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Cuidado de la casa común

Cedib denuncia intento de flexibilizar normativa minera y alerta sobre riesgos ambientales

El CEDIB alerta que el modelo minero vigente ha causado daños irreparables al medio ambiente y a la salud pública.
28 de febrero, 2025 - 23:49
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Foto: Opinión
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La Paz, 28 de febrero de 2025 (ANF).- El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) expresó su rechazo al proyecto de Decreto Supremo impulsado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, que busca reglamentar el inciso c) del artículo 93 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Según la organización, esta norma pone en riesgo los recursos hídricos del país al flexibilizar las restricciones para la actividad minera en zonas estratégicas para el equilibrio ambiental.

De acuerdo con el pronunciamiento de CEDIB, la actual Ley 535 establece limitaciones claras para la explotación minera en áreas de alta sensibilidad ambiental, como cabeceras de cuenca, lagos, ríos y vertientes. Sin embargo, el Decreto Supremo pretende levantar estas restricciones mediante la introducción de “Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial”, un mecanismo que, según la organización, carece de base científica y de garantías reales para la protección de los ecosistemas.

Desde la promulgación de la Ley 535, la actividad minera en Bolivia ha crecido de manera descontrolada, con especial impacto en la Amazonia, la Chiquitania y otras regiones ecológicamente frágiles. La expansión de la minería aurífera ha generado conflictos socioambientales, principalmente por la contaminación del agua y la disputa por territorios entre comunidades y empresas mineras.

El CEDIB alerta que el modelo minero vigente ha causado daños irreparables al medio ambiente y a la salud pública. Existen numerosas denuncias de contaminación de fuentes hídricas que han sido verificadas por estudios independientes y organismos internacionales de derechos humanos. 

“El Decreto Supremo busca diluir la protección de los recursos hídricos establecidos en la ley y facilitar la expansión de la minería sin garantías de sostenibilidad”, señala el pronunciamiento.

Uno de los puntos más preocupantes del proyecto es que la reglamentación está siendo promovida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, en lugar del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es la autoridad encargada de la conservación de los recursos naturales. Para CEDIB, esta medida responde a intereses mineros y deja de lado la protección ambiental y los derechos de las comunidades afectadas.

Además, el pronunciamiento advierte que la normativa ambiental vigente ha sido debilitada en los últimos años. Desde las modificaciones introducidas en 2018 y 2019, las empresas mineras han adquirido un mayor control sobre el monitoreo ambiental, dejando al Estado como un simple receptor de informes. Esta situación ha facilitado la expansión de la minería sin una fiscalización efectiva.

Otra preocupación expresada por el CEDIB es que la Asamblea Legislativa Plurinacional está promoviendo una minuta que recomienda la aprobación de contratos mineros antes de la realización de los estudios ambientales multisectoriales. 

“Este paso administrativo levanta la restricción establecida en la ley minera y debilita aún más la protección de los recursos naturales”, denuncia la organización.

Ante este escenario, CEDIB propone la suspensión del tratamiento del Decreto Supremo y exige la delimitación clara y oficial de cabeceras de cuenca, lagos y ríos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. También plantea la declaración de estas zonas como áreas intangibles y estratégicas para la preservación del agua y los ecosistemas del país.

Asimismo, la organización exige la anulación de los derechos mineros otorgados en cabeceras de cuenca, glaciares y cuerpos de agua, debido a los graves impactos ambientales que generan. CEDIB recuerda que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el acceso al agua de calidad y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

Finalmente, el CEDIB hace un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones ambientales y las comunidades afectadas para mantenerse alerta y movilizarse en defensa del medio ambiente. 

El Decreto Supremo es un intento de flexibilizar aún más la normativa ambiental en favor de los intereses mineros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del país, concluye

/ANF/
 

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