La Paz, 17 de enero de 2025 (ANF).- La audiencia de juicio público y contradictorio del gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari fue suspendida por cuarta vez. Nuevamente, se alegó la baja médica de una juez.
La cita estaba fijada para la mañana de este viernes 17 de enero, pero se comunicó que tuvo que ser reprogramada porque no existe cuórum en los jueces porque una se encuentra con baja médica por gestación.
“Dicha reprogramación obedece a un motivo fundamental, el cual es la ampliación de la baja médica que tiene una de las jueces, que en este caso es la doctora Liz Avilés, por un motivo de salud, que se le amplió hasta el día 8 de febrero; en consecuencia, el tribunal, atendiendo esta solicitud y este conocimiento de la baja médica, por resguardo de sus derechos constitucionales, ha reprogramado dicha audiencia para el día 10 de febrero de 2025”, informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori, a Bolivia Tv.
El 14 de octubre del año pasado se suspendió la audiencia porque Régimen Penitenciario indicó que Pumari y Camacho no fueron trasladados desde los centros penitenciarios por razones de seguridad.
El 25 noviembre debió desarrollarse la comparecencia, pero nuevamente fue suspendida porque el exlíder cívico no fue trasladado desde el penal de Cantumarca, Potosí, hasta la ciudad de La Paz y también se alegó que uno de los jueces tenía baja médica.
Considerando la vacación judicial, se fijó para las 09.00 del 6 de enero de este año. En esa oportunidad, el gobernador electo de Santa Cruz llegó hasta la audiencia, pero nuevamente fue trasladado hasta el penal de Chonchocoro tras la postergación de la cita porque la juez pidió baja médica y Pumari no fue trasladado desde el penal de Cantumarca.
En esta última ocasión, Régimen Penitenciario alegó no tener recursos económicos para comprar gasolina y hacer efectivo el traslado del exlíder cívico desde Potosí hasta La Paz para su audiencia, según Diego Gutiérrez, abogado del acusado.
El caso “golpe de Estado I” busca juzgar a los acusados por los supuestos delitos de terrorismo, conspiración y cohecho activo en el 2019.
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