La Paz, 28 de febrero de 2025 (ANF).- Las comunidades indígenas y campesinas en Bolivia enfrentan constantes presiones por parte del Estado y las empresas privadas, que aprovechan su precariedad para imponer proyectos extractivos. Así lo denunció Miguel Miranda, coordinador del área de incidencia en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
“Las empresas y el Estado utilizan tanto lo que en el lenguaje común se sabe decir zanahoria como palo, es decir, utilizan medios persuasivos y también medios coercitivos, violentos, para imponer sus proyectos, sus decisiones”, afirmó Miranda a ANF.
Uno de los mecanismos más frecuentes es la injerencia indirecta en la vida comunal a través de prebendas, cuando aparece todo el aparato estatal o gran parte de él para cumplir lo que en décadas o años no han cumplido.
“No hay servicios básicos, no hay agua, no hay electricidad, etc., y de repente aparecen las empresas sectoriales y dicen: ‘vamos a hacerlo’. Pero curiosamente es cuando aparece un proyecto del cual tienen que conseguir la anuencia de las comunidades”, explicó el coordinador del Cedib.
Según Miranda, este tipo de estrategias busca aprovechar la vulnerabilidad de las comunidades para dividirlas y presionarlas.
“Se utiliza la precariedad de la vida, la pobreza de las comunidades, como un factor de vulnerabilidad para chantajearlas, para presionarlas, y en ese interín, lo lógico que se hace es dividirlas: a los que aceptan, premio; a los que no aceptan, castigo”, denunció.
Además, el experto señaló que quienes se oponen a estos proyectos suelen ser objeto de estigmatización, de señalamiento, “se les dice que son unos antipatrias, vendidos al imperio, según el contexto se utilizan todos los argumentos para señalarlos como enemigos del desarrollo”.
Miranda también advirtió que, en Bolivia, estas tácticas han sido acompañadas por el uso de la fuerza pública y la criminalización de líderes comunitarios y defensores ambientales.
“En el caso de Bolivia este tipo de herramientas se ha usado mucho más, como el uso de la fuerza pública o la criminalización, que es el uso del aparato penal”, indicó.
El Cedib ha denunciado que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha construido una imagen internacional que oculta la vulneración de derechos en el país frente a los organismos internacionales.
“El gobierno de Evo Morales, el régimen del MAS en general, y Arce continúa, lo que hizo fue crear hacia fuera una impecable imagen, mentirosa obviamente, de un régimen que cumple con los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente”, manifestó Miranda.
El experto afirmó que esta estrategia ha funcionado exitosamente para evitar el escrutinio de organismos internacionales, por lo que a muchos actores, organismos, mecanismos de vigilancia, de monitoreo de derechos, “no llegaban las denuncias de estas violencias locales, y se confundían o se camuflaban como conflictos internos normales”, señaló.
Sin embargo, el Cedib logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepte tratar la criminalización de defensores ambientales en Bolivia en una próxima audiencia en marzo.
“El tema que se nos ha aceptado en la audiencia con la CIDH es la criminalización a defensores ambientales”, aseguró Miranda.
El coordinador del Cedib advirtió que las estrategias utilizadas en Bolivia no son únicas en la región, y que en todas las reflexiones y los análisis que se hacen sobre protección a defensores de derechos, y en este caso relacionados con medio ambiente y territorios, “lo que se observa es que las empresas y el Estado tienen un patrón que es general en todos los países”.
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