La Paz, 24 de abril de 2025 (ANF).- Los casos de vulneraciones a las libertades fundamentales no son hechos aislados, sino que responden a un “patrón de comportamiento” del Estado, sostuvieron expertos en materia de derechos humanos. De acuerdo al registro del Observatorio de Defensores de Derechos Humanos en 2024 se registraron 915 denuncias.
El informe anual del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de la red UNITAS establece que en la pasada gestión se han incrementado las vulneraciones a la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en un 19% respecto a la gestión 2023. Es decir que se cometieron en promedio 76 violaciones mensuales o 2,5 diarias.
En la presentación del informe donde participaron como panelistas, Jennifer Guachalla, directora de Planificación de la Defensoría del Pueblo; Patricia Flores, presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas, y Franco Albarracín, especialista en materia de derechos humanos, coincidieron en el “preocupante” debilitamiento de la institucionalidad democrática. Flores y Albarracín, además, aseguran que hay un “patrón” de conducta sobre las vulneraciones a los derechos humanos.
“Un patrón que debería permitirnos señalar que no son casos aislados, no son casos excepcionales”, sostuvo Albarracín, quien considera que el objetivo es “erosionar la institucionalidad democrática”.
Añadió que este incremento en los casos también responde a un “patrón de impunidad y normalización” de las violaciones a los derechos, es decir que “nos hemos acostumbrado” a normalizar por ejemplo el acoso político en los diferentes niveles, el hostigamiento, entre otros.
Patricia Flores añadió que el informe es “desesperanzador". Dijo que los datos son “realmente alarmantes"; expresó su preocupación particularmente por la libertad de prensa que se constituye en la “más vulnerada de las libertades” monitoreadas con 150 registros.
Las agresiones físicas y psicológicas a periodistas encabezaron la lista con 42 casos, seguidas por el impedimento de acceso a la información con 30 casos y las amenazas y amedrentamiento con 24 casos.
“Responde definitivamente a un patrón de comportamiento de las instancias estatales”, afirmó Flores. Los casos de criminalización de periodistas entre 2023 y 2024 saltó de 1 a 11.
Albarracín destacó como preocupante “el hostigamiento, ataque, criminalización en contra de los defensores de derechos humanos, esto responde a que forma parte de un patrón de vulneración de derechos humanos", insistió.
En su opinión existe en el país una tendencia a debilitar los pilares que sostienen la institucionalidad democrática y erosionar los principios de los derechos humanos. Lo que resulta “preocupante”, dijo.
En tanto que, la directora de Planificación de la Defensoría del Pueblo, Jennifer Guachalla, puso énfasis el deterioro de la administración de justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional que se convirtió en un “tribunal ordinario de casos políticos”, porque marco un “precedente nefasto” al suspender las elecciones judiciales que al final fueron parciales, lo que puede poner en “riesgo futuros procesos”.
El informe también reporta que el año pasado se registraron 95 casos de vulneraciones a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la protesta, un aumento del 39% respecto a la gestión 2023. El 53% corresponde al uso desproporcional de la fuerza pública, que dejó un saldo de 50 personas heridas en diferentes manifestaciones sociales.
Por otra parte, se registraron 18 actos de represión directa, ocho casos de incumplimiento al deber de garantía de protestas pacíficas.
Otro de los datos llamativos es el incremento del 82% en las vulneraciones al derecho a defender derechos que pasaron de 51 en 2023 a 93 en 2024. Más de la mitad (53%) implica criminalización de personas defensoras.
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