La Paz, 27 de mayo de 2024 (ANF).- La reciente detención domiciliaria otorgada a Raúl Uría, previo pago de una fianza de 250 mil bolivianos, mediante la garantía de una casa, ha generado críticas al sistema de justicia y ha evidenciado una vez más su sometimiento al poder político, denunció la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
Indicó que, si en un primer momento el dirigente de la Juventud Yungueña no pudo cumplir con una fianza de 100 mil bolivianos, y el juez le revocó la detención domiciliaria, menos podrá ahora cumplir con una fianza mucho mayor.
“El caso de la detención de este dirigente cocalero es un caso clarísimo de acoso político, más que de proteger a la sociedad de un delito, porque las medidas que se están tomando son arbitrarias y nada más están justificando mantenerlo detenido, aun sabiendo de la falta de pruebas, de evidencias, que es otro aspecto que no pueden probar”, señaló la activista a ANF.
Para Herrera, esta situación “está desnudando la crisis del sistema judicial” y mostrando “el nivel funcional tan bajo que tiene hacia un partido de gobierno”.
Jorge Quiroz, abogado y defensor de Derechos Humanos, recordó que la detención preventiva y cualquier tipo de detención es la excepción y se la aplica de manera excepcional, mientras que la libertad es la regla, por lo que el juez que ha fallado con una fianza impagable, definitivamente está cometiendo un error jurisdiccional que le hace atribuible a una denuncia por incumplimiento de funciones, debido a que conoce de derecho y sabe que no debe de aplicar una medida de imposible cumplimiento.
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