A meses de finalización de la administración gubernamental del presidente Luis Arce Catacora y en un año de “Ciclo Electoral Presupuesto” por las próximas elecciones nacionales es importante conocer los resultados de la oferta de su plan económico registrado en indicadores económicos agregados de crecimiento económico, inversión pública y tasa de inflación programados en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones” 2021-2025 que fue presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional[1] (ALP), para que los agentes económicos Consumidores (Familias, Hogares) y Empresarios la evalúen para tomar sus decisiones en sus cotidianas actividades en el corto y mediano plazo.
El agente económico y político “Gobierno” en funciones de gestión gubernamental, utiliza el Presupuesto General del Estado (PGE) y el PDES, con una orientación de políticas económicas de estímulos a la demanda interna, con una política fiscal expansiva financiado con el crecimiento de la deuda pública para satisfacer a sus adherentes y ganar las elecciones nacionales[2].
El ”Gobierno” en su rol de agente económico busco maximizar una función de bienestar social durante el quinquenio 2021-2025 basada en una concepción de la sociedad y la economía que pretende mostrar a las acciones estatales como fruto de decisiones colectivas pactadas libremente, sin respetar la libertad individual de las personas y costos elevados de pérdida de la productividad y competitividad económica del país.
Los consumidores, empresarios bolivianos y extranjeros también maximizaron sus correspondientes funciones de utilidad que son una variedad de comportamientos según sus expectativas adaptativas y racionales que conocen el modelo de economía estatista populista y las consecuencias que tiene, y por lo tanto toman sus decisiones anticipadamente a los efectos de las políticas públicas.
Durante el próximo proceso electoral nacional el oficialismo está condicionado por su deseo de mantenerse en el poder, satisfacer las exigencias ideológicas de sus electores y trabajar con su estructura orgánica partidaria.
Los partidos políticos de oposición se organizan y pretenden ganar las elecciones nacionales, para asumir el poder político buscando acuerdos de unidad y recogiendo de sus partidarios y no partidarios sus anhelos, necesidades y proponer resolver sus problemas económicos, para incorporar en sus propuestas de programas económicos un modelo económico y políticas económicas distintas al actual modelo, para conseguir sus votos a su favor.
Ante una crisis económica, política, social y climática que afectan a todos en la actualidad los ciudadanos demandan su solución, que fueron encaradas por la administración gubernamental durante la gestión pasada con medidas administrativas de carácter económica y no consiguieron resolverlos, porque se mantiene una brecha cambiaria, atraso cambiario, déficit fiscal elevado, déficit de balanza comercial, riesgo país de más de 2.000 puntos, stock de reservas internacionales y flujo de dólares no suficiente para sostener un tipo de cambio fijo, elevada tasa de inflación, bajo crecimiento económico y en el año 2025 en rumbo de la economía boliviana sería igual al 2024, porque el presupuesto agregado respecto al PIB alcanza 110 por ciento que significa que el gasto público en términos de monto financiero supera al de la producción de bienes y servicios finales, es decir, continuaría la política pública de estimulación fiscal de la demanda interna de bienes y servicios como medida económica de solución, pero financiado con crédito público que provendrá de la emisión de billetes y monedas generando una sobredemanda de bienes y servicios empujando los precios hacia arriba, asimismo, el gobierno se asegura un incremento de los ingresos mediante el “Impuesto Inflacionario” y el “Señoraje” que son dos formas seguras de recaudación para la administración gubernamental no legisladas, y un cambio de la política pública podría realizarse después de las elecciones nacionales dependiendo de quien gane.
¿Qué es el PDES 2021-2025?
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 es un instrumento de política económica de mediano plazo que señala hacia donde se dirige la economía nacional mediante la programación, ejecución y evaluación de políticas sectoriales y territoriales incorporadas en las categorías programáticas de gasto, metas, resultados y acciones, y un escenario macroeconómico futuro[3].
Son diez ejes y trece pilares estratégicos definidos en el PDES a lograr a través de la ejecución de todas las entidades públicas mediante sus planes, programas y presupuesto institucionales que para ser medidos sus resultados establecieron tres indicadores macroeconómicos programados para el quinquenio 2021-2025, para analizar si fueron alcanzados durante la ejecución son: tasas de crecimiento económico; ratio de inversión pública respecto al PIB y tasa de inflación.
¿Fueron alcanzados los resultados programados de los indicadores agregados del PDES?
A meses de finalización de vigencia del PDES[4], se conocen los resultados de los tres indicadores económicos agregados macroeconómicos de cuatro años y estimado para el 2025 en el PGE, para comparar con los datos programados y conocer los desvíos registrados en la utilización del modelo económico y política económica 2021-2025, vigente desde el 2006.
El PDES tiene datos anuales programados 2021-2025 de: crecimiento económico; inversión pública como porcentaje del PIB y únicamente promedio quinquenal de la tasa de inflación.
La tasa de crecimiento económico programado máxima de 5,6 por ciento el 2025 y el mínimo de 4,6 por ciento el 2022.
La inversión pública como porcentaje del PIB esperada la ratio máxima de 19,0 por ciento el año 2023 y la ratio mínima de 8,9 por ciento el año 2022.
La tasa de inflación programado sólo se cuenta con el promedio esperado de 13,5 por ciento (ver cuadro 1).
Las cifras de ejecución anual de los indicadores macros del PDES comparando con los datos de los años programados 2021-2025 según los informes oficiales[5] permite conocer resultados interesantes para emitir algunos criterios sobre si se logró alcanzar los objetivos y metas establecidos anualmente y en el quinquenio hasta el bicentenario de fundación de la República de Bolivia.
Anualmente la tasa de crecimiento económico registro un máximo de 6,1 por ciento el 2021 un 0,8 punto porcentual por encima del programado y la tasa de crecimiento económico mínimo fue de 2,58 por ciento el 2024 un 2,32 punto porcentual por debajo del programado, y el resto de los años fueron tasas de crecimiento económico menores a los programados, es decir, no se alcanzaron las tasas de crecimiento económico esperadas, excepto el primer año de gestión gubernamental.
La ejecución de la inversión pública como porcentaje del PIB la ratio máxima fue de 7,5 por ciento el año 2021 (la ratio máxima si se ejecuta el programado en el PGE sería 8,2 por ciento el 2025) por debajo en 5,4 puntos porcentuales al programado y la ratio mínima ejecutada de 4,5 por ciento el año 2024 por debajo al programado en 9,6 puntos porcentuales, por lo tanto, en los cinco años no se lograron registrar cifras similares o superiores a las programadas.
El costo de vida medido con la tasa de inflación registro un máximo de 9,97 el 2024 y la mínima de 0,9 por ciento el 2021 y como no se tiene cifras anuales programadas no es posible evaluar los resultados si se lograron alcanza anualmente (ver cuadro 2).
A nivel de la ejecución promedio del quinquenio 2021-2023 del crecimiento económico es 3,78 por ciento y por debajo del promedio en 1,32 puntos porcentuales respecto al promedio esperado de 5,1 por ciento del 2021-2025.
La inversión pública como porcentaje del PIB registro una ejecución promedio del quinquenio 2021-2025 de 6,8 por ciento respecto al promedio esperado del 2021-2025 de 13,5 por ciento, por debajo en 6,7 puntos porcentuales.
Respecto a la tasa de inflación promedio ejecutado durante el período 2021-2025 fue 4,72 por ciento por encima en 0,02 puntos porcentuales al programado de 4,7 por ciento.
De los tres indicadores promedio quinquenal del PDES en la ejecución dos registraron cifras por debajo de los datos programados y uno por encima. De los que están por debajo uno de ellos es la inversión pública como porcentaje del PIB alcanzo un 50 por ciento, y el segundo indicador es la tasa de crecimiento económico que registro un 70 por ciento, ambas variables económicas fundamentales, para lograr mejorar el bienestar económico de los bolivianos cuando crecen a tasas altas, y el que está por encima es la tasa de inflación por encima del programado que significa un incremento de la elevación del costo de vida de los bolivianos, por lo tanto, los tres resultados alcanzados fueron desfavorables y complicado de revertir en los siguientes meses del 2025 y próximos años manteniendo el actual modelo económico y política económica (ver cuadro 2).
Las variables económicas agregadas analizadas anteriormente son la agregación de la contabilidad y ejecución presupuestaria de cada entidad pública que periódicamente, realiza una evaluación de su gestión identificando los factores o circunstancias internas y externos que hubieran incidido en su funcionamiento y la adopción de medidas correctivas que fueron asumidas, para el cumplimiento de los objetivos de gestión por resultados a nivel institucional, de acuerdo a principios y técnicas de instrumentos de planificación y un marco normativo constituido por la Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos Supremos, Resolución Suprema, Resolución Ministerial, Resolución Administrativa, Directrices, instructivos y otros documentos que todo servidor público tiene que cumplir desde el primero hasta el último funcionario pública es responsable de la utilización de los recursos públicos, resultados y rendir cuentas a la sociedad.
Una especifica norma marco y principista sobre gestión y controles gubernamentales es la ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) vigente a partir de 1990 que rige las actividades del sector público boliviano, y una de las varias finalidades de la norma señala que: “… todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuentas no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación”. Es decir, la ley SAFCO determina un modelo de gestión gubernamental de gestión por resultados, para el sector público boliviano que significa que no es suficiente que solo ejecute los recursos y gastos públicos, sino que se logre alcanzar los objetivos y metas establecidas.
En conclusión, no fueron alcanzados los resultados programados de los indicadores agregados del PDES, porque en la ejecución dos registraron cifras por debajo de los datos programados; uno de ellos es la inversión pública como porcentaje del PIB de 50 por ciento, y el segundo indicador es la tasa de crecimiento económico de 70 por ciento, ambas variables económicas fundamentales, para lograr elevar y mejorar el bienestar económico de los bolivianos cuando crecen a tasas altas, y el tercero la tasa de inflación por encima del programado que significa la elevación del costo de vida de los bolivianos, resultados desfavorables complicado de revertir en los siguientes años manteniendo el actual modelo económico y política económica.
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[1] Constitución Política del Estado, Artículo 172, numeral 10.
[2] Ciclo Electoral Presupuesto.
[3] Ley N° 1449 Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025
[4] Noviembre del 2025.
[5] 2023 y sitio Memoria de la economía boliviana WEB del INE.
El autor es economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB.
