Una de las particularidades de la presente coyuntura socio-política boliviana, es que encierra lo obvio y lo profundo de su historia. La desagregación social del bloque nacional-popular articulado entre el 2001 al 2006 expresa esta paradoja. La manifestación política de esa agregación fue el Movimiento al Socialismo (MAS) y, como no podía ser de otra manera, a la desagregación social le siguió la debacle de este partido, enviando a sus dirigentes a las sombras de una pobre convocatoria social. Para aprehender la complejidad de este proceso, no es una buena opción metodológica circunscribir la reflexión a la simple descripción de lo obvio.
Por otra parte, la sola descripción tampoco considera algunas generalidades referidas al Estado y a la sociedad, que, no por ser generalidades, dejan de mostrar la manera en que lo profundo se actualiza en el presente. Para el análisis, ello nos dice que la fase de la desagregación supone el tensionamiento entre lo obvio y lo profundo. En esta combinación se presenta lo novedoso, tanto para la historia social y política, como para la estatal. Con la simple descripción de lo obvio, la exigencia de detectar esas novedades queda lejos de todo alcance teórico.
Comencemos apuntando que a consecuencia de causas histórico-políticas, Bolivia no únicamente se encuentra extraviada en su enredo político, social e institucional, sino que vive un período de transición en su Estado, sin plena consciencia de las dimensiones del proceso. Un primer resumen de las generalidades nos muestra el gran descrédito del MAS, ante la población, principalmente de las ciudades y al mismo tiempo revela las débiles adhesiones sociales a las distintas opciones electorales que se prefiguran.
Históricamente, la sociedad boliviana ha sido poco afecta al diálogo para lograr acuerdos en procura de objetivos comunes. Consiguientemente ha predominado, en la convivencia política, la confrontación y el ejercicio de la fuerza (ya sea como presión social o como persecución política). Por tanto, la política es vivida desde su sentido más rudimentario: como la pugna -sin mediación real- entre las diversas fuerzas sociales.
La misma composición social de este país ha alimentado costumbres no dialogales. Las múltiples divisiones internas (sociales, étnicas, culturales, económicas, regionales, ideológicas) han favorecido a las prácticas antidemocráticas, pero no explican su génesis. René Zavaleta es de la opinión que la razón para no haber podido alcanzarse un verdadero momento constitutivo, se encuentra en la forma semi-cristalizada de la cuestión agraria. En ésta, su carácter abigarrado ha bloqueado el desarrollo de los distintos modos productivos en el agro (el capitalista, el comunitario, el parcelario independiente, etc.). Según Marx, el desarrollo agrario es (aún hoy en día) uno de los más claros indicadores del nivel de desarrollo de un país. La no cristalización de un modo de producción determinado en el agro, es el testimonio del mutuo bloqueo de los distintos modos productivos.
No basta, a fin de complementar esos diferentes modos productivos en un haz de contribuciones, simplemente yuxtaponerlos bajo el denominativo de “modelo económico plurinacional”. La complementación de esa diversidad requiere algo más que la sola repetición de un slogan electoral.
De esa no resolución se desprendieron las razones que explican tanto la habitual inestabilidad política boliviana, como el carácter confrontacional de su sociedad. Ambos elementos alimentaron las motivaciones de la propia vida política, aunque desde una perspectiva no democrática. Así, sobrepuestos unos y otros problemas (el agrario, el político y el democrático) no solamente han permitido el desarrollo de las razones confrontacionales, sino que, a partir de sus propias razones han creado, en último término, lógicas totalitarias en el manejo del poder. El resultado es que en este verdadero nudo, a lo largo de los doscientos años, cada área ha dado lugar a sus propios nudos de enredo, construyendo entre todos un laberinto en el que unas y otras razones se alimentan mutuamente y además, cual círculo vicioso, alimentan al enredo mayor hasta naturalizarlo como forma de vida, entre la población.
El enredo queda testimoniado en la desinstitucionalización estatal, operada casi desde siempre. La desinstitucionalización deviene en la cobertura orgánica que corresponde a los hábitos no dialogales adquiridos; o sea que aquí tenemos una valencia inmaterial (los hábitos) que ha creado una valencia material (el Estado desinstitucionalizado). Este último actúa a su vez sobre el primero como una suerte de prisión e incubadora. El carácter esencialmente desorganizado para finalidades generales que presenta el contexto nacional estatal es, pues, su remate final.
Bolivia ha intentado, sin éxito, superar esa anomalía por medio de diversos momentos constitutivos. Lo llamativo es que luego de cada intento fallido, las instituciones se han modernizado en elementos secundarios. Está claro que ninguno de esos maquillajes ha servido para superar el enredo y así esas instituciones han devenido sólo en instituciones aparentes. De nada sirve la pomposa burocracia que deambula por los pasillos de esas instituciones, entre ellas el Tribunal Electoral, la Contraloría, el Ministerio Público e incluso la Defensoría del Pueblo. Todas esas instituciones (en realidad, refugio para desocupados) no han echado luces para salir de la caótica convivencia y al contrario, los históricos hábitos se han apropiado de ellas, funcionalizándolas según requisitos particulares.
En la actual coyuntura, el enredo ha llevado a más de un entusiasta, ya sea comentarista o activista político, al extravío en lo obvio. Por supuesto que la pasividad del gobierno para con Evo Morales se debe a menudos cálculos electorales; pero también se debe a la complicidad con el desgobierno de Morales. Esa complicidad explica la continuidad de las características de aquel desgobierno, hasta el presente. La corrupción, el despilfarro de los recursos económicos, el narcotráfico, nos hablan de una lógica delincuencial abiertamente presente en el gobierno, desde el 2006 hasta la fecha.
Lo que sea logrado con ello en la historia del Estado en Bolivia, puede ilustrarse caracterizando al tiempo estatal presente como el de un punto intermedio, en una trayectoria hacia su conversión en órgano funcional al crimen organizado. Este perfil que, aquí, el Estado va adquiriendo se diferencia de la misma presencia delictiva en otros Estados, como lo que podría observarse en México, por ejemplo, para no hablar ya de casos tan representativos en esta materia, como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Son distintos, porque las historias que han posibilitado la fuerte presencia de la lógica delincuencial en cada caso, es diferente.
Por ello, lo que se encuentra en la mesa del debate, desde el punto de vista de la historia estatal en Bolivia, es si el tránsito hacia la conversión en un Estado funcional a la delincuencia organizada se consolida o se revierte. Y en este tema no sirve de nada autoengañarse: la corrupción y la lógica delincuencial han estado presentes durante gran parte del tiempo de vida de este país. El aporte del MAS consistió en haberla practicado sin disimulo alguno y, además, en haber incorporado a plena luz del día al narcotráfico en ello. Así las cosas, para la lógica delincuencial es indiferente si sus operadores se disfrazan o no de campesinos, de socialistas o de corbata y cuello blanco.
Para resumir el estado de esta cuestión, digamos que la institucionalidad estatal se mueve bajo el manto del descrédito absoluto. En el campo político, mientras tanto, sus actores continúan atrincherados en visiones confrontacionales, en la que todo es válido: corrupción, prácticas delincuenciales, persecuciones, diálogos de sordos, caballos del corregidor, etc. En este cuadro, el reto para que puedan superarse las viejas costumbres y los malos hábitos se presenta como un desafío histórico casi sin posibilidades de superarse; salvo que se opere un golpe de timón moral e intelectual.
La oportunidad está dada y puede concretizarse en acuerdos nacionales mínimos, entre los futuros candidatos. Nadie, seriamente, puede pensar en desarrollar programa de gobierno alguno, en el estado caótico y desacreditado de manera absoluta, en el que se encuentra el Estado boliviano. Acuerdos mínimos que se refieran a la reforma del Poder Judicial, de la Policía, así como la reinstitucionalización, en base al principio meritocrático, del resto de las instituciones estatales. La obligación de enfrentar estas tareas no únicamente es paralela a la solución de la catástrofe de la economía, sino que constituye el mínimo de garantía necesario para encarar el reto histórico. De lo contrario, lo más probable será que a título de “solucionar” la crisis económica, continúen la corrupción, los negociados y las prácticas delincuenciales.
El autor es sociólogo y escritor
