La Paz, 2 de junio de 2024 (ANF).- Hoy se cumple un año de la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Por fuera, las instalaciones ubicadas en la avenida 6 de Agosto de La Paz lucen desgastadas y hasta la carpa amarilla, que acogió a la activista Amparo Carvajal por 12 días en una vigilia desde la terraza, está semi destrozada y descolorida. El revestimiento de las paredes se nota deteriorado y se asemeja al “debilitamiento dramático” — como advierten los especialistas— que sufrió la institucionalidad de la defensa de los derechos humanos en el país.
Desde aquel 2 de junio de 2023, la Policía en ningún momento frenó el “resguardo” de los predios. En el punto más álgido del conflicto, se desplegaron al menos 60 efectivos. Con el tiempo, el número de uniformados se redujo a 10 y se distribuyen en la puerta principal, en la parte lateral y trasera de la infraestructura atentos a los movimientos de Carvajal, quien a sus 85 años cada mañana junto a sus dos colaboradores abre una sombrilla y acomoda una mesa con cuatro sillas plásticas de color blanco para recibir denuncias de la población mientras hace una vigilia en señal de que no abandonó su lucha por recuperar la casa de derechos humanos que cofundó en 1976.
“Ver a los policías ahí es la máxima expresión de la acción del Estado sobre las organizaciones defensoras derechos humanos, es el control por la fuerza de una manera absolutamente abusiva porque el Estado no tiene tuición para meterse en la vida interna de las organizaciones. La crisis interna de la APDHB la promovió el propio Movimiento Al Socialismo (MAS) al fomentar y crear una paralela”, cuestionó Miguel Miranda, coordinador del Área de Incidencia de Derechos Humanos del CEDIB.
La directiva de la APDHB atiende en la calle. Foto: ANF/Karem Mendoza
Por su parte, la senadora Cecilia Requena recordó que en 2023 hubo dos hechos que debilitaron la defensa de derechos humanos en el país. Por un lado, en enero de ese año, el Gobierno “invitó a retirarse” a la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y luego, en junio, “fue cómplice del avasallamiento” a las instalaciones de la APDHB.
“Con eso, obviamente la institucionalidad independiente civil y de las Naciones Unidas de Derechos Humanos han sido debilitadas sistemática y dramáticamente en Bolivia con lo que, por supuesto, hay una indefensión adicional ante la violación de derechos humanos que es una práctica sistemática del gobierno o que el gobierno permite”, afirmó Requena quien también es activista por la defensa del medio ambiente.
La toma de la APDHB se propició de forma sorpresiva la mañana del viernes 2 de junio de 2023. Un grupo respaldado por el vicepresidente de la institución, Édgar Salazar, ingresó al predio, colocó carteles en las paredes y puerta que decían: “Queremos justicia para las víctimas de las masacres”, sacó al personal y cerró las puertas empujando a las personas que intentaron impedir el hecho violento. Luego llegó la Policía supuestamente para impedir el enfrentamiento entre las dos facciones que reclaman por el control de la Asamblea. Aunque el conflicto fue llevado a la vía penal y constitucional, sigue irresuelto.
El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, considera que lo ocurrido con la Asamblea “es el resultado de una estrategia, no solo del gobierno actual, sino desde el régimen de Evo Morales, de crear paralelismo, debilitar a estas entidades que no solo cumplen un rol de defensa de los derechos humanos”.
A decir del activista alteño David Inca, desde 1976, todos los gobiernos han querido cooptar a la APDHB y dejar de lado a los activistas “porque los perjudican en sus acciones ‘normales’ que hacen de uso y abuso de poder”. Sin embargo, remarcó que desde 2006 algunos defensores fueron cooptados por el MAS e incluso llegaron a ocupar cargos en el Gobierno.
“La institución tendió a dividirse y activistas de derechos humanos se incorporaron al gobierno del MAS y desde ahí promovieron la desaparición de la institución. Esto se resistió, pero creo que el 2019 fue la gota que derramó el vaso”, dijo Inca y agregó que tanto Carvajal y Salazar lamentablemente asumieron posturas ideológico políticas provocando la invisibilización de la Asamblea al dejar de pronunciarse sobre temas actuales como las elecciones judiciales, los feminicidios, los niños huérfanos producto de los feminicidios y otros temas como la situación económica.
Para Miranda del CEDIB, con la llegada del MAS se pensaba que iba a haber un fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de derechos humanos, pero “resultó todo lo contrario”.
“Empezaron a perseguir a todos lo que discrepaban con el lenguaje de derechos humanos (que ellos impusieron) y empezaron a hostigar y amenazar a las organizaciones cuyo punto máximo ha sido la promulgación en 2013 de la Ley 351 de Otorgación de la Personería Jurídica, que es un mecanismo legal vigente de control y disciplinamiento de las organizaciones sociales civiles en general”, apuntó.
Este ataque silencioso, al que se refiere Miranda, habría contribuido a que las organizaciones de derechos humanos estén dispersas y se dediquen a la defensa de sectores específicos. En el caso de la Asamblea, cuando el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) desconoció a Amparo Carvajal como representante legal de APDHB también representaría un “micro abuso” producto del “hostigamiento jurídico” que se aplica desde el Estado.
“El tema de la Asamblea es un reflejo de lo que está pasando en el país, por tanto, hace a todo una política gubernamental de abuso, de instrumentalización de la justicia, de violación de los derechos humanos y además tratando de darle a todo esto un manto de legalidad instrumentalizando a Impuestos Nacionales”, afirma Javier Quisbert, presidente de la APDH La Paz.
En suma, los especialistas en derechos humano coinciden que el debilitamiento de la institucionalidad y toma de la APDHB por fuerzas gubernamentales y jurídicas hizo que haya un déficit en la atención de demandas de la población, la falta de un rostro visible y reconocido por los organismos internacionales, un punto de encuentro para defensores de derechos humanos y la falta de una institución independiente al poder.
“Ese referente unitario que era la asamblea hace falta”, “la Asamblea tenía la ventaja de ser una institución voluntaria y mantenía una posición con base en principio y valores de la Declaración Universal”, “no es que otros no puedan defender derechos humanos, pero han debilitado dramáticamente la defensa de derechos con la toma de la APDHB”, son algunos de los criterio de los expertos entrevistados.
La toma de la APDHB, un conflicto irresuelto
La toma de la APDHB tuvo una amplia cobertura mediática hasta el día 51 cuando Amparo Carvajal levantó su vigilia que sostuvo desde la terraza de la casa de derechos humanos. La octogenaria salió por la puerta principal de la institución, la noche del 22 de julio, acompañada por el cónsul de España, Guillermo Gil, y así también el grupo de Édgar Salazar abandonó los predios por la puerta trasera. En ese entonces, existía el compromiso de conciliar a través de la Defensoría del Pueblo.
“Amparo no se va a sentar a negociar con avasalladores y eso está claro y siempre estuvo claro, con quién se debería negociar es con las instancias de Gobierno porque ellos han estado involucrados en esto”, afirmó el presidente de la APDH La Paz, Javier Quisberth, a un año del conflicto y sin poder conciliar.
La sede sigue custodiada por policías. Foto: ANF/Karem Mendoza
A medidos de julio de 2023, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz negó el recurso legal interpuesto por Carvajal en contra de Édgar Salazar, por la toma de las oficinas nacionales de la APDHB. Las autoridades reconocieron a ambos como presidentes de esa institución y sugirieron resolver el conflicto a través de un congreso velado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en conciliación con la Defensoría.
Quisbert dijo que la institución es independiente y su congreso no puede estar supervisado por una institución estatal como el TSE. Asimismo, informó que asistieron a reuniones en la Defensoría, las que fueron infructuosas porque para la directiva de Carvajal es necesario que la institución defensorial reconozca su presidencia. Por otro lado, en febrero la APDHB al mando de Carvajal solicitó una reunión con el ministro de Gobierno quien delegó al Comandante Departamental de la Policía, pero “al no tener poder de decisión solo fue un encuentro para rememorar lo ocurrido”.
Este medio solicitó entrevistas para conocer la postura de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Gobierno y de Edgar Salazar, sin embargo, no hubo respuesta de los aludidos hasta la publicación de esta nota.
“Esta es la casa de derechos humanos, no de Amparo ni de Edgar. La tienen robada y pido que devuelvan lo robado”, dice Carvajal a unos metros de la puerta principal de la institución que lidera y cuestiona la presencia policial que implica un gasto económico alto para el Estado “mantener a 30 policías, 10 por cada turno, todos los días”.
La senadora Requena también exigió al Gobierno devolver la casa. “No hay discusión de bandos como lo quisieron hacer ver. Fue una toma ilegal y hasta ahora hay policías que impiden el ingreso a los defensores. Es un gasto insulso y deberían estar haciendo otra cosa. Han hecho una toma, hubo desalojo pero el Gobierno mantiene el secuestro de esa casa con recursos del Estado, en nombre de los derechos humanos generando una violación de derechos humanos”.
Por su lado, el activista David Inca considera que las circunstancias políticas y judiciales del país no contribuyen a resolver el conflicto con la APDHB por lo que sugiere esperar a que se realice un nuevo congreso en 2025 cuando las directivas en conflicto concluyan su mandato.
Amparo Carvajal cuando cumplía vigilia en la terraza de la APDHB. Foto: ANF
/KM/nvg/
Articulo sin comentarios
