La Paz, 12 de diciembre de 2024 (ANF).- La tortura ha sido históricamente asociada con regímenes dictatoriales, pero un análisis del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) en Bolivia desafía esta percepción. Según los datos recopilados, se han registrado más casos de tortura durante gobiernos democráticos que en aquellos marcados por dictaduras.
Este fenómeno plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza de la violencia estatal en contextos democráticos.
La idea comúnmente aceptada es que la tortura es un remanente exclusivo de las dictaduras. Sin embargo, Emma Bravo, directora ejecutiva del ITEI, señala que este concepto es erróneo. La tortura no se limita a contextos represivos, ha encontrado un lugar en los marcos democráticos contemporáneos.
Desde 1952 hasta el gobierno de Evo Morales, el ITEI ha documentado numerosos casos que ilustran esta realidad. Los casos atendidos por el ITEI revelan que, desde 1952 hasta la actualidad, se han tratado 1.833 casos de tortura. De estos, 567 corresponden a gobiernos dictatoriales, mientras que 1.266 son atribuibles a gobiernos constitucionalmente elegidos. Los datos fueron dados a conocer en la mesa redonda “Juntos Contra la Tortura, por una Ley Integral”.
Esta estadística pone de manifiesto una alarmante tendencia: más personas han sido víctimas de tortura en contextos democráticos que bajo regímenes autoritarios. Un análisis más detallado, citado por Bravo, muestra que los picos más altos de tortura en Bolivia se registraron durante eventos específicos, como la Guerra del Gas en 2003 y los conflictos en Sucre y Porvenir. Estos eventos reflejan cómo las tensiones sociales pueden desencadenar prácticas represivas, incluso en administraciones electas.
Pilar Calveiro, una reconocida académica en el campo de los derechos humanos, citada por la activista, sostiene que “la expansión de las democracias globalizadas no ha desalentado la decisión política de torturar”. Esta afirmación resuena con los hallazgos del ITEI, donde se observa una continuidad inquietante en el uso de la tortura como herramienta estatal. A pesar de contar con sistemas judiciales modernos y mecanismos para prevenir abusos, la realidad es que la tortura persiste.
Los gobiernos a menudo niegan su uso y minimizan las denuncias presentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, señala Bravo. Esta negación se acompaña de represalias contra quienes se atreven a hablar. El impacto psicológico y físico de la tortura es devastador.
Las secuelas no solo afectan a las víctimas individuales, sino que también deslegitiman el sistema judicial “al crear culpables a partir de confesiones obtenidas bajo coerción”. “Esto contribuye a un ciclo vicioso donde los inocentes son encarcelados mientras los verdaderos culpables quedan impunes”.
En cuanto a los métodos utilizados hoy en día, el ITEI ha documentado una variedad alarmante. Las agresiones físicas incluyen golpes severos y asfixia, mientras que las agresiones psicológicas abarcan amenazas y aislamiento prolongado. Estas prácticas son llevadas a cabo principalmente por miembros de las fuerzas policiales y militares.
La falta de rendición de cuentas es una constante preocupante. A pesar de las denuncias realizadas por organismos internacionales y locales, las autoridades suelen evadir responsabilidades. En ocasiones, señala Bravo, incluso se observa complicidad entre fiscales y jueces para encubrir estos actos.
La tortura puede iniciar desde el momento mismo de la detención y continuar durante todo el proceso judicial. Las condiciones inhumanas en las cárceles bolivianas contribuyen a este entorno propicio para el abuso sistemático. Los traslados entre penales también son momentos críticos donde se pueden producir actos de tortura, refiere la activista.
El mapeo actual realizado por el ITEI revela que la tortura no es solo un vestigio del pasado, sigue siendo una realidad presente en Bolivia. La necesidad urgente de abordar este problema radica no solo en erradicar la práctica misma, sino también en reconocer su existencia dentro del marco democrático.
El desafío radica, refiere Bravo, en transformar esta dolorosa realidad mediante políticas efectivas y una verdadera voluntad política para erradicar la tortura en todas sus formas. “Solo así se podrá construir una democracia genuina donde prevalezca el respeto por la dignidad humana y el Estado de derecho”.
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