La Paz, 24 de agosto de 2023 (ANF).- La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, presentó su primer informe en el que evidenció la “debilidad extrema” en la que se encuentra la salud carcelaria, principalmente en los recintos más hacinados, motivo por el cual el 80% de los privados de libertad pierde la vida por enfermedades tratables.
“En el tema de atención médica también existen dificultades, hay algunos centros que tienen mayor afirmación, pero hay otros que definitivamente tienen debilidad extrema en esa situación. Por ejemplo, en el caso de odontología los centros penitenciarios tienen alta debilidad siendo una necesidad de los privados de libertad”, dijo el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya.
El coordinador del Mecanismo para la Prevención de la Tortura, Juan Carlos Ledezma, agregó que la salud es el derecho más vulnerado en las cárceles del país, donde “el 80% de las muertes que suceden en nuestras cárceles, se debe precisamente a esas falencias, son muertes ocasionadas por algún tipo de enfermedad que podría de pronto haber sido tratada”.
“En un sistema sobrepoblado las condiciones y el acceso a la salud de las personas que viven en privación de libertad y que están en custodia del Estado no reúne las condiciones necesarias”, remarcó.
Las declaraciones de los funcionarios contradicen las aseveraciones de los funcionarios de Régimen Penitenciario que se refieren inclusive a atención médica 24/7 en algunos centros carcelarios. Los internos de algunas cárceles del país dan fe de la pésima calidad de la atención médica que existe.
“Bastante decayó la salud, es un poco triste en cuestión de medicamentos, casi nunca hay nada en sanidad y ahora dependemos mucho del estado de ánimo de la doctora que está atendiendo”, señaló a ANF una privada de libertad del penal San Sebastián Mujeres que pidió la reserva de su nombre.
En el penal San Pedro de La Paz las denuncias son constantes por el servicio de salud. Indican que quienes más sufren y se encuentran en la marginalidad son aquellos internos que no tienen familiares. Los internos contaron el caso de un joven con diabetes en la sección Palmar. Hace dos años por la gravedad de su enfermedad y sin ningún tipo de tratamiento perdió la vista. Hace unos días empeoró y fue llevado a la sanidad del penal. Por su gravedad fue trasladado al hospital.
“Aquí a nadie le interesa la salud de los internos, cada vez viene el director de Régimen dice a inaugurar obras, pero nunca pregunta si alguien está mal, si necesita ayuda, sería bueno que sea, pero no pasa, la gente se muere y a nadie le importa”, señaló un interno de la cárcel de San Pedro.
Indicaron que varios reclusos fallecieron en lo que va del año en el recinto; algunos se desplomaron repentinamente en el patio de Cancha y Palmar, otros fallecieron en sus celdas por tuberculosis. Los médicos no visitan a los enfermos. Otros fallecen por el consumo de drogas. Los cuerpos aparecen en el callejón, señalaron. ANF pidió a Régimen Penitenciario información sobre la cantidad de internos fallecidos en lo que va del año y no recibió respuesta. En la gestión 2020 la cantidad de internos fallecidos fue de 91 y en el la gestión 2021 fue de 86 fallecidos, de acuerdo a información oficial.
“Cuando iba al médico solo me entregaba receta para que compre, nunca tienen medicamentos, solo paracetamol, hasta para el dolor de estomago te dan eso, pero si requieres un tratamiento no te dan, y comprar afuera es difícil y muy caro”, señaló otro interno.
En su informe, la Defensoría del Pueblo señala que en el centro penitenciario de San Pedro “se carece de condiciones de salubridad mínimas, ventilación adecuada y acceso a colchones y servicios de salud”. Esta situación incluso fue denunciada por el Subcomité contra la Tortura que en uno de sus informes señaló que “las condiciones de privación de libertad observadas en dicho centro penitenciario constituyen un trato cruel, inhumano y degradante”.
En su visita a 40 recintos carcelarios, la Defensoría del Pueblo constató que los centros presentan insuficiente cantidad de personal de salud (médico-odontólogo-enfermera), falta de medicamentos, improvisación en ambientes para la atención y servicios de emergencia, falta de equipos médicos para atención primaria y primeros auxilios.
Informó por ejemplo que no existe la presencia continua del médico en el penal de Chonchocoro en La Paz. Esta versión contradice a las afirmaciones del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien aseguró que en dicho penal la presencia de médicos es durante todo el día y los siete días de la semana, y que la atención que se brinda a los internos es oportuna.
En referencia a la salud mental, señala el informe de la Defensoría, “se ha podido constatar la presencia de internos con trastornos mentales (en algunos casos severos) que no reciben la atención especializada, menos aún un tratamiento psiquiátrico y/o psicológico”.
Por ejemplo, agrega, solo un psicólogo distribuye su tiempo para atender dos centros penitenciarios: San Pedro y Chonchocoro, cuya población penitenciaria conjunta asciende a más de 3.600 personas, por consiguiente, “la atención a los privados de libertad es muy escasa y en muchos casos nula ya que no se logra identificar ni valorar a las personas con problemas mentales”.
El director nacional de Régimen Penitenciario dijo a ANF que lo importante es que todas las instituciones que tutelan los derechos trabajan con la administración penitenciaria y más allá de los informes y recomendaciones, “es el día a día de las reuniones y el trabajo que venimos desarrollando, y en ese sentido ya se han recogido esas recomendaciones de la gestión pasada, nos han hecho llegar sus observaciones y ahora se han ido resolviendo”.
En general, las deficiencias encontradas por la Defensoría del Pueblo en su visita a las cárceles son que existe una sobrepoblación carcelaria; falta de separación de la población por categorías; la seguridad y control de los centros penitenciarios tiene a personal policial sin capacitación adecuada; continúa la práctica de la seguridad interna a cargo de las propias personas privadas de libertad; la infraestructura continúa siendo deficiente; hay ausencia de programas de rehabilitación, pese a que Régimen Penitenciario asegure lo contrario.
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