La Paz, 29 de mayo (ANF).- El expresidente y vocero de la causa marítima Carlos Mesa cree que no es un “rival” político para el Gobierno, aunque reivindicó el derecho democrático y legítimo de “ser si quisiera un candidato” a la presidencia en las elecciones de 2019.
Mesa reprochó la actitud del Gobierno que lo considera no un “adversario político” que sería muy democrático sino un “enemigo político”, en una equivocada percepción de que se perfila como un posible candidato para las elecciones nacionales.
“Yo no soy rival político, que podría serlo, porque además estoy en mi derecho democrático. Mi derecho legítimo de ser si quisiera un candidato, porque aquí ya estamos llegando a un punto en que parece un delito el que uno quiera ser un candidato”, dijo Mesa a los medios de comunicación.
Mesa se presentó ante la comisión de oposición legislativa que investiga el caso Lava Jato, para explicar su gestión en los procesos de licitación para la adjudicación de obras viales, entre 2003-2005.
Observó que el Gobierno en su afán de anular a sus eventuales “adversarios” ha recurrido a judicializar la política. La judicialización de la política se ha convertido en la norma que usa el gobierno para anular a quienes considera, porque su subjetividad así lo plantea, que son posibles adversarios en una candidatura presidencial ilegal del presidente Morales”, afirmó.
Así respondió el exmandatario en relación a las últimas encuestas en la que la intención de voto le favorece. Según la revista Poder y Placer, el binomio Mesa y Rubén Costas obtendría 31% en intención de voto, frente al 28,1% que obtendría la dupla Evo Morales y Álvaro García Linera, por debajo otras alternativas.
Agradeció a quienes creen que puede ser una opción electoral pero sostuvo que no es el momento de hablar de política, ya que es evidente que existe una actitud de “demolición política” en contra de su persona.
Quiborax
Después que este lunes se conoció que la Fiscalía General del Estado ya hizo conocer al Tribunal Supremo de Justicia el inicio del proceso contra Mesa por el caso Quiborax, la exautoridad se mostró sorprendida por la velocidad con la que actúa el Ministerio Público.
“Quiero saber si hay algún caso en el que se haya actuado con la celeridad del rayo en un sistema judicial más lento que la tortuga”, sostuvo Mesa, al observar que en cuatro días desde que el Procurador General del Estado, Pablo Menacho presentara la denuncia, la Fiscalía ya puso en conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia la demanda.
“El 22 (de mayo) el Procurador dice que va a abrir una acusación y presentar una acusación ante el fiscal, el 26, cuatro días después un miembro del Tribunal Supremo de Justicia dice que han recibido de la Fiscalía la petición del Procurador”, hace notar Mesa.
Menacho presentó la denuncia después de que Bolivia perdió un juicio internacional con la empresa chilena Quiborax, bajo el argumento que se incumplieron leyes e incluso se emitió un decreto ilegal, que finalmente derivó en una controversia con la firma extranjera.
La denuncia fue presentada por los delitos de \"resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica\".
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia y ahora el país deberá pagar 48,6 millones de dólares a Quiborax.
“Como puede ser que la Procuraduría me acuse con los argumentos que son exactamente contrarios a los que sostuvo en la defensa de Bolivia. Como puede ser posible que haya perdido 46 millones de dólares ante una empresa que invirtió menos de un millón de dólares (y) me cargue a mí una decisión de esa naturaleza”, cuestionó el expresidente.
Anticipó que asumirán todas las acciones de manera inmediata, porque se siente absolutamente indignado por el manejo que realiza el Gobierno en este caso. “
“Estoy verdaderamente indignado, por cómo se pretende cubrir lo mal que han hecho el Ministro de Defensa y tres procuradores en defensa del Estado”, sostuvo la exautoridad.
Porque además dijo que las autoridades entienden que la separación y la coordinación de poderes es el sometimiento del Ministerio Público y la Justicia al Órgano Ejecutivo, por lo que las instituciones no actúan con independencia en sus actos.
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