La Paz, 28 de agosto de 2023 (ANF).- El abogado Jorge Valda denunció que mediante un proceso lento de tortura psicológica y humillaciones, el Ministerio de Gobierno busca que los dirigentes cocaleros César Apaza y Raúl Uría se declaren culpables de delitos que nunca cometieron como única posibilidad para que obtengan su libertad.
Valda calificó todos los actos jurídicos “aberrantes” y los maltratos a los que son sometidos los dirigentes cocaleros como una “inmoralidad jurídica” que solo busca que se acojan al juicio abreviado ante la imposibilidad, generada por el Gobierno, de que consigan justicia.
“Es un mecanismo de presión, es un mecanismo de extorsión para que, a partir del agotamiento, del miedo, del cansancio, de la impotencia que se siente no tener justicia, terminen declarándose culpables de delitos que jamás han cometido”, señaló el jurista a ANF.
Valda citó que en el caso de Raúl Uría pese a no existir ninguna prueba en su contra lo mantienen preso por ya casi un año y a César Apaza le privan del derecho a la salud luego de haber atentado contra su vida y le crean nuevos casos penales donde el pasa de víctima a agresor. El propósito del Ministerio de Gobierno y de los operadores de justicia es desmoralizarlos para que se autoincriminen, remarcó el jurista.
“Cómo es posible que Raúl Uria esté detenido por tráfico ilícito de armas cuando no se le ha encontrado ninguna munición o explosivo, nada, los mismos policías han señalado que no les consta lo que les hicieron firmar porque fue realizado por personal de inteligencia del Ministerio de Gobierno, que no tiene ni nombre ni apellido que los identifican”, señaló el abogado.
Enfatizó que esa información no puede ser válida para procesar a una persona, pero “con ese tipo de pruebas creadas por el Ministerio del Gobierno están detenidos César Apaza y Raúl Uría”.
Sobre la situación de César Apaza lamentó que se le niegue el tratamiento médico adecuado pese a su delicado estado de salud resultado de las torturas policiales recibidas. Además, se lo someta a un nuevo proceso penal en busca de mantenerlo preso.
"En el caso de César Apaza desde el 19 de junio se recomendó que esté internado, que le hagan exámenes cardiológicos, que le hagan sesiones de fisioterapia y hasta ahora no se le ha hecho una sola sesión, sin embargo, Régimen Penitenciario informa a la CIDH que le hubieran hecho 174 sesiones de fisioterapia", denunció Valda.
Además, dijo el jurista, el Gobierno informó que César Apaza no tendría ningún otro proceso penal, solamente el de la quema del mercado paralelo de Villa El Carmen, sin embargo, el 29 de agosto el dirigente cocalero tiene otra audiencia cautelar por la supuesta agresión a la policía del Ministerio de Gobierno Soledad Limachi Huanca que participó en el secuestro del dirigente que luego dijeron era aprehensión.
“Buscan darle otra detención preventiva por supuestamente haber agredido a policías de inteligencia, cuando él ha sido torturado: le han fracturado las costillas, le han roto los huesos de la mano, le han generado con la golpiza que le han dado una embolia, y su vida está en peligro, sin embargo, va a tener otra detención preventiva tan solo para que no siga denunciando que ha sido torturado”, apuntó.
Mediante estos mecanismos, remarcó, los quieren obligar a ambos a que se declaren culpables, porque “al presente eso es lo que están generando de forma constante, los están presionando con chantajes”.
Además, informó Valda, el 5 de septiembre quieren hacer para César Apaza una audiencia de desfile identificativo cuando ha pasado casi un año de los hechos ocurridos en el mercado paralelo. “Cómo un desfile identificativo después de un año cuando su rostro ha sido conocido a nivel nacional por las torturas que ha sufrido, y ahora van a venir víctimas supuestas a decir que lo han visto dentro del mercado de Villa del Carmen, que lo han visto lanzando bombas, disparando armas, siendo el peor de los sujetos”.
Valda aclaró que los desfiles identificativos se realizan minutos u horas más tarde de que una persona ha sido aprehendida para que los testigos reconozcan de inmediato si es o no el responsable, “incluso se lo hace antes de presentarlo ante los medios de comunicación, el resto no tiene sentido”.
En conclusión, dijo, “lo que están haciendo con Uría y Apaza es humillarlos, es una tortura psicológica”.
Recordó que otros cocaleros tuvieron que declararse culpables para obtener su libertad sin haber cometido ningún delito.
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