La Paz, 13 de febrero de 2025 (ANF).- Según la información del Observatorio del Acuerdo de Escazú – Bolivia - OAE1, en el país, las vulneraciones a los derechos socioambientales se han más que duplicado el año 2024, con relación al 2023, pasó de 582 a 1.007 casos registrados, y de 7.070 vulneraciones a 16.044.
De acuerdo a Magdalena Medrano, presidenta de LIDEMA, este aumento de las vulneraciones se debe en gran medida, a los daños personales y materiales ocasionados por los incendios y al incremento de actividades mineras, principalmente auríferas, en todo el país.
Respecto a las vulneraciones socioambientales registradas, Jenny Gruenberger, coordinadora del OAE, informó que, durante la gestión 2024, el equipo del Observatorio recogió más de medio centenar de testimonios de actores locales, que describen la indefensión de las comunidades rurales y pobladores indígenas, frente a la ocupación ilegal de sus territorios, a partir de la deforestación y los incendios promovidos por quienes trafican las tierras y buscan la conversión de los bosques en áreas destinadas a la agroindustria, la explotación minera del oro, incluso el narcotráfico, según una nota de prensa institucional.
Este escenario hace presumir una escalada incontrolable de conflictos que, ante la precaria situación económica y alta conflictividad política, tiende a enfrentar a las poblaciones más vulnerables con quienes detentan el poder, transformando grandes áreas de Bolivia en zonas de sacrificio ambiental.
La mayor importancia a la defensa de los derechos humanos ambientales para alcanzar la justicia ambiental y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, según palabras de la presidenta de LIDEMA, se debe a los resultados alentadores de acciones informativas, participativas y legales, realizadas junto con la sociedad civil, activistas ambientales, el Tribunal Agroambiental y el Defensor del Pueblo.
Desde LIDEMA se ponderó el mayor interés que despierta la defensa de los derechos socioambientales en la sociedad boliviana, lo que se constata por la gran convocatoria que tuvo el curso destinado a conocer cómo aplicar el Acuerdo de Escazú en Bolivia, organizado entre el Tribunal Agroambiental la UMSA y LIDEMA.
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