La empresa Estalsa cesó operaciones hace más de 40 años. Desde entonces, los desmontes y terrenos quedaron bajo administración de la comunidad, legalizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (IMRA) en 2011.
La dirigente comunitaria denunció también que Reymi Magne, parte de la mesa directiva de los mineros, "vino a querernos quitar las cámaras, a tapar, para que no grabemos, nos ha agredido físicamente a empujones".
La dirigente indicó que el 13 de enero se llevó a cabo la segunda “consulta previa” en la cual la empresa minera estaba buscando la autorización de los comunarios para operar; sin embargo, los abogados de la empresa abandonaron la reunión.
Coca indicó que se envió una nota a YPFB solicitando que se realice un nuevo proceso en el que participen los dirigentes del cantón y los verdaderos interesados; sin embargo, les indicaron que no se puede desarrollar otra consulta.
El presidente de la comunidad indígena Tacana Buenaventura, Winston Maeda Antezana, indicó que alrededor de 120 balsas llegaron de Riberalta desde diciembre pasado para instalarse en la reserva natural y explotar oro.
Herrera asume que el futuro de las áreas protegidas no sólo depende de las normas legales, sino también deben ser objeto de un control y de una fiscalización adecuada.
Indicó que obviamente cada comunidad es autónoma y son ocho las comunidades que conforman el ayllu Acre Antequera y que la unidad territorial es indivisible.
En septiembre pasado, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5225 que estableció una pausa ambiental indefinida y prohibió las quemas en todo el territorio nacional.
Vargas señaló que la asignación de responsabilidades individuales entre países o sectores no ha llevado a avances significativos en la lucha contra el cambio climático.
