La Paz, 9 de diciembre de 2024 (ANF).- En un escenario de institucionalidad debilitada y un espacio cívico restringido, en el Día de los Derechos Humanos los activistas y algunas organizaciones aseguran que la sociedad civil asume el rol de defensa de los derechos humanos con un trabajo “titánico”, porque pese a sus limitaciones se enfrentan a un poder político muy grande.
Cada 10 de diciembre se conmemora el día de los derechos humanos, en conmemoración a la aprobación hace 76 años, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los documentos más importantes que consagra los derechos de toda persona, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma y opinión política.
El mismo día de 1976 se fundó en la clandestinidad la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), hace 48 años. En un contexto de dictadura, la entidad carecía de “legalidad”, pero aun así funcionó y logró la legitimidad frente a los gobiernos de turno.
Este 2024 encuentra al país sumido en una profunda “crisis económica, social, política e institucional”, donde se vulneran los derechos y las libertades democráticas, según diversos reportes nacionales e internacionales, además de la percepción de la APDHB, que percibe vulneraciones por acción u omisión del Estado, que hace casi 20 años está bajo la administración del Movimiento al Socialismo.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS, en lo que va de 2024, se registraron 863 vulneraciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre las que se encuentra el derecho a defender derechos, que suma 84 casos.
Los números muestran un crecimiento respecto a todo el 2023, cuando se registraron 743 casos de vulneraciones, de las cuales, 51 eran vulneraciones a los defensores de derechos humanos.
Según Civicus Monitor, el espacio cívico de Bolivia se encuentra “obstruido” este 2024, con una puntuación de 51, donde el espacio abierto tiene una puntación de 80 a 100 y el espacio cerrado, de 0 a 20.
La vicepresidenta de la APDHB y presidenta de esa organización en Tarija, Yolanda Herrera, confiesa que en este contexto existen momentos de “desánimo” ante la sistemática vulneración de derechos, y que el trabajo de los defensores de derechos es cada vez más difícil.
“A veces sentimos un desánimo profundo y tremendo cuando vemos la injusticia, la impunidad, sin acceso a la justicia de manera objetiva e imparcial, vemos la corrupción”, sostiene, pero dice que se reaniman cuando ven la tristeza, el sufrimiento y llanto de la gente a la que se le vulneran sus derechos.
El balance del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) sobre los derechos humanos en Bolivia es “negativo” y “preocupante”, porque atraviesa una situación de “crisis, deterioro y erosión”, afirma Miguel Miranda, coordinador del equipo de Incidencia en Derechos Humanos.
Argumenta que “toda la institucionalidad” llamada a hacer respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos está “profundamente deteriorada”, debido a la falta de respeto a las reglas básicas de convivencia democrática y a la intromisión y manoseo político.
La conflictividad y la polarización política aumentan las condiciones de vulneración de derechos, sostiene la Defensoría del Pueblo, al mismo tiempo de advertir “con preocupación que se van avivando los discursos de discriminación y racismo”.
“La defensa y vigencia de derechos humanos cobra una mayor relevancia en situaciones de conflictividad, ya que la polarización de opiniones y posiciones en conflicto pueden originar la vulneración de los derechos humanos, incluso de terceros ajenos al mismo”, explica la Defensoría.
Las instituciones divididas
La división y el paralelismo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha reducido su impacto en la defensa de los derechos y las garantías que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas.
Herrera asegura que el debilitamiento institucional ha sido parte de una “estrategia” política del gobierno del MAS, desde que los defensores de derechos humanos asumieron posición de respaldo a la VIII marcha por el TIPNIS y se sumaron a esa movilización.
Esta división dio lugar a la conformación de dos directorios, uno liderado por Amparo Carvajal (fundadora de la APDHB), y otro hasta hace poco dirigido por Edgar Salazar, afín al gobierno, aunque esta dirección fue cambiada por otro grupo que ahora se arroga la representación.
Asimismo, la sede de la institución fue tomada en 2023 por el grupo de Salazar. Carvajal en defensa de la infraestructura cumplió una vigilia de 52 días, casi dos semanas lo hizo desde la terraza de la APDHB. Si bien ese grupo desalojó la institución por intermediación del consulado de España, hasta hoy la entidad sigue cerrada y custodiada por al menos 10 policías.
ONGs con menos margen de acción
Las instituciones que trabajaban desde la visión de derechos también han sido debilitadas, en algunos casos “coptadas”. Miranda dice que esto se traduce en que muchas instituciones sin fines de lucro como las ONGs se cerraron y con ello se abandonó un espacio de fortalecimiento de la sociedad civil. “Esto es producto de la erosión sistemática de la sociedad civil”, afirma.
Desde la vigencia de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, estas entidades han estado presionadas para ajustarse a la normativa, enfrentar los criterios políticos y la burocracia que dilata la renovación de sus personerías, afectando el derecho a la asociación.
Defensoría en entredicho
La Defensoría del Pueblo, que tiene la misión de velar por la vigencia y respeto de los derechos humanos, es objeto de críticas por su posición en diversos temas fundamentales de vulneración de derechos.
“A la Defensoría la vemos bastante parcialidad y haciendo cálculos para mantenerse en el lugar”, afirma Herrera, al observar que adopte una actitud conciliadora, mediadora, como “suavizando” el estado de situación. Ella dice que se extraña la firmeza y contundencia de otras gestiones.
El Defensor del Pueblo es elegido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de un proceso que debería ser meritocrático, sin embargo, la mayoría del Movimiento al Socialismo generalmente ha seleccionado a esta autoridad.
Aunque la institución explica que, “por mandato constitucional, su rol es ser promotora del diálogo tanto con actores en conflicto como valorizando el diálogo en todos los espacios sociales para que se afiance la cultura de paz”.
En una entrevista concedida para esta nota, la Defensoría sostiene que actúa de forma inmediata en los casos de detenciones en conflictos, velando que no se vulneren derechos, se constaten tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que se respete el debido proceso.
Defendió su actuación durante la marcha que inició en Caracollo y en el bloqueo nacional de caminos de 24 días, protestas que fueron promovidas por el MAS, recordando al Estado su rol de garante de los derechos humanos.
“En ese contexto de polarización, la Defensoría del Pueblo ha recibido ataques de los actores en conflicto, demandando la parcialización de la institución con uno u otro lado”, sostuvo el defensor Pedro Callisaya.
Grupos cuyos derechos son vulnerados
Miranda asegura que los pueblos indígenas están en la indefensión, cuyos derechos son vulnerados por el Estado. Cuestionó las operaciones de las cooperativas mineras que causan altos grados de contaminación de los ríos con mercurio, sin que el Estado haga nada.
Ocurre lo mismo con la flexibilización de las normas de exploración y explotación hidrocarburífera sin que se tomen en cuenta los derechos de las comunidades, por ejemplo, de Tariquía, en Tarija. “Es una irracionalidad la expansión de la frontera petrolera a zonas ecológicas.
Añade el último hecho vinculado al desastre ambiental y social ocasionado por los incendios y la quema de más de 10 millones de hectáreas, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Cuestiona la “impunidad” porque a la fecha no existen responsables ni las instituciones gubernamentales ni agroindustriales ni interculturales.
Pero la impunidad alcanza a otros grupos como el de los periodistas, que en las situaciones de conflicto y confrontación son vulnerables. El caso de las Londras es emblemático porque a la fecha no hay responsables del secuestro y ataque armado del que fueron víctimas un grupo de trabajadores de la prensa.
La APDHB mediante una nota también apunta a la crisis profunda del sistema de justicia, del inhumano hacinamiento en las cárceles, la indefensión de grupos vulnerables como los niños, niñas y mujeres, las detenciones sin el debido proceso, entre otros casos.
En este contexto ¿Quién defiende los derechos humanos?
En un espacio cívico tan restringido, “somos muy pocos los que hacemos un esfuerzo titánico para lograr por lo menos hacer un contrapeso al tremendo poder que tiene el gobierno y los actores económicos”, sostiene Miranda, al plantear que el desafío es recomponer de las “cenizas” las instituciones de la sociedad civil para seguir exigiendo el pleno respeto de los derechos y las garantías ciudadanas.
Herrera insiste que, pese a esa adversidad, hay activistas que “continuaremos levantando nuestra voz por la gente que siente la vulneración de sus derechos”. Asimismo, deposita su esperanza en todos quienes tienen la fuerza de hacer escuchar su voz desde la sociedad civil organizada o no.
“Todavía tenemos en algunos departamentos el actuar de activistas que seguimos peleando ante los jueces, ante los comandantes, ante el poder, reclamando los derechos humanos que vemos vulnerados", insiste, aunque reconoce que “ya no tienen el mismo impacto” producto de haber alentado el paralelismo y la división desde esferas políticas.
La Defensoría del Pueblo sostiene que “es fundamental comprender que los Estados son los principales garantes de los derechos humanos de sus pobladores; los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, a través de las políticas públicas planteadas deben ejecutar programas y proyectos que impulsen el cumplimiento de compromisos internacionales en defensa, protección y promoción de los derechos humanos”.
Aunque Herrera y Miranda coinciden que las instituciones estatales son precisamente las que vulneran derechos, especialmente las instituciones del nivel central del Estado, así como la Policía, el Órgano Judicial, entre otros.
Ante el debilitamiento interno, las organizaciones ponen su mirada en mecanismos y organismos internacionales, por ejemplo, diversos actores están acudiendo con mayor énfasis a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrar justicia.
Miranda destaca como un espacio que genera expectativa y esperanza el Examen Periódico Universal (EPU), que se realizará en enero de 2025, cuando el Estado responderá si ha cumplido o no las recomendaciones que hace cuatro años y medio le hicieron otros estados.
“Un síntoma muy esperanzador es lo que ha pasado con el EPU, al año el Estado será evaluado en el Examen Periódico Universal, en el cuarto ciclo, y hay un ejercicio previo que se hace por patrocinio de unas ONG internacionales en Ginebra y en coordinación con el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, lo saludable es que han coincidido unas cuatro o cinco coaliciones, que hemos elaborado informes y se ha tenido una saludable coordinación que creemos que va a permitir en una eficaz comunicación a quienes evaluarán al Estado boliviano”, señala.
“Por lo menos hacemos los esfuerzos por recomponer nuestra articulación, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de la escasez de recursos y a pesar de nadar contra la corriente porque estamos presionados por la legalidad y exigencia administrativa y fiscal del Estado”, comenta Miranda como otra salida para la exigencia en el cumplimiento de los derechos humanos.
/Para Sumando Voces/
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