La Paz, 16 de enero de 2025 (ANF).- Comunarios de Totoral Chico y las autoridades indígenas del Ayllu Acre Antequera expresaron su rechazo a la consulta previa promovida por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para la operación de la Empresa Minera Salvada Sociedad Colectiva en la zona, alegando que no cumple con los estándares nacionales ni internacionales.
Hernán Roque, autoridad del Consejo de Justicia del Ayllu Acre Antequera, denunció que la AJAM orienta al actor productor minero sobre cómo presentar la consulta, utilizando convenios y artículos de la Constitución, pero sin garantizar el cumplimiento de los derechos de la comunidad.
“La AJAM al actor productor minero le pregunta y le da todas las condiciones para que vayamos a la consulta previa, por ejemplo, le orienta que utilice los convenios, el artículo 30, el artículo 403 de la Constitución, le dice qué nos ofrece a cambio de ese trabajo que va a realizar", afirmó Roque a la consulta de ANF.
A pesar de la orientación proporcionada, la consulta no ha sido transparente ni legal. Roque señaló que los parámetros legales y ambientales establecidos no se han cumplido y, aun así, la comunidad participó en la segunda fase de la consulta.
Sin embargo, las irregularidades persisten. “Como dice el reglamento, la consulta debería ser libre, previa e informada, pero no lo es. Han dividido a la comunidad, han colocado dirigentes paralelos sin legitimidad, están operando sin contrato y la información proporcionada es contradictoria", expresó.
Roque destacó que la consulta no puede considerarse previa porque la empresa ya está operando, ni libre, debido a la imposición de liderazgos paralelos y la presión ejercida dentro del campamento minero. Además, aseguró que hay desinformación, ya que inicialmente se habló de una cuadrícula de explotación y luego se mencionaron 67.
A estas preocupaciones se suman denuncias de agresiones y procesos judiciales abiertos contra comunarios que se oponen a la explotación minera y contra mineros agresores de comunarios.
“Dicen que no están explotando, pero están en predios de la Comibol sin contrato. Además, han agredido a nuestros comunarios y nos enfrentamos en un proceso penal”, aseveró Roque.
El dirigente también acusó al sindicato de la empresa minera Salvada de ejercer una “fuerte presión” sobre la comunidad con el respaldo de la Federación de Mineros, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad. “Ellos ordenan a la AJAM cuando quieren algo”, denunció.
Beatriz Bautista, abogada de la organización Qhana Pukara, enfatizó que la comunidad rechaza la consulta debido a su carácter irregular. “Esta consulta es falsa, no cumple los estándares internacionales ni acata las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)”, declaró a ANF.
Bautista indicó que la AJAM notificó a la comunidad sin una fase previa de preparación, lo que infringe los protocolos exigidos por organismos internacionales. “El derecho al consentimiento previo, libre e informado ha sido reducido a un mero trámite administrativo de tres reuniones deliberativas”, explicó.
La abogada recordó que la CERD instó al Estado boliviano a elaborar una ley y protocolos efectivos para garantizar el derecho de consulta de los pueblos indígenas, pero “hasta ahora, el Estado ha ignorado estas recomendaciones y otras del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos”.
Según Bautista, la empresa Salvada opera ilegalmente en la zona desde hace décadas y ahora busca formalizar su presencia mediante una consulta irregular. “Después de tantas denuncias públicas, ahora dicen ‘haremos la consulta’, pero esta es una consulta falsa que no cumple los estándares internacionales”, señaló.
La consulta no es previa porque la actividad minera ya está en curso, ni libre, debido a la persecución judicial contra comunarios. Tampoco es informada, ya que no existen estudios ambientales sobre el impacto futuro de la minería en la región.
El conflicto escaló en abril pasado, cuando miembros del sindicato minero Avicaya atacaron a comunarios de Totoral Chico que protestaban contra la invasión de tierras de pastoreo y el incumplimiento de normativas ambientales.
El problema se agrava con la situación ambiental. Bautista alertó que la operación minera está afectando el ecosistema de la región, “está cortando el agua, desmontando montañas sagradas y contaminando la zona”.
La falta de transparencia en el proyecto minero también genera desconfianza. “El proyecto dice que solo trabajarán 23 mineros, pero en la zona ya operan más de 200. También afirman que solo usarán herramientas manuales, pero han subcontratado empresas con maquinaria avanzada”, subrayó Bautista.
Las autoridades indígenas del Ayllu Acre Antequera consideran que la consulta es una maniobra de la AJAM y la empresa Salvada para legitimar una explotación minera impuesta. “Es absurdo que se haga una consulta sin consentimiento, solo como un trámite”, manifestó la abogada.
Bautista también cuestionó la Ley Minera, que establece tres consultas y deja la decisión final en manos del Ministerio de Minería, ignorando la negativa de la comunidad.
En este contexto, la comunidad de Totoral Chico anunció que continuará resistiendo y explorará vías constitucionales para frenar la imposición de la actividad minera en su territorio.
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