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Cuidado de la casa común

Querella formal por caza silvestre pide citar como testigos al director del Sernap y al ministro Lisperguer

Pese al pedido del colectivo de ambientalistas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Sernap no se adhirieron al proceso.
10 de enero, 2025 - 10:58
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El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, y el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer
El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, y el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer
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La Paz, 10 de enero de 2025 (ANF).- La diputada de Creemos María René Álvarez presentó una querella formal contra un grupo argentino dedicado a la caza de animales silvestres en Bolivia y citó como testigos al director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, al ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, y al viceministro de Biodiversidad, Álvaro Quispe.

La querella fue presentada por los delitos de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional en contra de los ciudadanos argentinos Jorge Néstor Moya, Luis Villalba Ruiz y otros miembros del grupo denominado “Caza & Safari”. 

Hace días se conoció que la Fiscalía Especializada en Medioambiente investiga a ese grupo a denuncia de ambientalistas que lograron constatar que los cazadores furtivos tenían actividades en Brasil, Argentina y Bolivia desde el 2023. 

Con la información colectada, producto de un allanamiento en un domicilio de los sindicados, se pudo determinar que realizaron la caza de al menos cinco jaguares en el área protegida de San Matías, Santa Cruz.

Pese al pedido del colectivo de ambientalistas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Sernap no se adhirieron al proceso.

Ahora, la diputada Álvarez sumó una querella y pidió que las principales autoridades del área sean convocadas por su inacción en ese caso.

“Funcionarios públicos llamados por ley a proteger nuestros recursos naturales y que, sin embargo, haciendo caso omiso a lo establecido a nuestra norma suprema y nuestras leyes, decidieron guardar silencio ante estas arbitrariedades y que deben ser llamadas por su autoridad a efectos de presentar argumentos precisos sobre los extremos mencionados”, dice el Otrosí donde pide convocar a las autoridades responsables.

 

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