La Paz, 2 de diciembre de 2024 (ANF).- Bolivia ha pasado varias crisis de carácter político, social y económico a lo largo de la historia, pero una crisis ambiental como la actual no se registró “jamás” en la forma, magnitud y con las características vividas el 2024, según diversas fuentes que hacen seguimiento a la temática, que advierten sobre los riesgos que se ciernen sobre la existencia de los pueblos indígenas.
En los últimos 18 años, particularmente en el periodo 2006-2024, los incendios forestales fueron incrementándose paulatinamente, llegando a cifras consideradas récords. De 6 millones de hectáreas quemadas en el 2010, el país pasó a las 6,2 millones en el 2023, pero la cifra trepó hasta 10,1 millones en el 2024, solamente contando hasta septiembre, aunque los incendios se extendieron hasta finales de octubre.
Por otra parte, en ese mismo período, también se expandió el modelo soyero-ganadero exportador, a “costa” de bosques y “respaldado” por políticas estatales contenidas en la Agenda Patriótica 2025, que emerge de la Cumbre denominada Sembrando Bolivia y que dio paso a autorizaciones de desmontes.
Finalmente, las operaciones extractivistas mineras se incrementaron a “gran escala”, sobre todo en los ríos del norte del país.
Esta crisis se describe por la suma de situaciones de degradación y deterioro ambiental como devastación de ecosistemas de alta fragilidad ecológica, niveles muy críticos de contaminación y pérdidas catastróficas de bosques y de biodiversidad. A lo que se suma, el colapso de gestión en las Áreas Protegidas y otras unidades de conservación.
Los efectos drásticos del cambio climático y Enso (El Niño-Oscilación del Sur) ya se expresan en sequías extremas y pérdidas de recursos hídricos, lo que atenta “peligrosamente” contra la supervivencia de los pueblos indígenas en la Amazonía boliviana, alertaron ambientalistas.
Minería contra la biodiversidad
La devastación de ecosistemas y la elevada contaminación, es provocada por las operaciones mineras a gran escala, sin regulación ni control, y con amplio apoyo de instancias de Estado, señaló Marco Ribera, científico de la Asociación Savia.
Indicó que en los ríos y humedales de la Amazonía boliviana se registra una elevada contaminación por metales pesados: arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio.
Señaló que se libera un promedio de 150 Tn (toneladas) de mercurio/ año y se utilizan 15 Kg (kilogramos) de mercurio /Kg de oro; lo que provoca el incremento de los casos de cáncer.
De acuerdo a un estudio en poblaciones indígenas de la Amazonía de Bolivia (2021), todos los casos superaron el límite permitido de mercurio (5 microgr/l). La mayoría de las personas tenían en promedio siete veces más de lo aceptable de mercurio en la sangre y en muestras de cabello; hubo casos de hasta 27 veces por encima del límite, según un estudio realizado entre el Cedib y la Universidad de Cartagena de Colombia.
Debido a la contaminación, se encuentran afectadas de forma “crítica” la Cuenca alta del río Beni, Cuenca Mapiri-Kaka, el río Beni y el río Madre de Dios. En tierras altas: bofedales de Apolobamba, Pelechuco, ríos de Los Yungas de La Paz (15), la Cuenca Poopó y la Cuenca Pilcomayo. Las actividades mineras, son las mayores responsables de la generación de zonas de sacrificio ambiental en diversas regiones del país.
Pérdidas “catastróficas” de bosques y de biodiversidad
De acuerdo a Ribera, la crisis ambiental se ahonda con las pérdidas “catastróficas” de bosques y de biodiversidad, debido a los mega incendios y fenómenos naturales, que se registraron principalmente en el 2019, 2023 y 2024.
En 2023, Bolivia ocupó el tercer lugar en el mundo con la mayor pérdida de bosques primarios, después de Brasil y El Congo, con la cifra récord de 495.000 hectáreas (GFW MAP BIOMAS); la soya fue el primer cultivo causante de la deforestación con 1,5 millones de hectáreas (MHa) y la ganadería con 1,75 MHa, en ese año.
En el periodo 2000-2020 se utilizó 2,1 millones de toneladas (Tn) de agrotóxicos (Probioma Nómadas). Sólo en el 2019 se utilizaron 100.000 Tn de agrotóxicos.
Mega incendios
Los incendios forestales registrados al cierre de septiembre de 2024 destruyeron más de 10,1 millones de hectáreas (Guarayos, Amazonía norte, Chiquitanía), superando ampliamente todos los récords históricos de los últimos años. De ese total, 5,8 millones de hectáreas (58%) corresponden a cobertura boscosa, que en mayor proporción se encuentra en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Se estima que esta cifra se incrementará a 11 millones o más en esta gestión, debido a que los incendios persistían en noviembre, el último incendio se registró en el Madidi.
También fueron “alarmantes” las cifras de quemas de bosques que se registraron en el 2023, con 6,2 millones de hectáreas (Amazonía Preandina sudoeste) y en el 2019 con 6 millones (Chiquitania).
Además, los mega incendios registrados 2019-2024 causaron daños irreversibles a 30 millones de especímenes de fauna de vertebrados, 120 millones de árboles, 3 billones de invertebrados y plantas no arbóreas. Fauna y flora eliminada a gran escala, que eran medios de vida fundamental de las poblaciones locales.
Temas transversales que empeoran la crisis ambiental
Existen temas transversales y de raíz que mantienen y empeoran la crisis ambiental, según Ribera y la Fundación Tierra, entre ellos, la vulneración y no observancia de normas de diverso rango, empezando desde la Constitución; el modelo de Desarrollo; avasallamientos, tráfico de tierras y desmontes; expansión del agronegocio y frontera agrícola en Santa Cruz; muy deficiente y muy mala gestión ambiental; deforestación y autorizaciones de desmonte de la ABT; escasa y hasta “irrisoria” asignación presupuestaria del TGN para el tema ambiental 2024, que representa el 0,96% del PGE (Presupuesto General del Estado).
En la actualidad, debido a los factores citados anteriormente, existen 6 áreas protegidas en condición muy crítica: Tipnis, Madidi, Apolobamba, Carrasco, Cotapata, Pilón Lajas. 11 áreas en condición crítica: San Matías, Otuquis, Kaa Iya, Tariquia, EBB, Palmar de Chuquisaca, Manuripi, Aguarague, Amboro, Noel Kempff Mercado, Tunari y 5 en condición medianamente critica: REA, Sajama, Iñao, Cordillera de Sama y Toro Toro.
¿Los pueblos indígenas están destinados a desaparecer?
De acuerdo a Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), los pueblos indígenas se enfrentan a una crisis ambiental, energética, económica e institucional. La ambiental afectó a miles de familias indígenas, campesinas en la Amazonía, en el norte amazónico del Beni y el norte de La Paz.
“Las familias indígenas se han visto desplazadas por los incendios, los pueblos ayoreos, chiquitanos se vieron obligados a dejar sus hogares, perdieron sus cultivos, sus sistemas agroforestales. Sus fuentes de agua han sido contaminadas por los incendios, por la sequía, y encima tienen problemas bien serios respiratorios por la contaminación del aire, eso es irreversible”, dijo.
Señaló que de los 34 pueblos indígenas que existen en tierras bajas, 18 se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, que podrían estar destinados a “desaparecer” por esta crisis.
“¿En qué se sustenta esta posibilidad?. Tenemos en el país más de 30 años de demanda, por consolidación de territorios indígenas, 24 millones de hectáreas tituladas a favor de TCOs (Tierras Comunitarias de Origen), son una parte de las 36 millones demandadas de manera histórica, quedan 12 millones por atender, el Estado boliviano tiene una deuda histórica de atender a los pueblos indígenas”, sostuvo.
Dijo que lo que está en disputa, pendiente de titulación, solamente alcanza a 7 millones de hectáreas de acuerdo a datos del INRA; que no están destinadas a atender la demanda histórica de los pueblos indígenas, más bien va a favorecer la demanda de pequeños y medianos propietarios.
Señaló que esto se debe a los cambios de la política agraria nacional, que están llevando a un retroceso, en la forma de tenencia de la tierra en el país. “Estamos parcelando los territorios indígenas de carácter colectivo y se está privilegiando la dotación de pequeñas parcelas entre 50 a 20 hectáreas, de acuerdo a la región principalmente en Santa Cruz y el Beni”.
Por otra parte, indicó que, de enero hasta fines de octubre, 51 de las 58 Tcos, han tenido presencia de focos de calor. El 45% de la superficie titulada fue afectada por incendios forestales; incluso en las áreas de producción de la castaña, una de las principales fuentes de la economía de los pueblos indígenas.
Clara Masay, secretaria de Tierra y Territorio de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, da testimonio de ese escenario desolador.
“Hemos sufrido un verdadero desastre los últimos meses”, comenta en relación a los casi cinco meses de incendios en Beni, Pando, pero particularmente Santa Cruz y la región chiquitana de ese departamento. “Algo más de 6 millones de hectáreas se han quemado en nuestros territorios”, reclama, sin que nadie se haga responsable.
Cuestionó la impunidad con la que operan quienes prenden fuego en los bosques, recordó que desde 2019, cada año, sufren incendios con 4.000, 5.000 hectáreas quemadas, pero que este 2024 para ellos “fue fatal, desastroso, fue un asesinato a nuestra biodiversidad, a la fauna, a la flora y a los bosques en nuestros territorios”.
La dirigente alerta que uno de los problemas que enfrentarán los pueblos indígenas más afectados por los incendios será la seguridad alimentaria, debido a que en muchas comunidades el fuego arrasó con los cultivos y sus medios de vida y subsistencia.
Familias evacuadas de la TCO Monteverde, Concepción. Foto: Gentileza Doris Chacón/ septiembre de 2024
Sin embargo, no solo es el problema de incendios, sino que -por ejemplo- el 80% de las TCOs en tierras bajas se encuentran sobrepuestas a áreas de reserva hidrocarburífera. Vargas dice que desde el año 2013 al 2023, se firmaron 46 contratos petroleros, sin la consulta previa establecida en la CPE.
Otros territorios deben enfrentar el incremento de contratos administrativos mineros y de minería ilegal en TCOs y Áreas Protegidas. La construcción de proyectos carreteros viene afectando a territorios con presencia de pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial.
Vargas apuntó que el agronegocio articula los intereses de ganaderos, agroindustriales, interculturales y campesinos, en desmedro del medio ambiente, los bosques y los territorios indígenas.
“A esto, se debe añadir la presencia de empresas en territorios indígenas, que están llegado con falsas soluciones, me refiero a las empresas que quieren comprar carbono, en este momento de las 58 TCOs, ocho ya han firmado contratos con las empresas que gestionan la comercialización de carbono, atentando contra la soberanía territorial de los pueblos. Así también con la producción de palma aceitera, que se concentra el norte de La Paz, los pueblos Chimanes y Ese Ejja, se encuentran en alta vulnerabilidad”, alertó.
/Para Sumando Voces/
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