La Paz, 22 de noviembre de 2023 (ANF).- El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Javier Gisbert, señaló que Édgar Salazar, presidente de la APDH de Bolivia afín al gobierno, no tiene la talla moral para hacerse llamar activista de los derechos humanos, tras una denuncia de estafa en su contra.
“Salazar, daña la imagen de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, no tiene ética ni la estatura moral en la defensa de los derechos humanos, se lo ha demostrado con absoluta claridad con todas estas actitudes que asumió”, afirmó Gisbert en declaraciones a la ANF.
Este lunes, Salazar fue denunciado de estafa por un par de personas que aseguraron que les pidió dinero para garantizar el ingreso de sus familiares a la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre.
Las personas afectadas exigieron la devolución de Bs 10.000, recursos que presuntamente fueron depositados en la cuenta bancaria de un amigo de Salazar, para garantizar que los postulantes ingresen a la Normal este año, pero no sucedió.
Salazar se habría comprometido a devolver los recursos, pero hasta la fecha no lo hizo. Esto provocó que los familiares de las víctimas lo increpen en la ciudad de Sucre, lo retuvieron entre empujones y forcejeos para liberarse de quienes lo acusaban de estafador.
En un video se ve a Salazar entre dos personas, una de ellas claramente lo acusa: “Nos has estafado, Édgar”, entre tanto él habla de un documento en el que se debía “aumentar el folio real”.
Por el contenido del material audiovisual la afectada quiere que en el documento quede claro la razón de la “deuda”.
Mientras que otro hombre en tono de reproche a Salazar, le reclama que le ha “fallado” durante un año, que cada vez se comprometía a pagar, pero no cumplía. Incluso decía que “estaba en reuniones con el Ministro. Al Ministro igual lo metes”, afirmó.
Javier Gisbert manifestó que “no le extraña esta actitud” porque devela la calidad de persona que es, lamentó la “protección del gobierno” para operar con impunidad, como lo hizo en la toma violenta de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en La Paz.
Criticó que las instituciones estatales como el Servicio de Impuestos Internos sean usadas por este perfil de personas. “Es el avasallador protegido”, comentó.
Salazar fue citado por la fiscalía a prestar su declaración ante la denuncia por defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios públicos a denuncia de Mayerlin Martínez Segovia, Santiago Vásquez Cuéllar y Juan Vásquez Cuéllar, según el diario Correo del Sur.
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