La Paz, 28 de agosto de 2023 (ANF).- El coordinador del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Carlos Ledezma, informó que el 70% de las denuncias que llegan a esa institución son de víctimas que han sido agredidas al momento de la detención y cuando pasan a las cárceles se producen los tratos crueles, cobros y extorsiones.
“Cuando ya se las pasa a los centros penitenciarios hay denuncias por tratos crueles inhumanos o degradantes como golpes, amenazas, extorsiones, que van desde los propios internos contra otros internos, pero incluso en esta situación el Estado tiene responsabilidad, el Estado no debe permitir que estas situaciones sucedan”, dijo Ledezma en entrevista a un medio local.
Consultado sobre si se realizan cobros no establecidos en los penales del país, respondió que sí, que reciben “denuncias permanentes de que las personas que entran a las cárceles tienen que pagar”, por lo que verán que no se realice ningún tipo de extorsión o de golpes para exigirles dinero. Enfatizó que este tema debería ser controlado por la policía.
Privados de libertad del penal de San Pedro de La Paz denunciaron de forma reiterada estos abusos cometidos por delegados de las secciones que, según las denuncias públicas realizadas, se hacen en complicidad del director de Régimen Penitenciario del departamento de La Paz Daniel Callisaya que pide como pruebas “comprobantes bancarios” para iniciar una investigación.
Los internos informaron a ANF que Callisaya brinda su apoyo a la repostulación al Consejo de Delegados del candidato Kevin Fernández Fernández con el argumento de que “hace obras”. Fernández es señalado por la población penitenciaria como el responsable de la muerte del Boyka en febrero de este año, sin embargo, nunca fue investigado, y por el contrario Régimen aprovechó para trasladar a internos que reclaman por los abusos que se comenten dentro del penal y los responsabilizó por la muerte del interno y por las extorsiones.
“Régimen Penitenciario apoya a Kevin Fernández, nos dice que gracias a él hay obras en San Pedro, pero ese cambio de piso y algunas refacciones lo hacen con el cobro que le sacan a los nuevos, haciéndoles llorar, esas son obras de sangre”, dijo un interno a ANF.
El director nacional de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias consultado por ANF sobre las reiteradas denuncias de cobros extorsivos por parte principalmente de los delegados de las secciones, que portan celulares con normalidad, señaló que seguirán trabajando para “seguir desorganizando estos grupos al interior de los centros penitenciarios”.
“Hemos ido controlando, creo que eso es importante, requisas, secuestros de celulares, traslados de privados de libertad que estaban ejerciendo extorsión, grupos de poder al interior de los centros penitenciarios”, dijo a ANF.
Los internos lamentaron que Régimen Penitenciario se ocupe en temas que solo sirven para resaltar su gestión, y postergue la solución a problemas estructurales como la falta de salud y medicamentos, falta de rehabilitación psicológica y fomente los cobros extorsivos y no haga nada en contra del consumo de drogas.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en su primer informe evidenció la “debilidad extrema” en la que se encuentra la salud carcelaria, principalmente en los recintos más hacinados, motivo por el cual el 80% de los privados de libertad pierde la vida por enfermedades tratables.
“En el tema de atención médica también existen dificultades, hay algunos centros que tienen mayor afirmación, pero hay otros que definitivamente tienen debilidad extrema en esa situación”, dijo el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya.
Por los constantes abusos, los internos de San Pedro, de la sección Palmar incluso mediante un comunicado público dieron a conocer los nombres y apellidos de los delegados extorsionadores, sin embargo, “Régimen Penitenciario nunca hizo nada, y el por el contrario les respaldó en sus cargos” como ocurre con el expolicía Bruno Macías Coyo.
Limpias indicó al respecto que “cualquier denuncia que llega a la administración penitenciaria es atendida y sobre todo con resultados como corresponde, (por lo cual) pedimos siempre y alentamos a que las personas vengan a la administración penitenciaria a hacer las denuncias correspondientes para tomar las acciones que es con eso que nos guiamos”.
Sin embargo, las denuncias van a parar a los archivos de Régimen Penitenciario, el mismo Limpias si bien recibe a algunas familiares de los internos “nunca hace nada por nuestras denuncias”, señaló la esposa de un interno.
Incluso el propio director del penal teniente coronel Sergio Sillerico, que autoriza fiestas en el penal, “impide que se llegue a él, no permite que le lleguen las denuncias, por eso acudimos a la prensa como única alternativa”, señaló otro interno. Pero las amenazas de traslado están pendientes sobre varios internos a quien Callizaya identifica como infidentes. “Una denuncia más a la prensa y los traslado”, les dijo, según la versión de algunos familiares.
Limpias insistió que en su gestión están garantizadas absolutamente todas las denuncias, “lo hemos manejado en el marco del anonimato, hay instancias como la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Alto Comisionado, ha estado el Mecanismo de Prevención de la Tortura, está el Comité Internacional de la Cruz Roja como corresponde y están haciendo el trabajo, son instancias que tutelan los derechos, pero también son instancias con las que coordinamos para recibir y recoger estas denuncias”.
En el caso de tortura por efectivos de la policía, el director nacional de Seguridad Penitenciaria coronel Rodolfo Machicado dijo a ANF que en dos años que trabaja en el sistema penitenciario no se registró ningún hecho. Lo que sí ocurre es la tortura psicológica por las condiciones en que viven los privados de libertad, indicó, pero “es responsabilidad de la Dirección de Régimen Penitenciario”.
"No he visto hasta el momento un caso con nombre y apellido donde un funcionario policial haya cometido algún tipo de tortura, no conozco, son términos generales, son referencias generales, pero más hace incidencia en la situación de la vida de los privados de libertad el tema de la retardación de justicia, el hacinamiento, la comida que se les otorga, la no diferenciación de privados de libertad con sentenciados y eso escapa a la función policial”, apuntó.
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