La Paz, 3 de junio de 2024 (ANF).- Hernán Cabrera, periodista y exrepresentante defensorial en Santa Cruz, manifestó que actualmente la Defensoría del Pueblo “cumple órdenes del poder político”, luego que esta entidad dijera que la detención preventiva del cocalero Raúl Uría era “legal”.
Nunca antes la Defensoría del Pueblo había emitido una “sentencia” como ahora lo hizo en relación a la situación de privación de libertad del presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, detenido en el penal de San Pedro hace 20 meses, comentó.
“Está vulnerando los derechos de una persona. Los paradigmas de la Defensoría del Pueblo es defender, promover los derechos de todos y denunciar cuando hay vulneraciones mucho más con las personas privadas de libertad”, dijo Cabrera en declaraciones a la ANF.
El jefe de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Francisco Rodríguez, respecto a las varias ampliaciones a la detención preventiva de Uría, dijo que la solicitud de la Fiscalía fue valorada por el juez, incluso por las salas penales, por lo tanto “se considera como un tema legal”.
Asimismo, sostuvo que esa institución no valora las pruebas que presenta el Ministerio Público, tampoco quiso señalar si es que existe una vulneración de los derechos del líder cocalero, porque recién en enero tomó conocimiento del caso.
“En casos como este (de Raúl Uría) y otros no hay actitud clara, transparente y equilibrada, fundamentalmente en favor de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo cumple las órdenes del poder político”, cuestionó Cabrera.
Lamentó que en la gestión de Pedro Callisaya se ve a una defensoría “netamente aliada al poder”, porque interviene en casos que no le comprometen políticamente, cuando la misión de la institución es denunciar la existencia de vulneración de derechos.
Uría fue detenido en septiembre de 2022, ha sido imputado por el presunto delito de tráfico de armas, sin embargo, el planteamiento de la Fiscalía se basa en conjeturas y probabilidades. A 20 meses de su detención los fiscales siguen pidiendo la ampliación a su detención preventiva.
“Causa vergüenza, rabia y decepción”, sostiene Cabrera en relación a la labor de esa entidad creada para promover el ejercicio de los derechos de todas las personas y denunciar cuando son vulnerados.
Comenta que ya ni siquiera amerita emitir una opinión o evaluación, sino que “amerita repensar el rol de la Defensoría del Pueblo en este momento. ¿Está cumpliendo la defensoría su rol constitucional, está cumpliendo su propia ley?”, cuestionó Cabrera.
/NVG/
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