Ir al contenido principal
 

Nacional Seguridad

Debate: Abusos contra mujeres y población LGBT deben ser tratados como tortura y tratos crueles

Nora Sveaass, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), indicó que esta institución es consciente de que la tortura y los malos tratos contra las mujeres ocurren en una variedad de situaciones y no están limitados a aquellos que se dan en establecimientos penitenciarios.
30 de junio, 2021 - 16:01
Compartir en:
Foto ilustrativa: National Geographic
Foto ilustrativa: National Geographic
La Paz, 30 de junio (ANF).- Instituciones contra la tortura, contra la violencia hacia la mujer y de población de diversa identidad de género manifestaron su preocupación sobre la naturalización de la tortura y tratos crueles y degradantes contra estos sectores, y plantearon la necesidad de visibilizar los casos como hechos de tortura e integrar la perspectiva de género a este debate.

“El uso de la violencia sexual se ha dirigido particularmente contra las mujeres: toqueteos, insultos sexistas, amenazas de violación y violación por parte de las fuerzas policiales. No nos cabe duda de que estamos asistiendo a la sexualización de la tortura, con la agravante de que muchas mujeres no denuncian por vergüenza, amenazas de represalias y desconfianza en instituciones gubernamentales”, explicó la directora Ejecutiva del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), Bolshia Bravo, durante su ponencia en el webinario “Tortura y Perspectiva de Género”. 

Agregó que esta situación coloca a las mujeres en “gran vulnerabilidad” porque viven una doble y hasta triple discriminación: de género, clase y procedencia. Argumentó con extractos de dos testimonios de mujeres que sufrieron agresiones y abusos de miembros policiales y militares durante momentos de convulsión del país, en diferentes etapas de la historia. 

Sostuvo que la violencia doméstica, la violación y el hostigamiento sexual, la tortura y hasta la muerte son el precio que muchas mujeres han tenido que pagar en los últimos años por atreverse a participar en la lucha política, y que la situación es similar en varios países de la región.

Explicó que, históricamente, el marco de protección de la tortura y los malos tratos ha evolucionado “en gran medida” en respuesta a prácticas y situaciones que afectaban desproporcionadamente a hombres. Por lo tanto, dijo, “no se ha hecho un análisis sobre la cuestión desde una perspectiva transversal y de género, ni se han tenido adecuadamente en cuenta los efectos de una discriminación arraigada de unas estructuras de poder patriarcales, normativas y discriminatorias y de estereotipos de género socializados”. 

Destacó como fundamental integrar la perspectiva de género en cualquier análisis de la cuestión de tortura y los malos tratos para que se reconozca, se aborde y se subsane por completo las violaciones arraigadas en normas sociales discriminatorias sobre el género y la sexualidad.

Nora Sveaass, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), indicó que esta institución es consciente de que la tortura y los malos tratos contra las mujeres ocurren en una variedad de situaciones y no están limitados a aquellos que se dan en establecimientos penitenciarios.

Agregó que la violencia doméstica se ha incrementado durante el desarrollo de la pandemia del Covid-19 y se constituye en otra preocupación grande para el subcomité. 

Sveaass sostuvo que actualmente es responsabilidad del Estado prevenir, investigar y castigar hechos de violencia ya sea en casos de la vida cotidiana como en hechos perpetrados por instituciones del Estado.

Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer, coincidió en que el Estado debe garantizar la identificación de situaciones de tortura y malos tratos contra las mujeres, en temas particulares. Asimismo, que a pesar de la existencia de una normativa que prohíbe estos comportamientos, son permanentes.

Destacó que algunas situaciones de conocimiento público como las que sufren mujeres privadas de libertad “que están expuestas a mayor vulnerabilidad ante los guardias de seguridad” y se conocen las denuncias. Asimismo, hechos de tortura e intimidación de mujeres cuando hay detenciones en protestas sociales, y durante su traslado a carceletas “son amenazadas con el desnudamiento, agresión a su intimidad y violaciones”. 

“Estos actos no son visibilizados como acciones de tortura pese a que son recurrentemente utilizadas por fuerzas policiales y en algunos casos por militares”.

Del debate también participó el director de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad, Alberto Moscoso, quien también enumeró varios hechos de violencia contra esta población como los crímenes de odio, cometidos “con saña, dolo y motivación sanguinaria” contra personas transexuales y transgénero.

“Recibieron golpes, quemaduras, cortes y apuñalamientos, hay un solo caso con sentencia ejecutoriada. También hemos tenido casos de violencia intrafamiliar contra jóvenes y adolescentes que hablan de su sexualidad en su familia, fueron víctimas de violencia psicológica, durante la etapa de confinamiento por el Covid-19, todos estos hechos son casos de tortura”, afirmó.

Destacó que actos de bulling y “homolesmovitransfóbico” muchas veces han derivado incluso en casos de suicidios de la población con distinta orientación sexual, lo que también se considera como otras formas de tortura.

/ANF/

Etiquetas

  • Tortura en Bolivia