La Paz, 3 de junio de 2024 (ANF).- La Defensoría del Pueblo no valora las pruebas y justifica de “legal” la última solicitud de la Fiscalía de ampliación de la detención preventiva del presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, sostuvo el jefe de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Francisco Rodríguez.
Uría está detenido hace 20 meses en el penal de San Pedro, sin acusación formal. La Fiscalía ha solicitado una y otra vez la ampliación a su detención preventiva. Desde que fue detenido en septiembre de 2022, él ha sostenido firmemente su inocencia, asegura que no hay prueba que lo incrimine.
La Defensoría conoció el caso en enero de este año, a través de una dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). Es atendido por la oficina regional de la ciudad de El Alto, una vez registrado el caso empezó a hacer seguimiento, dice que su rol es vigilar el cumplimiento del “debido proceso”, aunque evita opinar sobre la vulneración a los derechos de Uría.
Rodríguez en una entrevista que concedió a la ANF a inicios del mes de mayo, dijo que la ampliación a la detención de Raúl Uría “se considera como un tema legal” porque la norma le faculta al fiscal hacer el pedido a la autoridad jurisdiccional y porque en su criterio fue valorado por el juez.
Asimismo, reiteró varias veces que la Defensoría no valora las pruebas, en relación a la falta de consistencia de la imputación, Uría es investigado por tráfico de armas, aunque no hay evidencia en su contra.
Días después de la entrevista, el juez Marco Antonio Amaru le otorgó detención domiciliaria, pero una vez más le impuso una fianza “millonaria” de Bs 250.000, sin considerar la condición económica de él y de su madre, ante el reclamo del abogado Jorge Valda, el juez dispuso que por ese monto registre un bien inmueble.
Agencia de Noticias Fides (ANF): ¿Cómo ven ustedes el proceso en contra de Raúl Uría? ¿Han revisado la imputación? ¿Han revisado las veces que le ampliaron la detención preventiva y cuál su opinión respecto a ello?
Francisco Rodríguez: Hemos revisado la imputación formal. Él está siendo imputado por la supuesta comisión del delito de porte y portación ilícita de armas de fuego, no sólo es él, sino hay otras tres personas más involucradas en este hecho.
Ha sido aprehendido en septiembre del año 2022, al presente ya transcurrieron 19 meses más o menos, en una situación de detención preventiva, sin contar todavía con una acusación formal.
ANF: ¿Este es un hecho irregular o ilegal?
Francisco Rodríguez: El artículo 233 que ha sido modificado en su última parte del Código Penal, conforme a la Ley 1173 incorpora esta posibilidad de solicitar la ampliación de la detención preventiva por parte del Ministerio Público, no solo por escrito, sino de forma fundamentada en audiencia.
ANF: Desde una perspectiva de derechos humanos ¿Cómo ve las ampliaciones a su detención preventiva?
Francisco Rodríguez: Desde una perspectiva de los derechos humanos, nosotros consideramos que, si bien estas ampliaciones son legales porque así lo ha valorado el juez, estaba el abogado de la defensa, incluso ha sido de conocimiento de las salas penales, si ha sido considerado y valorado por las salas penales evidentemente se considera como un tema legal.
ANF: Desde una perspectiva de derechos humanos ¿usted cree que se violan sus derechos porque no hay los argumentos para detenerlo?
Francisco Rodríguez: En ese tema de que no haya elementos como para detenerlo y disponer su detención preventiva, nosotros como Defensoría del Pueblo no entramos en la valoración de la prueba, es nuestra limitante, no porque no quisiéramos hacerlo, sino lamentablemente es atribución específicamente del Ministerio Público y del juez que está como control jurisdiccional.
ANF: ¿Estar detenido por 18 meses, le parece coherente y responsable no violentan los derechos humanos de Raúl Uría?
Francisco Rodríguez: Es que esa posibilidad está permitida por la ley, la ampliación de la detención preventiva.
ANF: Pero informes de organismos internacionales dicen que no se debe hacer uso abusivo de la detención preventiva.
Francisco Rodríguez: Exactamente. Si conoces varios casos, en este caso sí, nosotros estamos haciendo el análisis porque como le digo recién hemos tomado conocimiento sobre este hecho. Ahora estamos esperando de que se pueda resolver en la sala penal que corresponde.
ANF: Don Francisco, respecto a la imputación ustedes dicen que se lo acusa de portación de armas, ¿ustedes, según lo que han revisado, encuentran elementos para una imputación de esa naturaleza?
Francisco Rodríguez: Lamentablemente, nosotros no podemos revisar la prueba que genera el Ministerio Público y que es valorada por el juez, porque es nuestra limitante. No valoramos la prueba.
ANF: Entonces ¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo?
Francisco Rodríguez: Lo que velamos es el debido proceso en este caso el cumplimiento de los plazos procesales, en este caso, como usted decía la detención preventiva se ha ampliado demasiado. Claro, nosotros hemos tomado conocimiento recién este año y ya hemos asistido a una audiencia de consideración de situación procesal en calidad de veedores (…). Después de eso ya veremos qué acción vamos a tomar. Porque también tiene su abogado, que tiene que hacer la defensa técnica legal. Nosotros no le podemos forzar, tampoco podemos decirle lo que tiene que hacer, no podemos asesorar al abogado, nosotros coadyuvamos. El abogado tendrá sus propias estrategias.
ANF: ¿Usted dice que la Defensoría del Pueblo vigila que se cumpla el debido proceso, eso no tiene que ver con que se plantee una imputación sin prueba y bajo ese argumento se lo tiene detenido?
Francisco Rodríguez: Para una imputación la ley prevé que tiene que haber ciertos requisitos, la probabilidad de autoría y la existencia del hecho penal. Esos hechos consideramos nosotros que han sido valorados por el Ministerio Público.
ANF: En este caso no hay armas, no se le encontró armas…
Francisco Rodríguez: Le reitero, nosotros no revisamos la prueba. Además, el Ministerio Público no actúa solo, actúa siempre bajo control jurisdiccional. Ahora, el control jurisdiccional no es una situación formal, también está la defensa técnica y cuando el juez emite un fallo que no es correcto están las salas de apelación y en este caso se han cumplido con todos esos requisitos o formalidades.
Ahora, nosotros cuestionar de que le juez no está actuando de manera adecuada está respaldada también en la norma (…).
ANF: Raúl Uría nos dijo y también lo dijo ante el juez que permanentemente ha sido presionado por el Ministerio de Gobierno para que se declare culpable, ¿ese tipo de presiones, no es una forma de tortura? Él dice que se va a tener que quedar en la cárcel hasta probar que es inocente. ¿Qué dice la Defensoría sobre este tema?
Francisco Rodríguez: Deben estar queriendo forzar para que se aplique un proceso abreviado, es decir que se inculpe se le condena a una pena privativa de libertad de tres años y pueda salir con algún beneficio de suspensión condicional de la pena.
Pero si una persona es inocente tiene que mantener esa situación hasta el final, porque para eso está el juicio oral donde se va a demostrar si es culpable o es inocente. Esa es la labor del abogado, la estrategia.
ANF: Pero cuál es la opinión de la Defensoría del Pueblo respecto a la presión que ejerce un órgano del Estado, en este caso ese Ministerio.
Francisco Rodríguez: Nosotros no tenemos conocimiento, al menos en la entrevista que se ha tenido con el señor Uría no se ha tenido esa información de que el Ministerio de Gobierno estuviera presionando para que pueda inculparse.
ANF: ¿Le parece correcto?
Francisco Rodríguez: No sería correcto, pero no nos ha comentado de esa situación el señor Uría.
ANF: Pero salió públicamente, incluso lo dijo en su audiencia.
Francisco Rodríguez: Nosotros podemos verter de la información que hemos obtenido de él.
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