No pretendo aquí hacer más leña con el árbol caído (que ya lo está y mucho) sobre el desempeño -principal, aunque no exclusivamente- de la dupla investigativa Policía y Ministerio Público; pero lo recién acontecido en Sucre con la falsa imputación de un taxista nada más ni nada menos por asesinato, lo que condujo a su estigmatización en las RRSS hasta de su familia, ojalá no su perversa presentación ante los medios y su detención domiciliaria, debiera encender las alarmas. Muy bien por la Juez, cuando pese a todo (presión de los medios, defensa de la víctima, etc) cumplió su rol de garante de derechos del imputado y hasta dio la cara explicando su resolución ante los mismos medios que la cuestionaban por no haberle metido no más la detención preventiva. Al final del día, tarde pero por fin, la misma Policía que había sindicado al ciudadano como el autor del tremendo crimen indicando que habían contradicciones en su declaración (¿acaso eso es suficiente?), reculó estableciendo que su víctima (el taxista) no había sido el autor de los hechos: les falta dar con el verdadero.
El caso que lamentablemente no es el único como bien sabemos y tememos los Abogados, me ha hecho recuerdo -mutatis mutandis, que conste- aquellos temibles de los falsos positivos de Colombia (2002- 2008), cuando los militares apremiados por presentar “resultados” de su combate contra la temible guerrilla, le metieron no más la ejecución extra judicial de campesinos pretextando que habían muerto en combate por la presión para presentar “bajas”. La Jurisdicción Especial para la Paz está investigando esos crímenes que hace tiempo atrás la Human Rights Watch y otros organismos, los habían puesto en evidencia.
El tema es qué a la vista del deplorable estado de nuestro sistema de administración de justicia, cuya rama penal encabeza los peores rankings de desempeño incluso global (World Justice Proyect, por ejemplo); la ocurrencia de esos falsos positivos presentando, acusando o peor, encarcelando a inocentes por errores o mejor, horrores de los operadores de ese sistema, constituye un producto hasta “natural” de ese estado del arte. Si a ello le sumamos su inocultable falta de independencia, objetividad, institucionalidad además de corrupción, falta de transparencia y otros vicios que aquejan al sistema, tenemos el escenario servido para florecer ese tipo de casos, que por mucho que se descubran si es que se descubren, es muy pero muy poco probable se ajusticien: entre bomberos, no se pisan sus mangueras.
Con todo, en el caso del taxista, hay que aplaudir el rol de la Juez de Instrucción. Escuché su entrevista con los medios y a partir de lo que habían explicado públicamente el MP y la Policía sobre esas contradicciones en la declaración del taxista; dejó claro que no habían suficientes indicios siquiera, para tomarle como probable autor del hecho, por lo que optó por la medida ”menos lesiva” como fue la detención domiciliaria. Otros, le hubieran metido no más, cediendo ante la presión de los medios y la indignación que ha concitado ese asesinato.
En el fondo, es temible que a esta altura del desarrollo de los medios investigativos – las mismas filmaciones de las cámaras de seguridad, han terminado develando la inocencia del taxista-, los acusadores dependan más allá de las urgencias procesales, de la sola declaración del investigado. ¿Acaso una contradicción es simple indicio de culpabilidad del peor delito del catálogo penal?
Habrá por supuesto que sumar que esas urgencias en el caso de la Policía están siendo extremas y podrían darnos idea de sus prisas y gruesos errores: días antes, varios Policías fueron imputados por escoltar camiones de contrabando en Sucre; sólo en enero 2025, 10 policías fueron dados de baja por corrupción; en Oruro se está investigando a otros por formar parte de asaltantes en sociedad con internos de la Cárcel de Uyuni y su Comandante acaba de hacer el ridículo aseverando que el 99% de sus efectivos son angelitos, etc. La presentación pública de “los culpables” por el ignaro Mingobierno, es sencillamente repugnante haciendo escarnio de algo tan elemental para un estado de Derecho como es el estado de inocencia. Hasta el somnoliento Defensor del Pueblo ha dicho algo.
Ciertamente salvando las excepciones qué por supuesto existen, aunque dudo y mucho de ese porcentaje del Comandante, existe un gravísimo problema de hiper corrupción en el verde olivo y, a ante la debilidad del Ministerio Fiscal, su crónica congestión de casos y otros factores que no les permite ejercer real dirección funcional de la investigación; el riesgo de otros falsos positivos es altamente evidente. El dique de contención de esas pulsiones autoritarias son los Jueces, cuyo sistema también tiene graves deficiencias que integran el conjunto del sistema. Si bien una golondrina no hace verano, con todo la Jueza de Instrucción hizo muy bien su rol de garante (pese a la domiciliaria qué a la vista del escándalo, resulta también excesiva), pero urge parar la oreja para que no se multipliquen esos horrores del sistema de justicia maltratando a personas inocentes quemándoles en la hoguera del sistema y de los medios incluyendo las RRSS. Cierro con la clásica, aunque con una de sus variantes: “MÁS VALE PERDONAR A VEINTE CULPABLES, QUE CASTIGAR A UN INOCENTE” Pietro VIERRI
Arturo Yañez Cortes
