La Paz, 25 de junio de 2024 (ANF).- En Bolivia se registraron 743 violaciones a los derechos; la categoría más afectada es la institucionalidad democrática con 379 casos, seguida de la libertad de prensa con 143, las libertades de reunión y protesta 68, de asociación 61, de derechos de los defensores 51 y de expresión 41, según el Informe de situación 2023 de la Red UNITAS.
Desde el 2013 la Red UNITAS viene realizando un Informe sobre la situación de las libertades fundamentales y las condiciones del entorno en el que las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron su acción en el país. A partir de 2017 elabora con base en los registros del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos.
“Los datos totales agregados permiten identificar tanto una disminución relativa en la cantidad de casos respecto al año precedente, como también, y más relevante, la consolidación de una propensión ascendente en la cantidad de vulneraciones reportadas tras el periodo excepcional de la pandemia del COVID – 19”, señala el reporte que fue presentado este martes.
En 2021 se registraron 666 vulneraciones, en 2022 ascendió de manera significativa a 768 y en la gestión 2023 un descenso a 743, la organización explica que la disminución “no se debe a acciones de mayor control o límites impuestos a los poderes; sino más bien, a una menor cantidad de conflictos sociales de larga duración o alcance nacional, que disminuyeron”.
Según el estudio, del total de 379 vulneraciones a la institucionalidad democrática, la cifra mayor se refiere a los actos contrarios a los procedimientos basados en la normativa (232 casos, que representan el 61% del total). Específicamente, estos actos implicaron vulneraciones a la presunción de inocencia y actos arbitrarios por parte de autoridades y funcionarios públicos, contraviniendo los mandatos establecidos para sus cargos. Seguidamente, se observa la ejecución de omisiones y actos contrarios a la norma (88 casos, el 23%) y actos de corrupción por parte de servidores públicos (23 casos, el 6%), entre otros.
La organización explica que la institucionalidad democrática implica, entre otros, la separación, independencia y equilibrio de órganos, el ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad”,
“El debilitamiento de la institucionalidad y el estado de derecho también se refleja en el patrón de incumplimiento de las normas, del debido proceso y del acceso a la justicia; en el uso excesivo de la fuerza y el abuso policial en contra de periodistas y manifestantes, los agravios y la censura a medios de comunicación, que además agravan la situación de la libertad de prensa”, explica.
En relación a los casos de vulneración a la libertad de prensa, las agresiones física, psicológica o sexual a periodistas ocupa el primer lugar con 30 casos del total de 143, le sigue las situaciones de amenazas y amedrentamiento con 28 casos, el incumplimiento al deber de protección de periodistas 23 casos, impedimento de acceso a la información 20 casos, estigmatizaciones 13 casos, entre otros.
“Es alarmante que, año tras año, los informes del Observatorio destaquen a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación como el grupo más afectado por violaciones a sus derechos”, se lee en el informe.
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