La Paz, 3 de enero de 2025 (ANF).- La reincidencia delictiva en Bolivia alcanza un alarmante 71%, según Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario. Este fenómeno evidencia fallas en las políticas penitenciarias y cuestiona la eficacia de las medidas de rehabilitación y sistema postpenitenciario implementados en el país.
“Por ejemplo, en Palmasola, de unos 10.000 presos que tiene, al menos 7.100 regresarán tras ser liberados; esto demuestra que la rehabilitación es inexistente y que los privados de libertad no solo reinciden, sino que cometen varios delitos antes de ser nuevamente detenidos”, explicó Llanos a ANF. El problema, según él, radica en un enfoque limitado que prioriza el encierro sobre la transformación integral de los internos.
La Dirección de Régimen Penitenciario indicó en 2023 que mediante el sistema informático “Estado Digital 4” se podrá determinar cuántas personas son las que reingresan a las cárceles y si las políticas de reinserción social y postpenitenciario están teniendo su efecto. En más de dos años no informó sobre ese dato.
Luisa Chipana, especialista en temas carcelarios, subrayó la importancia de un seguimiento postpenitenciario integral. “En Bolivia, las personas que se capacitan en las cárceles enfrentan enormes barreras al salir debido a su prontuario. Esto limita sus oportunidades laborales, llevando a muchos de ellos a reincidir”, afirmó.
Llanos propone un cambio radical en la forma de abordar la reincidencia y remarca que cuando un preso reincide, no debería volver a la cárcel, sino ingresar a un centro de trabajo. “El Código Penal lo contempla, pero no se aplica, es esencial que los internos trabajen para ganar su comida y regenerarse a través de actividades productivas”, remarcó.
Para Chipana, una alternativa está en la colaboración interministerial y el compromiso estatal que involucre la implementación de una Bolsa de Trabajo que garantice empleos dignos para exinternos. “Sin oportunidades legales de subsistencia, el sistema se convierte en una puerta giratoria”, advirtió. Destacó el ejemplo del Centro de Rehabilitación de Qalauma donde los jóvenes internos generan ingresos elaborando productos para empresas como EBA (Empresa Boliviana de Almendras y Derivados).
La falta de sostenibilidad en los proyectos penitenciarios también es un obstáculo significativo, indicó Chipana que resaltó que muchas iniciativas bien intencionadas fracasan debido a la rotación del personal y la ausencia de capacitación especializada. “El Estado debe apropiarse de los saberes generados por estos proyectos (algunos de ONG) para garantizar su continuidad y eficacia”, enfatizó.
Según Llanos, la participación del capital privado podría ser una solución viable. “Es vital crear espacios donde los exinternos, sobre todo los reincidentes, puedan regenerarse a través de maquilas o actividades agrícolas que les generen ingresos. Esto no solo aliviaría la carga del prediario estatal, sino que daría un mensaje claro sobre la reincidencia”.
Ambos expertos coincidieron en que la sociedad también debe cuestionarse, debido a que el estigma hacia los exprivados de libertad es un factor determinante. “Como ciudadanos, debemos reflexionar sobre cómo podemos contribuir a su reinserción y darles una segunda oportunidad”, comentó Chipana.
Llanos aboga por campañas dentro de los penales para concientizar a los internos sobre la importancia de no reincidir. “Al salir, deben firmar un compromiso de no reincidencia y asumir responsabilidad por sus actos”, afirmó.
La debilidad de la política penitenciaria también radica en la falta de motivación y profesionalización del personal penitenciario. Chipana sostuvo que “se necesita un cuerpo altamente capacitado y comprometido con la rehabilitación, sin esto, cualquier esfuerzo resultará insuficiente”.
Las soluciones propuestas exigen un enfoque multidimensional que trascienda los muros de las cárceles. Llanos y Chipana coincidieron en que la rehabilitación debe ser una prioridad estatal, apoyada por la sociedad civil y el sector privado. Solo así se podrá reducir la reincidencia y transformar el sistema penitenciario.
En definitiva, la reincidencia del 71% refleja no solo un fracaso de las políticas actuales, sino también una oportunidad para reformar el sistema.
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