La Paz, 28 de junio de 2023 (ANF).- El abogado Jorge Valda denunció que la justicia de manera “inaudita” demora la realización de la audiencia de apelación del dirigente cocalero Raúl Uría, para modificar la fianza de 100.000 bolivianos por otra accesible a su situación económica y se pueda defender en libertad.
Valda explicó que la apelación se presentó el mismo día, 19 de mayo, en que el juez Marco Amaru determinó que Uría se defienda en libertad, debido a que las condiciones impuestas son imposibles de cubrir para él. Ese mismo día el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno apelaron para Uría siga detenido.
En una nueva audiencia, la vocal Nataly Vargas de la Sala Penal tercera resolvió a favor de Uría rechazando los pedidos del Ministerio Público y de Gobierno, pero no trató la apelación de Uría con el argumento de que el documento no llegó a su despacho.
“Hasta ahora solamente han llevado la apelación del Ministerio de Gobierno, pero no la apelación nuestra, o sea, imagínense eso es algo absolutamente inaudito, las apelaciones se han presentado en la misma audiencia, es una sola apelación, y tendría que haberse llevado en la misma audiencia, pero la vocal que fue la doctora Nataly Vargas nos ha dicho que solamente le han remitido la apelación del Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público”, dijo Valda a ANF.
El 19 de mayo el juez primero de instrucción penal de El Alto Marco Amaru rechazó ampliar la detención preventiva de Raúl Uría por dos meses más en el penal de San Pedro y decidió otorgar medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Bs 50.000 y la anotación de un bien inmueble valorado en Bs 50.000.
Para Valda se trata de una “doble fianza” como garantía para la medida sustitutiva del dirigente de la Juventud Yungueña. Dijo que esta medida solo ratifica el interés del juez de que el procesado se mantenga detenido preventivamente, debido a que “no existe un equilibrio en el pedido que hace”.
“No hay nivel de equilibrio en relación al planteamiento, al final esta decisión que ha planteado el juez nada más es una medida que solo está ratificando la detención preventiva que debería ser una excepción”, también dijo a ANF la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
El abogado Valda remarcó que se trata de una medida imposible de cumplir más aún para una persona de escasos recursos y que durante ocho meses no ha trabajado, y además no tendrá salidas laborales para poder trabajar.
“Hemos apelado la fianza y también el hecho de que no tenga salida laborales, pero hasta el momento no se ha tramitado nuestra apelación, y es lo que estamos pidiendo que se resuelva y que se tramite de una vez por todas, porque es algo absolutamente inaudito, que solo se resuelva una apelación y no ambas apelaciones como hubiera sido correcto”, remarcó el jurista.
Herrera agregó que la detención preventiva en este último tiempo viene siendo utilizada como un arma con la cual se va vulnerando el derecho al acceso a la justicia, atentando contra el principio de objetividad, de imparcialidad y “básicamente se estaría utilizando como una medida principalmente restrictiva y política, en función de una postura más política que de la búsqueda de justicia”.
Valda apuntó al Ministerio de Gobierno como el responsable de que hasta la fecha no se haya llevado a cabo la audiencia para la liberación de Uría, además que la semana pasada sospechosamente implicaron al dirigente cocalero de tener un celular en su poder y lo enviaron a una sección de castigo.
“Definitivamente, no nos cabe la menor duda, es el Ministerio de Gobierno el que está bloqueando la salida de Raúl Uría", enfatizó.
El abogado indicó que luego de ganar la apelación que interpuso el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público en la sala penal tercera, “han hecho una requisa en la celda de Raúl y supuestamente le han encontrado un teléfono y ahora con eso lo han mandado Muralla, una celda de castigo, pero felizmente está bien”.
Calificó el hecho de “montaje” del Ministerio de Gobierno, pero aseguró que eso impedirá que se siga tramitando la apelación para cambiar las medidas.
/LFC/
