La Paz, 10 de junio de 2024 (ANF).- Una cárcel construida hace 129 años como panóptico para albergar a 300 internos, hoy, con modificaciones, alberga a más de 3.000 privados de libertad. El hacinamiento y la falta de espacios ha ido tugurizando el recinto e incrementando el nivel de enfermedades y violencia que golpea a los privados de libertad.
La abogada e investigadora Luisa Antonia Chipana dijo al respecto que se debe optar por medidas integrales para abordar este problema, e incluso por la gravedad de la situación se debe considerar el cierre y cambio de lugar del recinto penitenciario, que, así como está, beneficia a mafias internas.
“Esta situación beneficia tal vez a mafias internas y esto tiene que ser investigado, sin embargo, esto está creciendo, cada vez tenemos más hacinamiento, cada vez tenemos mayores niveles de violencia estructural, institucional, entonces, es necesario hacer un abordaje integral”, dijo la jurista a ANF.
La cárcel de San Pedro fue abierta en 1895 con una capacidad para 300 personas. El modelo de cárcel tipo panóptico dirigido a un mayor control y seguridad se fue diluyendo y “ahora vemos que está colapsando, vemos que ya el hacinamiento es insoportable”.
“Están trabajando en los techos y a la intemperie, lo ven como una forma de trabajo, pero están arriesgando su vida, podrían caerse, están sin medidas de seguridad para los aerosoles, estas pinturas que pueden dañar su salud, entonces, vemos que no hay espacios, talleres, para que ellos puedan trabajar adecuadamente, tampoco tienen estas normas de seguridad industrial”, indicó.
Chipana aseveró que en el recinto de San Pedro ya es casi imposible trabajar, y si bien hay nuevas construcciones, también afectan al tema de seguridad, por lo que “habría que ver alguna forma de cerrar el recinto de San Pedro y moverlo a otro lugar, abrir otra cárcel con las condiciones adecuadas para cumplir el fin de la privación de libertad, es decir, la reinserción social”.
La Ley 494 del 28 de enero de 2014 establece el cierre del penal de San Pedro y declara de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”. Tras una década, no existe ningún avance.
Quiénes se benefician
Chipana indicó que se debería realizar una investigación a los “autogobiernos” que hay en los recintos carcelarios, representados por los delegados, quienes gobiernan y tienen el poder. Las denuncias de abusos son constantes de parte de los privados de libertad y este tipo de sistema ya ha sido observado por el Subcomité contra la Tortura que ha pedido su abolición.
Dijo que en las cárceles muchas veces se ve a privados de libertad golpeados por autoridades internas que ejercen violencia, y “esto es muy peligroso para el cumplimiento de los derechos humanos, principalmente la vida, la integridad personal y la reinserción social”.
“Se habla mucho de una corrupción enraizada, pero eso también es un producto de que el Estado ha dejado hacer y ha dejado pasar muchas situaciones, es necesario que el Estado tenga presencia dirigida a que se cumpla el objetivo de la privación de libertad que es la reinserción social y la prevención del delito”, apuntó.
Chipana expresó su preocupación por el anuncio de nuevas leyes como el propuesto por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “Lo ajeno no se toca”, que agravaría la situación en las cárceles.
Es un castigo inmediato para los delitos de “robo, delitos de bagatela, pero qué pasa cuando los ingresan dentro de un recinto penitenciario, no existe una clasificación, están mezclados todo tipo de delitos, entonces, estos jóvenes, estas señoritas, que ingresan por primera vez, de pronto pueden ser pasibles a que otras organizaciones, inclusive crimen organizado, los capten, y cuando salgan no van a cometer solo delitos de bagatela, sino delitos muchos más graves”.
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