La Paz, 10 de junio de 2024 (ANF).- Infraestructura inadecuada, atención de salud insuficiente y falta de acceso a la educación superior, son algunos factores que inciden en restar derechos a las privadas de libertad. Esta situación se debe a la falta de un enfoque de género en el sistema penitenciario, señaló la investigadora y abogada Luisa Chipana.
“Sobre las mujeres (privadas de libertad) es necesario mejorar la infraestructura, la atención de la salud, el acceso a la educación”, señaló Chipana en entrevista con ANF, que hace unos días presentó su libro “Carcelaria, una aproximación a la situación penitenciaria del Estado Plurinacional de Bolivia”.
El libro profundiza en los derechos humanos básicos de los encarcelados y cómo los problemas del sistema judicial, como la retardación de justicia y la falta de defensores públicos, contribuyen a la sobrepoblación penitenciaria.
La autora resalta la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, en particular de las mujeres, cuyo proceso de reinserción se ve obstaculizado por los estereotipos de género y la falta de apoyo estructural.
“Vemos cómo dentro de las cárceles se replican los roles de género; en las cárceles de mujeres generalmente hay talleres de costura, tejido, bordado, peluquería, etc., reforzando estos sesgos de género; mientras que en las cárceles de hombres tenemos talleres de metalmecánica, carpintería, etc., también hay universidades”, indicó.
Refirió que lo que se puede observar es que, para los varones, que conforman la mayor cantidad de privados de libertad, hay más servicios y alternativas de estudio, mientras que para las mujeres no tanto. “Habría que hacer un equilibrio y también brindarles las capacitaciones, estudio y trabajo de acuerdo a sus necesidades y a sus potencialidades”, apuntó.
Chipana explicó que al ser las mujeres propensas a infecciones urinarias y tener la menstruación cada mes, requieren mayor infraestructura sanitaria y de servicios higiénicos para prevenir enfermedades.
“Imagínense, entre tantas mujeres, entre tanto hacinamiento, tan pocos baños, y las mujeres necesitamos más baños, más duchas, es un tema de higiene, pero también un tema de prevención de enfermedades, entonces, estos temas con un enfoque de género deben ser abordados en un proceso de reforma penitenciaria que esperemos llegue pronto”, manifestó.
Indicó que, al estar en una sociedad patriarcal, todos los sesgos de género se replican al interior de las cárceles y van en perjuicio de las mujeres, donde “todavía hay ese enfoque de que debemos ser sumisas, obedientes al esposo, podríamos trabajar, pero cuando llegamos a la casa también tenemos otras tareas, y en los hombres no se espera tanto, y esto lo tenemos muy enraizado, las cárceles son un reflejo de la sociedad también”.
Chipana explicó que el perfil de la mujer privada de libertad es de aquella persona que ha sufrido violencia antes de estar en la cárcel, es decir, violencia psicológica, violencia, sexual, violencia intrafamiliar, etc., con poco acceso a la educación y por ende no ha podido acceder a estudios superiores y tampoco a trabajos muy formales.
En ese sentido, remarcó que “es necesario que ellas puedan acceder a una educación superior”, aunque evidenció que mucho del interés de las autoridades, instituciones y ONG está dirigido a apoyar a los varones privados de libertad por la cantidad que representan y el resultado que puedan obtener.
Ellos “van por el número de resultados, y donde van a conseguir más resultados es en las cárceles de hombres, porque ahí está la mayor cantidad, mientras que, en las cárceles de mujeres, por ser pocas, cuesta mucho llevar una carrera a un recinto penitenciario por el tema de pago a los docentes, etc., y donde hay muy poca posible población estudiantil, pues no van a ingresar”.
Hasta diciembre de 2023, los hombres en las cárceles representaban el 92,79% mientras que las mujeres llegaban a un 6,65%, refirió Chipana.
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