La Paz, 27 de agosto de 2023 (ANF).- El abogado Jorge Valda informó que el Ministerio de Gobierno pidió que se revoque la detención domiciliaria de Raúl Uría al no haber cumplido hasta la fecha el pago de una fianza efectiva de 100.000 bolivianos. El jurista indicó que de esta manera el Ministerio de Gobierno, mediante un criterio irracional, pretende mantener presas a las personas pobres.
Uría lleva casi tres meses sin poder cumplir una fianza económica considerada inalcanzable de 50.000 bolivianos y una garantía real de 50.000 bolivianos, lo que hace un total de 100.000 bolivianos. La vocal Magaly Vargas si bien en un principio rechazó la apelación del Ministerio de Gobierno para que Uría continúe en detención preventiva, no respondió la apelación del dirigente de la Juventud Yungueña para modificar la fianza por una acorde a su situación económica. El Ministerio de Gobierno pide ahora que siga preso.
“Antes de que se resuelva nuestra solicitud, el Ministerio de Gobierno pide se le revoque las medidas cautelares (a Raúl Uría) porque es pobre, porque no tiene recursos, porque no ha cubierto la fianza y como no ha cubierto la fianza estaría obstaculizando el proceso, a ese nivel de irracionalidad ha llegado la persecución del Ministerio del Gobierno, de pensar que porque uno no tiene los recursos para cubrir una fianza, entonces merece estar preso”, dijo Valda a ANF.
Uría lleva ya casi un año detenido preventivamente y sin una prueba en su contra por el delito de tráfico de armas por el que se le acusa. Para Valda se trata de un montaje del Ministerio de Gobierno para lo cual utiliza personal de inteligencia que entrega informes sin firmas ni nombres.
“Cómo es posible que Raúl Uría esté detenido por tráfico ilícito de armas cuando no se le ha encontrado ninguna munición o explosivo, nada, los mismos policías han señalado que no les constaba lo que les hicieron firmar porque fue realizado por personal de inteligencia del Ministerio de Gobierno que no tiene ni nombre ni apellido que los identifiquen”, dijo Valda.
Indicó que para Uría estar preso significa tener un costo de vida mucho más alto que estando libre y “con un riesgo de perder la vida en cualquier momento como ocurre en nuestro régimen penitenciario”.
El jurista reiteró cómo una persona que lleva detenida casi un año va a poder pagar esa fianza e incluso la detención preventiva que se le otorgó es sin derecho al trabajo. Por este motivo están solicitando el cambio de los requisitos exigidos para que pueda acceder a la detención domiciliaria, pero sin tener ninguna respuesta hasta el momento.
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