La Paz, 24 de enero del 2025 (ANF). – Los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado e Yván Espada se acogieron este viernes a su derecho a guardar silencio en la audiencia preliminar ante el comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados.
La vocal del comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara Baja, Lidia Tupa (arcista), informó que los denunciados asistieron a la audiencia virtual y la única que no se presentó fue la exmagistrada Brígida Vargas porque no se logró notificarla.
“Ante las dos denuncias presentadas, todos estos denunciados han prestado su declaración informativa conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado. Se han abstenido a declarar. Han hecho uso de su derecho al silencio lo cual no significa que entorpezca la investigación, es el derecho que todo ciudadano tiene de abstenerse a declarar”, señaló Tupa a la ANF.
Los "magistrados" fueron denunciados, ante el comité del Ministerio Público, por la exautoridad del Estado, Wilson Santamaría, y los ciudadanos María Elizabeth Oporto y René Félix Navarro. Son dos denuncias. A parte de Espada y Hurtado, en la lista de denunciados están Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Brígida Vargas (esta última, exmagistrada).
Los presuntos delitos por los que son investigados son resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, prevaricato, usurpación de funciones y nombramientos ilegales.
La diputada Tupa explicó que se trata de un procedimiento especial establecido en la Ley 044 de “Juzgamiento del Presidente, Vicepresidente, de altas autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado”.
“En primera instancia, nosotros verificamos si existe la comisión del delito, si el hecho denunciado ha existido, si corresponde iniciar un juicio de responsabilidades que debe autorizar la Asamblea Legislativa en pleno. Estas son investigaciones preliminares”, precisó Tupa.
El comité del Ministerio Público deberá emitir un informe a la comisión de Justicia Plural y posteriormente el pleno de la Asamblea Legislativa deberá aprobar o rechazar un juicio de responsabilidades. Sin embargo, hasta que llegue a esa instancia debe seguir un procedimiento.
Los magistrados autoprorrogados son cuestionados porque cinco de ellos cumplieron su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2023, que establece seis años. Además, conviven con cuatro magistrados electos por el voto popular.
El diputado evista del Movimiento al Socialismo (MAS) Renán Cabezas denunció que el arcismo busca impunidad y librar de culpa a los autoprorrogados.
“Queremos denunciar que en ese momento sea realiza una investigación ilegal e irregular en el comité del Ministerio Público (de Diputados). Aquí hay un contubernio, la derecha boliviana denuncia y el gobierno de Arce respalda para generar impunidad para los autoprorrogados”, denunció Cabezas.
El diputado Marcelo Pedrazas cuestionó que el comité haya permitido que los magistrados autoprorrogados se presenten en audiencia virtual y no presencial.
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