La Paz, 22 de abril de 2025 (ANF).- La historia de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, constituye un emblema de las fallas estructurales del sistema judicial boliviano. Su muerte, tras siete años de reclusión y acosado por más de 250 procesos judiciales, plantea interrogantes sobre el uso de la justicia como mecanismo de persecución, de acuerdo a las declaraciones del abogado Eusebio Vera y la vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera.
Aramayo murió el 19 de abril de 2022 bajo custodia estatal, en condiciones que su familia y defensores de derechos humanos califican como “inhumanas”. Las denuncias de tortura, negligencia médica y ensañamiento judicial aún no han sido investigadas por la Fiscalía, que, por el contrario, en dos ocasiones ha rechazado hacerlo.
Herrera denuncia que “la muerte de este exdirector muestra una serie de vulneraciones a los derechos fundamentales”, y que las condiciones de su detención deterioraron su salud de forma irreversible.
“La familia de Aramayo ha insistido en buscar justicia para lo que podría significar esos tratos inhumanos, degradantes, humillantes y tortura”, dijo Herrera a ANF, lamentando la pasividad institucional frente a hechos que, según la APDHB, configuran crímenes de Estado.
Para el abogado Vera, el caso de Aramayo es solo una muestra más del colapso del sistema judicial. “Particularmente a mí no me sorprende que no haya avances en la investigación, porque lamentablemente la Justicia desde hace muchos años atraviesa una crisis del que va ser difícil salir”, afirma.
Vera cuestiona el rol de los jueces y fiscales, asegurando que “no hacen absolutamente nada sino es que haya alguien que impulse los procesos”. Subraya además la ausencia de principios básicos como el de celeridad o verdad material en casos de alto perfil político.
“Efectivamente ya han transcurrido tres años de la muerte atroz de este ciudadano, muerte que particularmente atribuyo al gobierno de ese entonces, y en forma particular al señor Evo Morales”, dijo el jurista a ANF, señalando la responsabilidad estatal.
El abogado describe la estrategia judicial contra Aramayo como una “persecución sistemática y sañuda, muy al estilo antiguo, inquisitivo”, que afectó no solo su libertad sino también su salud física y mental.
Un informe del ITEI concluyó que el caso Aramayo en uno de los de abuso de poder más extremos que les ha tocado ver hasta la fecha. Desde un principio, señala el ITEI, Aramayo fue detenido sin que se haya tomado en cuenta en ningún momento el principio de presunción de inocencia y “hemos sido testigos de audiencias vergonzosas y compartiendo la impotencia frente a la ineficacia de un mundo judicial arbitrario”.
“El ITEI se ha quedado con la impresión de que sus verdugos lo hubieran preferido muerto”, señala parte del informe que concluye que Aramayo sufrió maltrato físico y torturas graves en varias oportunidades de parte de efectivos policiales y de personas que fueron enviadas para que lo golpeen.
Desde la visión de Herrera, la omisión de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos es alarmante y expresó su sorpresa que desde la Defensoría del Pueblo “no haya una actuación mucho más firme” para impulsar una investigación por la muerte de Aramayo.
Herrera denuncia que la Fiscalía sigue rechazando la apertura de una investigación sobre las presuntas torturas que sufrió Aramayo. Señala que, desde la perspectiva de la APDHB, Aramayo “es una persona inocente que ha perdido la vida bajo la tutela del Estado”.
La activista advierte que, si se mantiene esta negativa institucional, la familia podría llevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que el mensaje que manda la justicia a la sociedad, al no investigar, “es el del encubrimiento y la impunidad”, en referencia a la falta de sanción para los responsables materiales e intelectuales.
Vera coincide en que hubo una vulneración sistemática de derechos, sobre todo a la salud, que fue deteriorándose poco a poco “por la escasa o ninguna atención médica especializada en los penales en los que estuvo” durante los siete años por los más de 250 procesos.
Denuncia que hasta la fecha no existe una sola investigación seria sobre las torturas o vejaciones que habría sufrido Aramayo, lo que revela “una desolación y una dejadez terrible” en el ámbito judicial.
Para Vera, la responsabilidad no solo recae en fiscales o jueces, sino en el Poder Ejecutivo. Según el abogado, los procesos judiciales contra Aramayo fueron diseñados para imposibilitar su defensa al haberle iniciado procesos “en todos los rincones del país”.
Herrera advierte sobre la falta de independencia judicial. Para la vicepresidenta de la APDHB, las instituciones del Estado se han vuelto funcionales al poder político y “acorralan, intimidan, acosan y torturan con impunidad”.
Subraya que el caso Aramayo refleja cómo se utiliza la justicia para silenciar disidencias. “Las directrices han sido planteadas básicamente para eliminar, para sepultar la verdad de lo que ha acontecido con el Fondo Indígena”, afirma.
A su juicio, la situación remite a prácticas propias de gobiernos dictatoriales. Mientras, Vera, enfatiza que cuando el Ejecutivo es parte denunciante, los procesos pierden toda imparcialidad y no existe justicia para los justiciables cuando está como denunciante el Órgano Ejecutivo.
Vera recuerda que el ministro de Gobierno tiene control operativo sobre la Policía, lo que agrava la subordinación de las instituciones y “ningún servidor público contradice las órdenes del ministro”.
El abogado considera que cualquier intento de defensa en estos casos es anulado desde el inicio por el “conjunto de buitres —que ve en los funcionarios y órganos del Estado— que aprovechan esa circunstancia”.
Según Vera, el caso Aramayo no es una excepción, sino una muestra de cómo actúa el aparato judicial cuando se cruza con intereses del poder político. “Esa es la característica de esos procesos”, concluye.
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