La Paz, 24 de octubre de 2023 (ANF). - De acuerdo al monitoreo satelital de la ONG ecologista Greenpeace, Bolivia es el segundo país más focos de calor a nivel mundial con 1.039, se ubica después de Australia que tiene 5.784 puntos calientes. Los legisladores de la oposición y oficialismo proponen endurecer las sanciones punitivas contra quienes provoquen los incendios.
Según el mapa consultado esta tarde, señala que el departamento del Beni es la región más afectada con 541 focos de calor, seguido por Santa Cruz con 287, Cochabamba con 62, La Paz con 44 y Pando con 5. Mientras que en Potosí y en Oruro no se presentan incendios.
Con relación a la afectación mundial por el un total de 15.264 focos de calor, Australia concentraba 5.784 puntos de quema, Bolivia, 1.039, Brasil 1.013, Mozambique 867 y China 647. Además, señala que una de las principales razones de los incendios es la degradación forestal: la tala, la ganadería, la industria del aceite de palma, la agroindustria no sostenible que conduce a la pérdida de bosque.
Debido a los incendios que se registran en el país, la contaminación del aire se incrementó en diversas regiones del país. Santa Cruz declaró alerta roja sanitaria, se suspendieron las clases presenciales. Mientras que en La Paz también se evidenció una densa neblina a causa de los chaqueos, en los Yungas se postergaron hasta que se reduzcan los niveles de humareda.
Sin embargo, el director de Gestión Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Omar Tejerina, informó que hasta el lunes se contabilizaron 3.288 focos de calor en todo el país, mientras que este martes se redujeron a 422 puntos calientes, debido al trabajo de control de quema que realizan los voluntarios, bomberos y uniformados de las Fuerzas Armadas.
“Según el reporte a nivel nacional, hasta ayer teníamos 3.288 focos de calor, esto es inusual porque a comparación del año pasado en esta época ya no teníamos incendios, la falta de lluvias, las temperaturas altas y el uso de fuego de algunas familias están provocando incendios activos”, explicó.
Al respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar informó que junto a su colega Luciana Campero y especialistas en el tema están trabajando en un proyecto de ley, que permita endurecer las sanciones contra aquellos que, de forma premeditada, provoquen incendios. Dijo que se presentará en el Legislativo para su consideración.
“Hemos trabajado con la diputada Luciana Campero y varios expertos que tiene conocimiento en el tema, estamos trabajando en normas que no solamente se vinculan a la sanción, sino que también a la prevención. En el transcurso de los próximos días vamos a presentar el proyecto de ley para que sea tratado en la Asamblea Legislativa”, explicó.
Al respecto, su colega arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Zacarías Laura coincidió con Nayar y consideró que es necesario incrementar las sanciones penales y pecuniarias, dijo que desde la brigada parlamentaria se presentará una propuesta.
“Se tiene que realizar un proyecto de ley, en la cámara de diputados hay propuestas para endurecer las sanciones contra los chaqueos. Si bien se realiza chaqueos en los campos se tiene que hacer de forma responsable, hay quemas irresponsables que deben ser sancionados. Nosotros vamos a estar de acuerdo para endurecer las sanciones penales”, afirmó el legislador.
La Ley 1171 de Uso y Manejo Integral de Quemas establece un parámetro de sanciones contra aquellos que realicen quemas sin autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Por ejemplo, en propiedades colectivas la multa por hectárea quemada es de 1 UFV (unidad de fomento a la vivienda) que equivale a Bs 2,46. La sanción por una hectárea quemada en propiedad empresarial es de 6 UFV, es decir que equivale a Bs 14,76.
Mientras que el artículo 206 del Código Penal establece una pena de dos a seis años para delitos ambientales, que no amerita la detención preventiva y los responsables pueden salir con el perdón judicial.
Desastre
Las diputadas de CC Luisa Nayar y Janira Román enviaron una carta al presidente Luis Arce solicitando que declare desastre ambiental con el fin de movilizar recursos y atender la crisis por los incendios forestales, la sequía y la escasez de agua.
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