DOCUMENTO. “El 2024 quedará en la memoria de los bolivianos como el año del peor desastre ambiental ocurrido en la historia boliviana”, afirma la organización.
Los campesinos pretenden que el Decreto Supremo 5225 se modifique para que puedan disponer de las tierras destruidas por el fuego y que las áreas protegidas no estén resguardadas por los militares.
Advirtieron que no cederán ni un centímetro más de la reserva municipal, demandan a las autoridades el desalojo de los asentamientos ilegales y, en caso de que no atiendan esa petición, actuarán de forma directa.
El mismo documento señala que esa federación aceptó iniciar espacios de diálogo y acordó consensuar posibles modificaciones a la cuestionada norma que fue suscrita con el Gobierno.
En los videos difundidos en redes sociales se observaron que el fuego llegó hasta la carretera Bioceánica, los bomberos voluntarios realizaban los trabajos de mitigación de las llamas.
Dijo que el apoyo que están recibiendo es por parte de organizaciones de la sociedad civil, de fundaciones, empresarios y otros sectores particulares, pero no del nivel central y en cierta manera de la Gobernación de Santa Cruz.
El presidente del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, Cristian Méndez, también participó de la protesta, “es una manifestación válida, toda la población está cansada por los incendios", dijo.
Colque consideró que es necesario que se realice una investigación luego que pase la etapa de incendios, además efectuar una auditoría sobre las consecuencias que provocará el desastre ambiental con la coordinación de organismos
El alcalde de Riberalta, Ciriaco Rodríguez, solicitó la ayuda de las autoridades competentes para controlar los incendios y apoyar a las familias que perdieron sus pertenencias.
La Vicepresidencia del Estado presentó en el TCP una acción de conflicto de competencias observando que los municipios de Alto Beni y Palos Blancos no puedne declararse libres de minería.
A través de un video difundido por los dirigentes, se evidenció que un grupo de al menos 20 trabajadores de YPFB y de Petrobras con herramientas y diferentes equipos estaban ingresando al pozo gasífero.
El proyecto de ley que presentó el diputado Andrés Flores todavía se encuentra en una comisión, instancia que ha solicitado informes a los ministerios de Medio Ambiente y Minería.
