La Paz, 6 de febrero de 2024 (ANF).- La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos advirtió al Gobierno que debe cumplir el acuerdo para viabilizar las judiciales, “sacar a sus magistrados autoprorrogados” si quiere la aprobación de los proyectos le ley de contratos de préstamos por más de 704 millones de dólares.
La legisladora opositora señaló que el Gobierno está acostumbrado a hacer “trampas”, “el gobierno tiene la mala manía de jugar con trampas”, sostuvo ante la posibilidad de que esto suceda al cumplir el acuerdo suscrito entre las fuerzas políticas en la Vicepresidencia, la pasada semana.
“Si el gobierno quiere aprobar sus créditos porque necesita, porque el dólar está en Bs 8,2, porque no hay dólares, no hay plata, no hay para la subvención de gasolina, lo que necesita es sacar de una buena vez a sus (magistrados) autoprorrogados”, declaró la senadora opositora.
Precisó que es fundamental avanzar en lo que verdaderamente es importante para el país, es decir viabilizar las elecciones judiciales, para que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura dejen sus cargos.
Las fuerzas políticas en la ALP acordaron, la pasada semana, viabilizar la aprobación del proyecto de ley 144, asimismo, la Cámara de Diputados debe tratar por tiempo y materia los proyectos de ley 075 y 073 sobre la cesación de funciones y la suspensión de plazos procesales y luego los proyectos de créditos.
El proyecto sobre la cesación de funciones tiene un solo artículo, el que establece con base en los artículos 183, 188, 194 y 200 de la Constitución respecto al mandato judicial de seis años; los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros y de la Magistratura titulares y suplentes “cesan en funciones de sus cargos electivos el próximo 2 de enero de 2024”.
Por otra parte, la propuesta para la suspensión de plazos procesales tiene tres artículos, el 1 dice: “Quedan suspendidos los plazos procesales en todas las materias, según causas ordinarias, agroambientales, en materia constitucional y administrativo disciplinarias, de conocimiento” del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular”.
El jefe de bancada de CC en Diputados, Guillermo Seoane, manifestó que el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, ya tendría que convocar a sesión para tratar esas dos normas, porque los “compromisos se deben acatar”.
Recordó que en la Vicepresidencia se hizo un pacto para llevar adelante las elecciones judiciales este año, un proceso que debía realizarse el 2023, pero se estancó porque la convocatoria fue objeto de amparos y diferentes acciones que paralizaron el inicio de la preselección en la ALP.
“Nadie garantiza la aprobación de nada, es un tema de correlación de fuerzas”, dijo Seoane, al sostener que ellos darán una dura pelea en el pleno para asegurar la aprobación de las normas, toda vez que el texto del acuerdo no precisa que se “aprobarán” las dos normas, sino que se “tratarán”.
Por su parte, el diputado Renán Cabezas (MAS-evista) informó a la ANF que esa facción respetará el acuerdo, pero si no se aprueban las dos normas (073 y 075) “vamos a exigir que no se apruebe o trate otra norma más”, al recordar que al Ejecutivo le interesa aprobar los proyectos de ley sobre créditos.
/ANF/
