La Paz, 22 de enero de 2024 (ANF).- La relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, expresó este lunes su “grave preocupación ante el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales en Bolivia.
“El derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial. En Bolivia, para las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, la Constitución requiere la elección de candidatas y candidatos calificados que hayan sido examinados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La participación de la sociedad civil en todas las etapas es importante para fortalecer la credibilidad en el proceso”, afirmó Satterthwaite.
La experta destacó que la ausencia de acuerdos políticos se ha traducido en el vencimiento de los mandatos de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
“La realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia”, recalcó la experta, “Con esto en mente, insisto en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a las y los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de elecciones”.
El mandato de las altas autoridades judiciales elegidas en 2018 finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que se hubieran celebrado elecciones de nuevas autoridades judiciales. A fines de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió ampliar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional “de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades”, según la sentencia 0049/2023.
“El derecho a un juicio justo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) especifica que un tribunal competente, independiente e imparcial es una de las garantías del debido proceso,” dijo Satterthwaite.
Destacó que las normas internacionales sobre la independencia de la judicatura dejan claro que el requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de los jueces, y a las garantías relativas a su seguridad en el cargo y a sus condiciones de servicio.
"Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido", dijo Satterthwaite.
La Relatora Especial recordó que su antecesor realizó una visita oficial al Estado boliviano en febrero de 2022. “Insto a las autoridades bolivianas a implementar las recomendaciones formuladas en su informe de visita”, puntualizó Satterthwaite.
La Relatora Especial ha estado en contacto con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con estas preocupaciones.
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