La Paz, 24 de abril de 2025 (ANF).- “Siento una impotencia total por la sentencia injusta que he recibido”, dice Juan Bascopé con voz firme, pero cargada de indignación, a cuatro años de la sentencia en primera instancia. No se resigna a ese fallo. En abril de 2021 fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por un crimen que —él insiste— no cometió. Lleva 11 años preso en el penal de San Pedro de La Paz. Aún no fue notificado con el resultado de la casación.
Juan Bascopé no tenía antecedentes, no tenía enemigos. Tenía colmenas para cultivar y una familia que cuidar y sacar adelante junto a su esposa en su comunidad de Apolo. Pero el 19 de octubre de 2013, un operativo de erradicación de coca excedentaria de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en la localidad de Miraflores (Apolo), terminó con la vida de tres uniformados y un médico en un enfrentamiento con los productores de coca.
Juan Bascopé fue detenido nueve meses después del enfrentamiento, en julio de 2014, en Mapiri, a 318 kilómetros de Apolo, donde también tenía colmenas. No hubo orden de aprehensión ni respeto, solo golpes que Juan Bascopé aún siente en las vértebras, en la sien, en la piel.
El técnico en apicultura había acudido a Miraflores tras el enfrentamiento. Su única culpa fue estar en el lugar equivocado, en un momento dominado por la tragedia.
La policía lo señalaba como uno de los principales sospechosos de las muertes en base al testimonio de otros detenidos que, en su ausencia y por sugerencia de los abogados, decidieron echarle la culpa, pero las sindicaciones eran insuficientes para sustanciar una acusación tan grave en su contra.
El abogado Eusebio Vera, que analizó la sentencia contra Juan Bascopé, concluyó: “Los elementos de prueba presentados contra Juan Bascopé no alcanzan para sentenciarlo. Se trató simplemente de buscar a alguien que pague los platos rotos”.
De los 25 acusados en el caso Apolo, 24 fueron declarados rebeldes. Solo Juan Bascopé, al ser el único detenido, fue juzgado y sentenciado. El abogado Eusebio Vera no duda: “Lo que se hizo fue encontrar un chivo expiatorio para justificar este proceso penal”.
Juan Bascopé fue presentado como un asesino. Pero en el expediente no hay pruebas que lo vinculen con el crimen. “Así me condenen a 100 años, no me van a doblegar. Yo soy inocente. Mi conciencia está limpia”.
La sentencia —afirma el abogado— debería ser anulada. “No es contundente, carece de pruebas, presenta incongruencias”.
Tras su detención por un grupo de élite de la Policía, en julio de 2014, Juan Bascopé fue incomunicado por 72 horas de su familia y de un abogado defensor, para ser obligado a admitir una culpa ajena. “Fui torturado por policías y militares durante tres días. Estaba el fiscal ahí. Nadie me defendió”, recuerda con amargura.
El fiscal, que debía proteger sus derechos estuvo allí, mirando. No dijo nada mientras los insultos y los golpes caían sobre él. No intervino mientras las botas de policías y militares le abrían la cara y quebraban sus costillas. Juan Bascopé identificó a los fiscales Luis Fernando Ferrufino Castellón y Gregorio Blanco Torrez, como los cómplices de su tortura, pero nunca fueron siquiera citados.
En vez de investigar, lo torturaron. En vez de buscar evidencias, se basaron en conjeturas. Lo acusaron por lo que otros dijeron. No hubo pruebas físicas, no hubo peritajes. Solo palabras y una firma forzada por el dolor.
Actualmente existe un proceso penal en contra de dos policías por las torturas sufridas: Mauricio Rojas y Romer Álvarez, siendo que fueron más de 80 los agresores, entre policías y militares. La política de invisibilización y encubrimiento de la tortura viene de la mano de fiscales y jueces, señala la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Emma Bravo.
“Esto no solamente lo hacen policías y militares, sino también la judicatura, jueces y fiscales, que invisibilizan también la existencia de la tortura”, denunció en un programa local.
Eusebio Vera insiste en que la sentencia contra Juan Bascopé está plagada de irregularidades: “No se hizo inspección técnica ocular, ni planimetría, ni pericias balísticas. No se determinó cómo ocurrió el crimen”.
Durante la detención, nadie buscó pruebas materiales. “Solo declaraciones testificales. No encontraron el arma del crimen, no hubo pruebas balísticas”, sostuvo el abogado Vera. “Ni siquiera se determinó el calibre del arma”.
El investigador policial Mauricio Rojas, ahora procesado por tortura, recogió casquillos de bala, pero no hizo pericias. “Promovió la tortura como método de investigación científica”, denuncia Juan Bascopé.
Durante el proceso a Juan Bascopé, que sobrepasó el tiempo establecido por ley, pasaron más de 19 fiscales, seis jueces y varios investigadores policiales. “Todos fallaron, ninguno buscó la verdad, solo sabían torturar, intimidar, amedrentar”, recuerda. “Eso es todo lo que saben hacer”.
De acuerdo a datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, policías y militares son los que más torturan en Bolivia, sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna sentencia condenatoria por este delito.
En Bolivia, las técnicas de tortura no han desaparecido, por el contrario, muchas de ellas se mantienen vigentes y son aplicadas por cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía, señala Juan Luis Ledezma, coordinador del Mecanismo, quien refiere que se usan métodos que tienen como referencia los manuales elaborados por la CIA (Agencia de Inteligencia de EEUU), de la década del 1950.
“Todo lo dejo en manos de Dios”, señala Juan Bascopé. “Él juzgará a quienes me hicieron tanto daño. La justicia divina me va a hacer justicia”.
Los años de encierro le quitaron a sus seres queridos. Tuvo que ver desde lejos y sin poder hacer nada la muerte de su esposa y otros familiares. “He perdido muchos seres queridos: mi querida esposa, mi hijo, un sobrino, un nieto, y también a mi abogado”.
Pero él no se rinde, dice que, si bien la sentencia injusta moralmente lo ha apagado, ya viene reponiéndose psicológicamente para estar más fuerte, para buscar justicia fuera de Bolivia. “Voy a hablar con la justicia internacional, hasta encontrar la justicia humana que no encuentro en mi país”.
Considera que en su caso “nunca hicieron una investigación científica”, de lo contrario “hubieran encontrado a los verdaderos autores intelectuales y materiales” de las muertes.
“Si hubiera habido un investigador, un fiscal, un juez con ética, yo no estaría preso tantos años”, repite.
Sabe, y de eso dan cuenta muchos casos en Bolivia, que hay muchas personas inocentes encerradas en las cárceles, cumpliendo sentencias que no les corresponde, “y con eso se conforma el Estado, con eso se conforma la sociedad boliviana”.
Juan Bascopé resiste, y desde su encierro avizora con claridad y optimismo un futuro junto a su familia, junto a sus hijos, junto a sus nietos, trabajando y contribuyendo para ellos. Aunque su cuerpo está maltratado, su espíritu no se quiebra.
“Sé que puedo enseñar a mucha gente sobre apicultura, para que trabaje. Yo puedo asesorar, administrar. De esa forma pienso en mi futuro”, dice y agradece a Dios por la sostenida recuperación de su salud que se vio gravemente afectada por la tortura recibida, con dolores intensos en el pecho, las costillas y los hombros que tuvo que sobrellevar por años.
“No me van a doblegar. Yo soy inocente, mi conciencia está limpia”, afirma y lamenta que para las personas de escasos recursos económicos no haya justicia. “Por eso, no confío en la justicia boliviana”, remarca.
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