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La Paz, 7 de febrero de 2025 (ANF). - Los exministros de Defensa, Luis Fernando López; de Gobierno, Arturo Murillo, y de comunicación, Roxana Lizárraga, del Gobierno de Jeanine Añez fueron sentenciados a cinco años y cuatro meses por incumplimiento de deberes, en el denominado caso gases Ecuador.
A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado informó que los exministros deberán cumplir esa condena en la cárcel de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz.
“En consecuencia, el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer Nro. 25 de la ciudad de La Paz, mediante Resolución 001/2025, dictó sentencia condenatoria contra los exministros: Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Roxana Lizárraga Vera, quienes han sido hallados culpables del delito de Incumplimiento de Deberes (Artículo 154 del Código Penal) y condenados a cinco (5) años y cuatro (4) meses de reclusión. La pena será cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, según corresponda”, precisó.
El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2019, cuando supuestamente se realizó una reunión entre los exministros acusados junto con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante general de la Policía y otras exautoridades, quienes decidieron solicitar a Ecuador el préstamo de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social.
Los exministros no se encuentran el país, Murillo está recluido en una cárcel en Estados Unidos acusado por los delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.
Mientras que el exministro de Defensa se encuentra en Paraguay en calidad de asilado político, Lizárraga vive en Estados Unidos. Al no encontrarse en el país, las tres exautoridades fueron declaradas en rebeldía en 2024 y se prosiguió con el juicio oral.
Empero, el 17 de enero de ese año, aunque fue publicada recién en junio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia 0001/2024 que declaró inconstitucional que una persona declarada en rebeldía sea procesada.
Existe una cuarta persona sentenciada, se trata de Héctor Pérez Ortiz condenado por el mismo delito a tres años y cuatro meses de reclusión en San Pedro de La Paz. Asimismo, los sentenciados deberán pagar costas, daños y perjuicios en favor del Estado.
Entre tanto, el tribunal decidió absolver de responsabilidad a Rodolfo Antonio Montero y otros acusados, que fueron investigados por tráfico ilícito de armas.
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