa, vergüenza y aislamiento emocional, lo que dificulta su reintegración social.
Las secuelas emocionales incluyen ira, miedo y desesperanza, mientras que, a nivel social, las víctimas enfrentan estigmatización, dificultades laborales y conflictos familiares. En algunos casos, las consecuencias se extienden al ámbito espiritual, generando una crisis de fe o una pérdida de sentido de la vida. Estas afectaciones no solo impactan a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades, perpetuando ciclos de trauma.
La recuperación de estas secuelas requiere un enfoque integral que combine atención médica, terapia psicológica y apoyo social. Sin embargo, en el contexto carcelario boliviano, estas condiciones distan de ser ideales.
Según un reporte de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, hasta el 31 de diciembre de 2024, la población privada de libertad en Bolivia alcanzó las 32.035 personas, de las cuales 18.807 (58,71%) están en detención preventiva.
El hacinamiento en las cárceles del país agrava aún más la situación. Las 46 cárceles existentes —26 provinciales y 20 urbanas— tienen una capacidad para albergar a 15.598 reclusos, pero actualmente presentan un hacinamiento del 105%. Este colapso del sistema penitenciario no solo dificulta la rehabilitación de los internos, sino que también contribuye a la degradación de sus condiciones de vida, exacerbando los efectos negativos de la prisión preventiva.
La propuesta presentada por el ITEI y organizaciones de la sociedad civil busca frenar el crecimiento de la población penitenciaria, mejorar las condiciones de vida en las cárceles y garantizar la seguridad de los reclusos. Entre las medidas sugeridas se incluyen la revisión de los casos de detención preventiva, la promoción de alternativas a la prisión y la implementación de programas de rehabilitación y reinserción social.
La advertencia del ITEI y los datos presentados evidencian la necesidad de una reforma urgente en el sistema de justicia y penitenciario de Bolivia, con el fin de proteger los derechos humanos y prevenir el daño irreparable que la detención preventiva está causando a miles de personas.
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