La Paz, 2 de febrero de 2024 (ANF).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a las autoridades (del gobierno de Luis Arce) a “abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen” la protesta y a los movilizados en los bloqueos. Asimismo, sostiene que el Estado debe asumir medidas para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta y garantizar los derechos a la vida, la integridad, salud y las condiciones para el abastecimiento de alimentos.
“La CIDH insta a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella. La estigmatización oficial de la protesta dificulta el diálogo y puede exacerbar violencia contra determinados sectores de la población. Las personas con liderazgos públicos deben tomar distancia de cualquier discurso que envíe mensajes permisivos a la violencia, incluyendo los que activen, fomenten, acentúen o exacerben situaciones de discriminación, hostilidad, intolerancia o animadversión”, se lee en un pronunciamiento.
Desde el 22 de enero, organizaciones sociales vienen sosteniendo un bloqueo de caminos en distintos puntos del país, diferentes autoridades gubernamentales han descalificado la protesta. La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) “recuerdan al Estado su deber de respetar a los estándares interamericanos sobre libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, así como tomar medidas efectivas para generar diálogos y reducir la polarización política en el país”.
Recuerdan que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Las limitaciones a este derecho no pueden depender del contenido, la modalidad de la reunión pacífica, o el parecer oficial sobre la legitimidad de esta.
Asimismo, precisan que “toda limitación a este derecho debe acreditar rigurosamente los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, el Estado debe adoptar medidas para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta y garantizar los derechos a la vida, integridad, salud y las condiciones para el abastecimiento de toda la población”.
Detallan que, cuando “las protestas se extienden en el tiempo y escala a punto de comprometer gravemente la garantía de otros derechos como por ejemplo el i) derecho a la vida; ii) aprovisionamiento de alimentos; o iii) el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”.
Las manifestaciones de diferentes grupos se originaron a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prorrogó sus mandatos y de otras autoridades judiciales, y ahora exigen elecciones judiciales de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Elecciones que debieron celebrarse en 2023, la preselección de candidatos debió ser convocada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), “omisión que ha generado una preocupante afectación a la independencia del poder judicial y descontento social”.
“Las protestas, que se realizan en distintas localidades de país, se enmarcan en un ambiente de alta polarización política tras una reciente decisión del TCP que concluyó que la constitución boliviana no permite la reelección presidencial indefinida”, señala el documento.
La modalidad de protesta incluye el cierre de carreteras en varias regiones del país, con especial concentración en los departamentos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. En este contexto, la Policía Nacional ha dispersado algunos sitios de bloqueo con el uso de gases en al menos una ocasión. En otros puntos se han registrado enfrentamientos entre civiles y agentes policiales, que resultaron en al menos 32 agentes heridos. En Potosí, el 27 de enero, tres policías fueron lesionados y al menos 9 personas fueron detenidas. Según la nota de prensa, se tiene el registro de la muerte de 2 personas, presuntamente como consecuencia de los bloqueos. Asimismo, se conoció el anuncio del Estado sobre posibles investigaciones contra quienes lideran las manifestaciones.
La CIDH registró el anuncio estatal de garantizar rutas alternativas, vuelos solidarios y ambulancias con raciones secas para personas varadas en los puntos de las manifestaciones. Por su parte, el Defensor del Pueblo instó a las personas manifestantes para que se permita el tránsito de las personas afectadas por los bloqueos.
La CIDH viene advirtiendo tensiones sociales históricas en Bolivia que han resultado en polarización política y actos de violencia, especialmente, en momentos de conflictividad social. En ese contexto, es deber del Estado, por medio de toda su institucionalidad democrática, generar un proceso de diálogo amplio, constructivo, y diverso, con el fin de prevenir actos de discriminación y generar espacios de consenso, crucial en la construcción de un sentido de destino común en la diversidad.
La polarización se suma a debilidades institucionales y desafíos estructurales en el sistema de justicia que deben ser atendidas de manera prioritaria por el Estado, obligado a garantizar la independencia de los órganos y el debido funcionamiento del sistema de justicia. Al respecto, se reconocen los esfuerzos de la Vicepresidencia, en su rol de Presidencia de la ALP, para convocar a las fuerzas políticas a canalizar en el debate parlamentario aspectos relacionados con los hechos que motivaron las protestas, específicamente las elecciones judiciales.
En ese sentido, la CIDH reitera su llamado al Estado, en particular a la ALP para que, en cumplimiento de su mandato, convoque y garantice las elecciones judiciales. En esta tarea, debe tomar en cuenta que los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales. Los procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social, entre otros aspectos.
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