Qalauma tiene la tasa de reincidencia más baja del país

La Paz, 6 de julio (ANF).- En el interior del invernadero del centro de reinserción social para jóvenes con responsabilidad penal de Qalauma, Lucio –un adolescente de 15 años, pequeña estatura y manos aguerridas– labra la tierra donde cultiva diferentes verduras y hortalizas. Conoce el trabajo porque antes de estar privado de libertad ayudaba en las labores agrícolas de su comunidad, cercana a Palos Blancos. 

Desde hace ocho meses se encuentra en detención preventiva –como el 90% de sus compañeros– esperando su juicio. Sus padres le visitan cada tres meses porque no alcanza el tiempo ni el dinero. Mientras tanto, se involucra en los talleres de capacitación que ofrece el centro dentro del modelo de justicia restaurativa, único y pionero en el país. 

En el recinto –que tiene un área de cuatro hectáreas donada por una familia de Viacha– viven 128 adolescentes, 118 hombres y 10 mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y 25 años. 

El centro tiene la tasa de reincidencia más baja del país con un 7% aproximadamente, apunta Ricardo Giavarini representante de la Pastoral Penitenciaria. En el resto de penales de Bolivia la cifra asciende al 80%, lo que deja entrever la herencia de “un sistema carcelario que no responde a la reinserción social, desde las infraestructuras hasta las escasas o inexistentes áreas de producción”, sostiene el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que promueve la necesidad de que se replique el modelo de Qalauma en todo el territorio. 

El modelo cuenta con los llamados círculos restaurativos, en los que la víctima se encuentra con su infractor y donde los padres juegan un rol importante de intermediarios en el perdón y la reconciliación. El apoyo postpenitenciario también es una prioridad en Qalauma, que ha formalizado convenios con más de 30 instituciones para que los chicos y chicas se inserten en empresas tras recuperar la libertad o continúen sus estudios. “la finalidad es que sigan con el proceso formativo y de oficios iniciado dentro”, explica Paola Toncich, responsable del Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo CVCS de la cooperación italiana, que apoya el proyecto. 

Desde que Ana María Romero de Campero soñara este proyecto y se pusiera en contacto con la ONG italiana Progettomondo MLAL (Movimiento Laico para América Latina) han pasado casi 15 años. 

El objetivo del proyecto desde su creación fue construir un lugar donde los adolescentes que vivían en recintos penitenciarios del país tuvieran la oportunidad de estar separados de los adultos, formaran parte de un proyecto educativo conforme a sus expectativas, contaran con un equipo de educadores que les acompañaran en el proceso de reinserción social y una infraestructura digna que permitiera aplicar la justicia penal juvenil restaurativa, como lo señala la ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión. 

Bajo ese modelo, cada adolescente al ingresar elabora su “plan de vida” en el que tiene que insertarse en talleres como costura, agropecuaria, carpintería, serigrafía, computación, electrónica o alimentación y al mismo tiempo continuar con los estudios hasta concluir el bachillerato en el Centro de Educación Alternativa (CEA) dependiente del Ministerio de Educación, que está en el interior del penal.  

“El 70% de los jóvenes no tienen el bachillerato y aquí pueden terminarlo. El 30% que sí lo tienen invierten el tiempo en otros talleres”, expresa Abraham Colque, director socioeducativo, que recalca que las actividades de ocio y estimulación artística también ocupan bastante tiempo en la rutina de los adolescentes.  

Con los diferentes espacios productivos se busca hacer el centro autosostenible –ellos producen sus alimentos– y generar hábitos de responsabilidad e ingresos para los privados de libertad. Fernando trabaja en la panadería desde hace dos años, un espacio en el que junto a otros 10 compañeros producen 2.500 kilos de galletas semanales para consumo interno y venta. Tras la reciente firma de un convenio con el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), un porcentaje alto de esas galletas se destinan al subsidio de lactancia materna. 

Mirko Villavicencio, representante de los jóvenes de Qalauma y anterior privado en San Pedro afirma que en otras cárceles “se maltrata a los jóvenes” y que este es “el primer centro a nivel nacional que da al joven perspectivas de vida y le dice no importa cuántas veces te caigas, párate porque nosotros te vamos a ayudar”. 

En todo el país hay alrededor de 7.500 adolescentes y jóvenes privados de libertad que conviven con adultos en los diferentes recintos penitenciarios. El proyecto a futuro –informó el ministro Romero– es que “se creen con urgencia más centros como este”. 

Retardación de justicia

De los 128 jóvenes de Qalauma solo 16 cuentan con sentencia, reproduciéndose el problema de la retardación de la justicia presente en todos los recintos penitenciarios del país. Según la ley estos adolescentes solo pueden estar en detención preventiva seis meses. Sin embargo, chicos como Héctor, Andrés o Luis afirman que llevan más de dos años esperando un juicio que no llega. 

Precisamente, para combatir dicha retardación este lunes 6 de julio el ministro de Gobierno Carlos Romero, el director general de régimen penitenciario y representantes de la cooperación italiana inauguraron la primera sala de audiencias a nivel nacional “equipada e implementada con las comodidades necesarias, para que los procesos se agilicen y se realicen en el mismo centro”, sostuvieron las autoridades. 

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