La Paz, 28 de septiembre de 2023 (ANF).- En los últimos cuatro años 224 personas privadas de libertad bajo custodia fallecieron en las cárceles del país por diferentes motivos y sin que exista alguna política para cambiar esta realidad. Se trata de la naturalización de las muertes en las cárceles que de acuerdo a los registros de Régimen Penitenciario ocurren por enfermedad, violencia, suicidio y homicidio.
Para el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos las muertes son parte del descontrol, la falta de reglamentos y el estado de facto que se vive en las prisiones del país, lo que significa “que en Bolivia hay, por los hechos, aunque no lo diga la ley, pena de muerte”.
“Es uno de los grandes problemas y nadie resuelve, todo lo dejan ahí porque es una muerte más, es un cordero más, es un chancho más que ha muerto y punto, pero no, la ley dice que son seres humanos, tienen dignidad, por más atroz delito que hayan cometido”, dijo Llanos a ANF.
El especialista remarcó que la principal tarea del régimen penitenciario es cuidar a la persona privada de libertad porque “entra viva y debe salir viva de la cárcel, esa es su principal responsabilidad”.
El activista de derechos humanos David Inca señaló que en las cárceles ninguna muerte es “natural” como suelen decir las autoridades penitenciarias debido que mucho tiene que ver con la atención médica oportuna que no se brinda a los internos.
"Las muertes naturales por enfermedad no eran tan naturales porque no se permitía por un lado la autorización, en otras palabras, el juez no daba la autorización de salidas de atención médica en tiempo oportuno, y si otorgaba, no había custodio para el traslado, o había otras audiencias, o el interno no tenía dinero para pagar la carrera al hospital”, señaló a ANF.
Pero, paradójicamente, agregó, sí salen estas autorizaciones para los reclusos que tienen recursos económicos, “para los que tenían esa facilidad de pagarse el taxi, darle esa garantía al oficial (custodio) de que no se va a escapar”, pero “muchos de los muertos por causas naturales, han sido por falta de atención médica oportuna y por falta de la orden del juez que les permita la salida justo ese día que lo estaban pidiendo”.
Ocurre de manera similar en el caso de los suicidios, dijo Inca, debido a que no existe el personal profesional especializado ni la cantidad suficiente y los internos quedan a su libre albedrío para resolver los problemas mentales que surjan.
Las muertes violentas u homicidios no dejan de ser responsabilidad de las autoridades debido a que no logran tener el control de las cárceles y son incapaces de mantener la seguridad al interior.
“Hay una total dejadez de quienes deben hacer estos controles, es decir los internos resuelven sus problemas como en tiempos del ‘ojo por ojo, diente por diente’, no estamos en tiempos antiguos ni estamos en tiempos de facto”, señaló Llanos.
El informe “Diagnóstico situacional sobre la tortura a personas privadas de libertad en Bolivia” del proyecto Con Buena Razón, señala que entre la gestión 2019 y el primer trimestre de 2022, existieron 224 muertes en custodia de personas privadas de libertad, de las cuales 179 fueron por enfermedades, “demostrando así la falta de atención médica en los centros penitenciarios para prevenir enfermedades”.
En cuanto a las muertes violentas, independiente de los hechos, indica que el número asciende a 26, ocurriendo en diferentes circunstancias; 13 fueron de causa homicida, lo que “pone en descubierto la falta de seguridad carcelaria al interior de los recintos”; y, 6 casos de personas se quitaron la vida.
“Si bien la mayoría de las muertes fueron de causa natural, eso no hace que pase por alto tales efectos de control penitenciario; mientras que en las muertes violentas (sea suicidio, homicidio o accidental) son por definición evitables, aunque no siempre sean fácil de prevenir”, se lee en una de las conclusiones del informe.
Impunidad
Los casos quedan en la impunidad, las muertes no se investigan porque cuando entra la policía anticrimen Felcc “todas las pruebas están contaminadas, no se sabe nada y la autoridad policial no hace el informe”, dijo Llanos.
Cuando “aparece un muerto”, agregó, “saben, pero dicen que no saben, hay un código de silencio, y el que quiere declarar algo lo vuelven a torturar, va la familia a reclamar y también los quieren golpear, es un submundo criminal, donde gobernadores ni policías declaran y ahí se queda el tema”.
Llanos indicó que estos casos de impunidad suceden en los penales del país como San Pedro y Chonchocoro e identifica a la Fiscalía también como otra responsable de que no se investiguen. Remarcó que todo ocurre, pero nadie hace nada debido a que vivimos una anomia social.
“Hay una anomia penitenciaria, nada funciona, mueren y no hay procesos, violan a las adolescentes y nadie dice nada, meten droga, meten alcohol y no hacen nada, es una anomia, estamos viviendo en un país en el que nada funciona, hemos perdido esos territorios llamado cárceles y no es un eufemismo, nos han derrotado los presos, más aún cuando las autoridades que quieren hacer algo en materia penitenciaria, se hacen cómplices de los presos”.
Indicó que el Estado es el responsable de estas muertes y “habrá algún abogado que se anime a iniciar los procesos por las muertes de estas personas, porque el Estado tiene que responder por las muertes que se dan".
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