La Paz, 16 de agosto de 2023 (ANF). - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información sobre la situación del exdirigente del comité de autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza. En un informe, el Gobierno alegó que su estado de salud no corre riesgo.
“La corte dio un plazo de cinco días para que se remita una información complementaria sobre su situación de salud. Nosotros hemos solicitado a Régimen Penitenciario que pueda brindar atención medica en la cárcel y ante el incumplimiento de esta medida se ha recurrido a la CIDH”, informó la abogada del dirigente, Evelyn Cossío.
En el informe que presentó la Procuraduría General del Estado a la CIDH, en mayo, señala que la salud del dirigente no está en riesgo o presenta una amenaza inminente, debido a que los médicos actuaron de forma oportuna para atenderlo. Asimismo, alega que Apaza se niega a recibir tratamiento médico y a informar sobre su estado de salud.
“El Estado hace notar nuevamente que el caso concreto no acredita la urgencia de la situación, dado que las autoridades y profesionales correspondientes han asumido de manera oportuna, diligente y responsable las medidas y acciones necesarias para atender de manera integral que el propuesto beneficiario presenta, en relación a su estado de salud; empero, es este propuesto beneficiario que de manera reticente se niega a recibir tratamiento médico. Así como la posibilidad de otorgar información pertinente en relación a su estado de salud a este órgano interamericano, hecho que demuestra sin lugar a dudas que no existe una ‘amenaza o riesgo inminente’ que requiera de la otorgación del mecanismo de medidas cautelares de la Comisión IDH”, señala el punto 180 del documento.
Apaza se encuentra recluido desde septiembre de 2022, cuando los cocaleros cerraron el mercado paralelo instalado en Villa El Carmen. En febrero de este año, mientras se encontraba recluido en Chonchocoro el dirigente sufrió una embolia y fue trasladado al hospital de clínicas, pero un mes después, sin presentar mejorías fue enviado nuevamente a reclusión.
Posterior a eso, el abogado Jorge Valda, de la Globlal Human Rights League, realizó varias observaciones a las alegaciones del Estado que fueron presentadas entre junio y julio del año en curso.
El 11 de agosto, a través de una nota, la CIDH notificó al jurista que se otorgó un plazo de cinco días solicitado por el gobierno de Bolivia para responder a las observaciones que hizo. A la vez, se envió información complementaria sobre los vejámenes que sufrió el dirigente cocalero durante y después de su aprehensión y su reclusión.
Valda cuestionó que el Gobierno presente un documento con información falsa, una de las primeras observaciones que hizo es que afirma que Apaza solo enfrenta un proceso. Sin embargo, la fiscalía presentó una segunda imputación por causar presuntamente lesiones a una mujer policía. Esa imputación fue anulada por un juez, pero fue reasumida por el Ministerio Público, que a la vez está pidiendo medidas cautelares contra el dirigente.
“Informan que Apaza solo enfrenta un proceso penal porque supuestamente cometió más de 15 delitos, pero lógicamente sin ninguna prueba señala que no existe ningún otro proceso. Eso es totalmente falso, porque la fiscalía presentó una segunda denuncia porque supuestamente agredió a una policía durante su aprehensión”, explicó Valda.
En ese sentido, Cossío informó que está previsto que en las próximas semanas se lleva a cabo una audiencia ante la CIDH donde se valorará la situación del dirigente cocalero. Espera que se le puedan otorgar las medidas cautelares para proteger su vida.
Luego del informe de la Defensoría del Pueblo donde concluyó que Apaza sufrió trato cruel, degradante por parte de la policía, la dirección de régimen penitenciario decidido trasladar al dirigente cocalero a la cárcel de San Pedro. Sin embargo, la defensa de la víctima interpuso varios recursos legales para cambiar el lugar de su reclusión, pero estas fueron rechazadas.
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