La Paz, 23 de enero de 2025 (ANF).- El departamento de La Paz contará con un nuevo complejo penitenciario, lo que significará el cierre gradual del penal de San Pedro, según informó Juan Carlos Limpias, director general de Régimen Penitenciario. Dijo que este cambio formará parte de un plan de modernización del sistema carcelario en Bolivia.
“La Paz va a tener su complejo penitenciario, eso quiere decir que el penal de San Pedro pronto se va ir cerrando y vamos a tener una perspectiva en (la cárcel de) Chonchocoro, donde tenemos más de 236 hectáreas”, declaró Limpias en el acto de presentación de resultados en seguridad ciudadana de la gestión 2024.
El cierre del penal de San Pedro se estableció en la Ley 494 del 28 de enero de 2014 al declararse de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”. Tras una década todavía no existe ningún avance físico.
En agosto de 2023, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó un informe donde recomendó la aplicación de la Ley 494, que dispone el cierre del penal de San Pedro, así como la construcción de un nuevo centro penitenciario para el departamento de La Paz.
Limpias respondió que hay un avance significativo en un proyecto de preinversión que tiene lugar en los predios de Chonchocoro y que lo que busca es financiamiento.
En junio de 2024, la autoridad informó nuevamente sobre el proyecto para cerrar la cárcel de San Pedro y trasladarla a predios de Chonchocoro. Explicó que el Ministerio de Economía dará los recursos necesarios para construir el nuevo complejo penitenciario del departamento de La Paz.
“Tenemos 236 hectáreas de tierra, Chonchocoro está entre 3 y 4 hectáreas y el que se pretende alcanzar son 50 hectáreas y será bajo la misma modalidad que se está haciendo en Santa Cruz, entregar materiales a los privados de libertad para que trabajen los predios”, dijo aquel entonces.
Vecinos del barrio de San Pedro demandaron a la Dirección General de Régimen Penitenciario hacer un compromiso público para el traslado y cierre definitivo de la cárcel de San Pedro, que permanece vigente pese a que hace 10 años la Ley 494 determinó su clausura.
Los vecinos expresaron su preocupación por los riesgos que representa el recinto ubicado al frente de la plaza principal, y a pocas cuadras del centro político país en la plaza Murillo, donde ocurren graves vulneraciones de derechos humanos por el hacinamiento y la falta de condiciones de habitabilidad, la venta y el consumo de drogas, que excede sus muros del penal.
La diputada Milena Reque junto a representantes de organizaciones del barrio de San Pedro, como la presidenta de la Junta de Vecinos San Pedro Bajo, Myriam Gina Dunois, realizaron coordinaciones y reuniones con las autoridades penitenciarias para hacer llegar la preocupación de la población y el pronto traslado del penal.
“Queremos hacer un compromiso que sea público, con la presencia del Régimen Penitenciario y con la presencia del Ministerio de Gobierno, concretizar un acto en el que toda la población esté informada sobre este traslado y la construcción del nuevo penal”, dijo a ANF la diputada Reque.
Agregó que ya existe un presupuesto inicial de un millón doscientos mil bolivianos y lo que se tiene que hacer es “propiciar que ese presupuesto se ejecute y se cumpla porque realmente son décadas que la población paceña está esperando el traslado de este penal”.
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, sostuvo que “mantener abierto San Pedro en condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos, es solamente para seguir encubriendo o protegiendo algunas acciones totalmente fuera de la ley”.
“Al parecer se está protegiendo intereses principalmente económicos para algunos, que no quieren facilitar la alternativa de construir otro centro penitenciario en mejores condiciones”, dijo a ANF.
Construcción de nuevos recintos
Limpias destacó que la mejora en la infraestructura carcelaria ha sido clave para reducir los altos índices de hacinamiento. “El tema de la infraestructura creo que es importante, hemos bajado los altos índices de hacinamiento gracias a la infraestructura que hemos ido realizando, incluso los mismos privados de libertad con donaciones de materiales han ido desarrollando”, explicó.
Actualmente, las cárceles de Bolivia albergan a 32.000 internos, según datos oficiales. Ante esta situación, las autoridades han establecido un plan de priorización para la construcción de nuevos recintos.
“Vamos a priorizar sobre todo en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en ese orden, que aglutinan casi el 70% de la población penitenciaria; estamos proyectando infraestructura a nivel nacional”, señaló Limpias.
El departamento de Santa Cruz será el primero en beneficiarse con esta estrategia, ya que se ha asegurado ciertos recursos para garantizar su complejo penitenciario.
“Seguramente en las próximas semanas el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) anunciará que vamos a trabajar en infraestructuras, solamente les puedo adelantar que Santa Cruz ya va a contar con su complejo penitenciario en el futuro, ya se tienen ciertos recursos que garantizan eso”, adelantó el director.
En Cochabamba, la planificación del nuevo complejo penitenciario ya ha comenzado en Arani, dijo Limpias. “En Cochabamba estamos empezando con Arani, el departamento de Cochabamba tiene 16,5 hectáreas que va a ser su complejo penitenciario”, afirmó.
Además, se prevé la creación de centros penitenciarios provinciales en localidades como Riberalta y Montero, con capacidad para albergar entre 500 y 600 internos.
Uno de los centros más olvidados hasta ahora ha sido el penal de Mocoví, en el Beni, que ni siquiera contaba con un muro perimetral, informó Limpias. “Mocoví hoy tiene un terreno de casi tres hectáreas y más, va a tener muro perimetral que le va a permitir desarrollarse y abrirse”, dijo.
Gracias a la construcción del muro perimetral, agregó, se podrá realizar una ampliación significativa. “De esa cajita que tiene ahí que cualquier rato se cae, gracias a este muro perimetral ya hay una perspectiva y un compromiso del gobierno departamental del Beni de hacer un bloque grande, hay compromiso del municipio de hacer talleres productivos una vez que el muro esté”, explicó el director de Régimen Penitenciario.
Con estas medidas, el gobierno busca mejorar las condiciones de los privados de libertad y optimizar la gestión del sistema penitenciario en Bolivia. Limpias reiteró el compromiso de continuar con estos proyectos y garantizar espacios adecuados para la rehabilitación de los internos.
/ANF/
Articulo sin comentarios
