La Paz, 7 de febrero de 2025 (ANF).- La comunidad Totoral Chico denuncia que la Minera Salvada Sociedad Colectiva opera de forma ilegal desde 2014, sin contar con los permisos ambientales y administrativos correspondientes, cuando surgió como nueva empresa. Si bien antes operaba en interior mina de manera ilegal, el problema se agravó cuando desde hace tres años decidió explotar en la superficie, destruyendo campos de pastoreo y cultivo. Así lo afirmó Mariluz Ventura, secretaria general de la comunidad, quien remarcó que la empresa no ha realizado los trámites necesarios para su funcionamiento y pese a estar el proceso de consulta previa, sigue avasallando.
“Ellos no son preconstituidos, son una empresa nueva. Antes eran Avicaya Limitada, ahora son Minera Salvada Sociedad Colectiva. Es una nueva empresa, es un nuevo trámite, por lo que tienen que hacer una consulta previa, todo lo que marcan las normas”, declaró Ventura a ANF.
Según la dirigenta, la minera opera sin contrato de arrendamiento ni documentación desde 2011, aunque su actual razón social se hizo oficial en 2014. Además, denunció que la actividad minera se expandió en 2022 de operaciones en socavones a explotación a cielo abierto, lo que generó un impacto negativo en las tierras cultivables y de pastoreo de la comunidad.
“Subcontrataron a la empresa Meraki para el trabajo a cielo abierto, lo que ha generado un gran impacto ambiental. Han desmembrado tierras cultivables y de pastoreo común”, advirtió.
Un punto importante de la denuncia es que la minera opera con un permiso ambiental vencido desde 2010. “Cada dos años debe haber inspección de Medio Ambiente, pero ellos no han permitido el ingreso de los inspectores”, agregó Ventura.
El 3 de abril de 2024, las autoridades ambientales intentaron realizar una inspección en la mina, pero los trabajadores impidieron su ingreso. “Desde entonces, no han podido ingresar a verificar la situación real de la explotación”, afirmó.
La historia minera de la región se remonta a la empresa Estalsa, que cesó operaciones hace más de 40 años. Desde entonces, los desmontes y terrenos quedaron bajo administración de la comunidad, legalizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 2011. Sin embargo, Ventura denuncia que Minera Salvada ha ocupado estos terrenos sin contar con un acuerdo con la comunidad.
“Cualquier empresa que haya caído en el sector de la comunidad Totoral Chico pasa a manos de la comunidad, todo: área, muebles, casas, todo lo que deja, porque donde están viviendo los mineros es un campamento que es terreno de la comunidad, han tenido que prestarse esos terrenos, no se los ha vendido, y tienen que volver a la comunidad, como cualquier empresa”, señaló.
Ventura también denunció que la empresa amplió su planta procesadora sin contar con autorización. “Antes llevaban los minerales a Oruro, ahora han instalado una planta grande en la zona, y AJAM está encubriendo estas irregularidades”, afirmó.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó, en una respuesta escrita del 18 de noviembre de 2024 a la que ANF tuvo acceso, que operar sin autorización constituye explotación ilegal según el artículo 104 de la Ley 535 de Minería. Esta afirmación surge tras una visita realizada el 23 de octubre de 2024, con motivo de la primera reunión de la consulta previa que se lleva adelante, donde se constató movimiento de volquetas y la actividad de la planta concentradora de minerales.
Por su parte, la Secretaría Departamental de Medio Ambiente, Agua y Madre Tierra de la Gobernación de Oruro indicó en una comunicación del 19 de noviembre que “esta autoridad no emitió ninguna licencia ambiental a la AOP Empresa Minera Salvada Sociedad Colectiva”, de lo que se infiere que Salvada opera de forma ilegal.
Desde la empresa, su representante legal, Iver Huaylla, defendió la continuidad de sus operaciones y aseguró que la consulta previa en curso es solo un trámite, un formalismo que cumplir, y que ellos siempre trabajaron en el lugar.
Según Huaylla, la empresa cuenta con más de 50 años de actividad bajo el nombre de Avicaya Limitada antes de transformarse en Salvada Sociedad Colectiva. “Seguimos trabajando normal. El tema de la consulta previa es solo por cumplir”, aseguró a ANF.
Sin embargo, la comunidad insiste en que el cambio de razón social en 2014 hace que sea un proceso nuevo y que debe cumplir con los requisitos legales, incluyendo la consulta previa.
“Es una nueva empresa, implica nuevos trámites, nuevas consultas, y ellos siguen operando ilegalmente desde 2011, incluso expandiéndose a cielo abierto hace tres años”, subrayó Ventura.
La situación ha generado tensiones en la comunidad, que demanda la suspensión de operaciones hasta que se cumplan los requisitos legales.
Hasta el momento, las autoridades nacionales no han tomado medidas concretas frente a la denuncia. La comunidad de Totoral Chico anuncia que seguirá exigiendo el cumplimiento de la normativa ambiental y minera, mientras el conflicto sigue latente.
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